Sobre la democracia pavimentadora

El 30/07/10 el periodista Tony Arnedo publicó en su blog un artículo en el que señala que en terrenos fiscales de avenida Sáenz Peña al 800 se está construyendo a toda prisa una estación de GNC. Lo curioso es que, aparentemente, en la obra colaboran empleados municipales, quienes utilizarían los camiones de la municipalidad para el traslado de materiales.
El escrache de Arnedo deja en evidencia dos cosas: la “democracia pavimentadora” que los políticos oficialistas impulsan como principal acción de gobierno y la impune entrega que las actuales autoridades hacen del patrimonio comunitario a manos de particulares.
La “democracia pavimentadora” es un concepto que popularizó Álvaro Aurane –un columnista de La Gaceta–, y remite a la idea de que la principal bandera de la gestión de Alperovich (la obra pública) no cura, ni educa, ni protege el medio ambiente, ni brinda seguridad para el ciudadano contra el delito, pero si enriquece a toda la gente vinculada al mundo de la construcción. Las grandes obras de infraestructura (especialmente aquellas destinadas a garantizar el acceso al agua potable a decenas de miles de tucumanos) brillan por su ausencia, pero el pavimento cubre muchísimas calles en toda la provincia, calles que muchas veces se rompen ante los sistemas de desagüe colapsados.

El apóstol

El intendente Domingo Amaya es todo un apóstol de la “democracia pavimentadora”. Si, por ejemplo, se revisa un informativo digital que recibe pauta oficial de la intendencia de Amaya como es El Diario 24, se podrá constatar que prácticamente todos los actos de gobierno de la máxima autoridad política de la ciudad quedan debidamente publicitados/propagandeados. Aquí un ejemplo de noticias publicadas en el lapso de seis días (del 24 al 30 de julio):          

Jerarquizan avenida Américo Vespucio
La pavimentación de Francisco de Aguirre tiene un 90% de avance
Mejoran la iluminación del Parque 9 de julio
Revalorizan la plaza San Martín
Mejoran el servicio de agua potable
Continúan las obras de semaforización
Cordón cuneta para el barrio 24 de Setiembre
Agua potable en el barrio San Ramón

Ese tipo de información sobra, pero rara vez se entera el ciudadano sobre lo que el intendente Amaya hace para colaborar en la lucha contra la favelización del Pacostán, para “desvaritizar” a médicos y docentes municipales, para asegurar el acceso al transporte público a todos los habitantes de la ciudad, para ordenar el tránsito vehicular en la zona céntrica, o para dar una solución convincente al problema de los animales domésticos abandonados o sin dueños que rondan por las calles, entre otras tantas cosas.

Construcciones y destrucciones

Daniel Toledo, el actual intendente de Yerba Buena, tiene un estilo similar al de Amaya. Ya todos los tucumanos están al tanto de las irregularidades en torno a la construcción de una nueva sucursal del Banco Santiago del Estero sobre la avenida Aconquija. La obra afecta a los vecinos de los alrededores, pues desvaloriza sus propiedades, los expone ante la inseguridad y les altera la circulación por las calles aledañas.

El concejal José Domián, opositor a Toledo, denunció al intendente por intentar llegar a un acuerdo nada transparente con los vecinos para que levanten sus quejas y dejen de entorpecer la construcción del edificio. Es que a Toledo no le conviene que se atempere la fiebre constructora que lleva a cabo el sector privado en su municipio. Un poco de memoria ayuda: en agosto de 2008 el gobernador Alperovich firmó el decreto 56/3, mediante el cual se ponían en venta unos 27 inmuebles en Yerba Buena que deberían de haber sido heredados por la municipalidad, o mejor dicho por el pueblo de la Ciudad Jardín. En lugar de ello se pretendía que los lotes se vendiesen urgentemente para, supuestamente, comprar maquinaria e insumos que servirían para completar obras viales inconclusas. En aquel momento la ciudadanía tucumana se indignó, pues más de uno entendió que lo que el gobernador estaba haciendo era poner en el mercado y a precios bajos a terrenos con mucho valor inmobiliario, para que diversas constructoras puedan emplazar emprendimientos privados. Finalmente la legislatura provincial tuvo que intervenir, y terminó reduciendo a 12 los inmuebles a vender, lo que de todos modos concluyó siendo un buen negocio para unos pocos. Así, donde deberían de haber teatros, o plazas, o escuelas, hay ahora otros tipos de edificios de los cuales el pueblo de Yerba Buena no puede gozar.
El episodio de los 27 inmuebles de Yerba Buena no fue un hecho aislado. Desde hace años que el gobernador Alperovich viene operando en la misma dirección. En este sentido un hecho muy vergonzoso fue la vez que el bloque de legisladores oficialistas aprobó una ley que puso a la venta varios inmuebles que –a través de otra ley sancionada anteriormente– habían sido declarados parte del patrimonio histórico provincial, provocando que varios representantes que en su momento levantaron la mano para proteger el patrimonio se vieran después invitados a usar el codo para borrar lo que habían hecho en el pasado.