No sonría, le están robando
La inseguridad es un grave problema que afecta a la sociedad argentina y por ello es preciso que el gobierno tome diversas medidas para combatirla. Ahora bien, cada acción del gobierno requiere una inversión monetaria, por lo que se puede decir que junto al combate contra la inseguridad emerge la posibilidad del negocio para quienes proveen al Estado de instrumentos para cumplir con sus metas.
Hace unos días se informó que Telefónica Ingeniería de Seguridad (TIS), una empresa argentina perteneciente a la corporación multinacional Telefónica SA, instalará 190 cámaras de vigilancia en las ciudades de San Miguel de Tucumán y Yerba Buena con el objetivo de monitorear en tiempo real lo que suceda en la vía pública durante las 24 horas del día. Según lo que figura en el Boletín Oficial provincial, la contratación de TIS se hizo de forma directa, es decir sin licitación, por una suma de diez millones de pesos, repartiendo además otros cuatro millones entre Movistar, la filial argentina de General Motors, y empresas tucumanas como GPSAT, Discar S.C. y la concesionaria Aspen SRL, pues junto a la instalación de las cámaras está contemplado crear una fuerza de seguridad motorizada que será acompañada a través del seguimiento satelital.
La presencia de TIS en la provincia es parte de una casi silenciosa estrategia que el gobierno nacional ayuda a promover para frenar a la delincuencia, y cuyo epicentro se encuentra en el conurbano bonaerense, uno de los escenarios del país más afectados por este flagelo. En este sentido, el municipio de Tigre –que tiene al oficialista Sergio Massa como minigobernador– es el estandarte del éxito de la videovigilancia, pues cada tanto aparecen noticias en la prensa que informan sobre el uso de cámaras que fueron usadas para detener y atrapar a quienes quebrantan la ley, y justifican así el gran gasto efectuado.
En Buenos Aires, TIS domina el tema de las cámaras de seguridad, junto a las empresas Global View y Ubik2. Representantes de estas firmas han visitados diversas intendencias y han auspiciado a varios expertos en seguridad con el propósito de explicar cuáles son las ventajas de contratar sus servicios. Los municipios más populosos, tal vez persuadidos de las bondades de lo que se les ofertaba, demandaron el producto, algunos con urgencia y contrataciones directas de todo el paquete (que incluye cámaras, la instalación de anillos de fibra óptica, la constitución de un centro de monitoreo y el ajuste de detalles relacionados a la infraestructura), otros con un poco menos de prisa y un poco más de control sobre el gasto del dinero público.
Los medios de comunicación y la sensación de inseguridad
Hace cuatro años Anibal Fernández, Ministro de Justicia de la nación, lanzó una pequeña boutade al afirmar que la ola delictiva que castiga al país es un “punch mediático”, de donde se infería que la “sensación de inseguridad” que los medios de comunicación creaban era peor que la inseguridad real. Por esa expresión al Ministro se lo criticó mucho, y el año pasado se desentendió de su autoría al adjudicársela a un periodista del diarioLa Nación.
Nuestra referencia a Fernández está relacionada con el tema de las videovigilancia, ya que no es ningún secreto el hecho de que TIS tiene un parentesco con Telefé, pues ambas empresas integran el holding de Telefónica (es destacable también que el dueño de Global View tenga como socio a Daniel Hadad, máxima cabeza detrás de C5N). Telefé es un canal que –a diferencia del 13, pero en coincidencia con C5N– ha hecho buena letra con el gobierno nacional, lo que, por ejemplo, lo hace un objeto de escasa crítica por parte de programas como 678.
Rubén Longobuco, actual CEO de TIS, sostiene que las cámaras no sólo proporcionan más seguridad, sino que además son “una inversión que servirá también para el desarrollo de una ‘Ciudad Digital’, que permitirá acercar al ciudadano a la nuevas tecnologías”. Ese discurso quizás suene demasiado ambicioso, pero tiene su fundamento en que la idea no es generar un sistema panóptico para que el Estado vigile todo lo que acontece en el espacio público, sino que se pretende que también funcione para controlar el accionar de las propias fuerzas del orden, ya que, en principio, no deberían de haber policías operando las cámaras sino civiles, lo que hace de la videovigilancia una cuestión participativa. Sin embargo sabemos que en este país suelen diferir las cosas que se dicen de las cosas que se hacen, por lo que muy probablemente termine tejiéndose una red de exclusividad en la cual se le otorga a Canal 8 (repetidora local de Telefé) una fuente de noticias bien gráficas y de alto impacto, ideal para levantar de vez en cuando los raitings, pero fatal para controlar la “sensación de inseguridad que crea la corporación mediática” si se recurre mucho a ella. Esperemos que esto que planteamos sea sólo una hipótesis, y no se convierta en una realidad.
Sin plan B (y sin plan A)
El periodista Roberto Delgado publicó una nota en La Gaceta (20/04/10) en la que comenta sobre la presencia de un mexicano experto en delitos informáticos que vino a nuestra provincia a disertar sobre su especialidad. El texto de Delgado exagera un poco, pues sostiene que para la policía tucumana el mexicano estaba hablándoles en un idioma incomprensible. Delgado ignora que, en la última década, muchos graduados universitarios se incorporaron a las filas de la policía, y que ellos están aptos para formar un equipo competente en el área. Lo que, por otro lado, si hace muy bien Delgado es desnudar la desorganización que parece reinar en el seno de la policía de la provincia.
El contraste que se plantea en la nota de La gaceta pone de un lado a un mundo que avanza hacia la digitalización, frente a un cuerpo de seguridad que todavía usa máquinas de escribir y papel carbónico. De ese modo toda inversión en tecnología para el sector queda suavizada frente a la opinión pública, que antes que cuestionarla tiene sugerido que se la festeje.
Lo que hay que tener en cuenta aquí es que si esta inversión millonaria en cámaras de vigilancia hubiese sido el producto de la propuesta de una comisión de especialistas en materia de seguridad que trabajasen para reducir la criminalidad en San Miguel de Tucumán y Yerba Buena, entonces no habría nada que objetar. Pero, lamentablemente, no lo es. Es decir, el gasto millonario se hizo tanto en Tucumán como en otras provincias (San Juan, San Luís, Corrientes, próximamente Catamarca y Misiones) sin plantear nunca un plan integral previo cuyo objeto fuese garantizar la seguridad de la ciudadanía.
El Estado tucumano tiene ahora casi dos centenas de cámaras, pero nada ha dicho sobre cómo las empleará. Lo más probable es que, al igual que los tucumanos que –desde su indignación frente a la realidad provincial– ejercen el periodismo ciudadano filmando a los delincuentes con sus propias cámaras, las imágenes registradas sólo sirvan para avivar el fastidio ante el delito de quienes la ven y motivar acciones cosméticas pero nunca estructurales por parte de la policía.
En otras regiones las cámaras han enfrentado toda clase de problemas, que van desde dificultades del mantenimiento o la contemplación de las limitaciones técnicas hasta el mal uso por parte de los operadores (que terminan violando la privacidad de las personas); en Tucumán, gracias a la urgencia por cerrar el negocio con TIS y demás empresas, nunca se habló de estos temas. Recién, con suerte, se lo va a hacer cuando afloren como problemas que se podrían haber evitado con un poco más de organización y ordenamiento de las políticas de seguridad.
La inseguridad es un grave problema que afecta a la sociedad argentina y por ello es preciso que el gobierno tome diversas medidas para combatirla. Ahora bien, cada acción del gobierno requiere una inversión monetaria, por lo que se puede decir que junto al combate contra la inseguridad emerge la posibilidad del negocio para quienes proveen al Estado de instrumentos para cumplir con sus metas.
Hace unos días se informó que Telefónica Ingeniería de Seguridad (TIS), una empresa argentina perteneciente a la corporación multinacional Telefónica SA, instalará 190 cámaras de vigilancia en las ciudades de San Miguel de Tucumán y Yerba Buena con el objetivo de monitorear en tiempo real lo que suceda en la vía pública durante las 24 horas del día. Según lo que figura en el Boletín Oficial provincial, la contratación de TIS se hizo de forma directa, es decir sin licitación, por una suma de diez millones de pesos, repartiendo además otros cuatro millones entre Movistar, la filial argentina de General Motors, y empresas tucumanas como GPSAT, Discar S.C. y la concesionaria Aspen SRL, pues junto a la instalación de las cámaras está contemplado crear una fuerza de seguridad motorizada que será acompañada a través del seguimiento satelital.
La presencia de TIS en la provincia es parte de una casi silenciosa estrategia que el gobierno nacional ayuda a promover para frenar a la delincuencia, y cuyo epicentro se encuentra en el conurbano bonaerense, uno de los escenarios del país más afectados por este flagelo. En este sentido, el municipio de Tigre –que tiene al oficialista Sergio Massa como minigobernador– es el estandarte del éxito de la videovigilancia, pues cada tanto aparecen noticias en la prensa que informan sobre el uso de cámaras que fueron usadas para detener y atrapar a quienes quebrantan la ley, y justifican así el gran gasto efectuado.
En Buenos Aires, TIS domina el tema de las cámaras de seguridad, junto a las empresas Global View y Ubik2. Representantes de estas firmas han visitados diversas intendencias y han auspiciado a varios expertos en seguridad con el propósito de explicar cuáles son las ventajas de contratar sus servicios. Los municipios más populosos, tal vez persuadidos de las bondades de lo que se les ofertaba, demandaron el producto, algunos con urgencia y contrataciones directas de todo el paquete (que incluye cámaras, la instalación de anillos de fibra óptica, la constitución de un centro de monitoreo y el ajuste de detalles relacionados a la infraestructura), otros con un poco menos de prisa y un poco más de control sobre el gasto del dinero público.
Los medios de comunicación y la sensación de inseguridad
Hace cuatro años Anibal Fernández, Ministro de Justicia de la nación, lanzó una pequeña boutade al afirmar que la ola delictiva que castiga al país es un “punch mediático”, de donde se infería que la “sensación de inseguridad” que los medios de comunicación creaban era peor que la inseguridad real. Por esa expresión al Ministro se lo criticó mucho, y el año pasado se desentendió de su autoría al adjudicársela a un periodista del diario
Nuestra referencia a Fernández está relacionada con el tema de las videovigilancia, ya que no es ningún secreto el hecho de que TIS tiene un parentesco con Telefé, pues ambas empresas integran el holding de Telefónica (es destacable también que el dueño de Global View tenga como socio a Daniel Hadad, máxima cabeza detrás de C5N). Telefé es un canal que –a diferencia del 13, pero en coincidencia con C5N– ha hecho buena letra con el gobierno nacional, lo que, por ejemplo, lo hace un objeto de escasa crítica por parte de programas como 678.
Rubén Longobuco, actual CEO de TIS, sostiene que las cámaras no sólo proporcionan más seguridad, sino que además son “una inversión que servirá también para el desarrollo de una ‘Ciudad Digital’, que permitirá acercar al ciudadano a la nuevas tecnologías”. Ese discurso quizás suene demasiado ambicioso, pero tiene su fundamento en que la idea no es generar un sistema panóptico para que el Estado vigile todo lo que acontece en el espacio público, sino que se pretende que también funcione para controlar el accionar de las propias fuerzas del orden, ya que, en principio, no deberían de haber policías operando las cámaras sino civiles, lo que hace de la videovigilancia una cuestión participativa. Sin embargo sabemos que en este país suelen diferir las cosas que se dicen de las cosas que se hacen, por lo que muy probablemente termine tejiéndose una red de exclusividad en la cual se le otorga a Canal 8 (repetidora local de Telefé) una fuente de noticias bien gráficas y de alto impacto, ideal para levantar de vez en cuando los raitings, pero fatal para controlar la “sensación de inseguridad que crea la corporación mediática” si se recurre mucho a ella. Esperemos que esto que planteamos sea sólo una hipótesis, y no se convierta en una realidad.
Sin plan B (y sin plan A)
El periodista Roberto Delgado publicó una nota en La Gaceta (20/04/10) en la que comenta sobre la presencia de un mexicano experto en delitos informáticos que vino a nuestra provincia a disertar sobre su especialidad. El texto de Delgado exagera un poco, pues sostiene que para la policía tucumana el mexicano estaba hablándoles en un idioma incomprensible. Delgado ignora que, en la última década, muchos graduados universitarios se incorporaron a las filas de la policía, y que ellos están aptos para formar un equipo competente en el área. Lo que, por otro lado, si hace muy bien Delgado es desnudar la desorganización que parece reinar en el seno de la policía de la provincia.
El contraste que se plantea en la nota de La gaceta pone de un lado a un mundo que avanza hacia la digitalización, frente a un cuerpo de seguridad que todavía usa máquinas de escribir y papel carbónico. De ese modo toda inversión en tecnología para el sector queda suavizada frente a la opinión pública, que antes que cuestionarla tiene sugerido que se la festeje.
El Estado tucumano tiene ahora casi dos centenas de cámaras, pero nada ha dicho sobre cómo las empleará. Lo más probable es que, al igual que los tucumanos que –desde su indignación frente a la realidad provincial– ejercen el periodismo ciudadano filmando a los delincuentes con sus propias cámaras, las imágenes registradas sólo sirvan para avivar el fastidio ante el delito de quienes la ven y motivar acciones cosméticas pero nunca estructurales por parte de la policía.
En otras regiones las cámaras han enfrentado toda clase de problemas, que van desde dificultades del mantenimiento o la contemplación de las limitaciones técnicas hasta el mal uso por parte de los operadores (que terminan violando la privacidad de las personas); en Tucumán, gracias a la urgencia por cerrar el negocio con TIS y demás empresas, nunca se habló de estos temas. Recién, con suerte, se lo va a hacer cuando afloren como problemas que se podrían haber evitado con un poco más de organización y ordenamiento de las políticas de seguridad.
pulso.tucuman@gmail.com
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