Un mal policlasista
En Tucumán la adicción a las drogas no es un problema que afecte sólo a un sector de la población en una determinada parte de la provincia: es un tema mucho más amplio. Es decir la drogadicción no es un flagelo que únicamente castigue a quienes habitan en la Costanera, sino que es algo que está presente en todos los sectores sociales y que se extiende a través de casi todas las localidades de la geografía provincial. Se pueden encontrar adictos a las drogas (y aquí se está hablando de “adictos” y no de “consumidores”) entre estudiantes, desempleados, empleados con relación de dependencia, profesionales independientes, artistas, deportistas, empresarios, funcionarios públicos, etc. Y se puede ver a la droga circular en San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, Alderetes, San Pedro de Colalao (especialmente durante los veranos), Monteros, Aguilares, Concepción, Ranchillos, Amaicha del Valle, Santa Ana, etc.
Hoy por hoy pueden encontrarse sustancias ilegales en todos lados: alrededor de las escuelas y de las facultades, en el interior de edificios públicos, en eventos deportivos, en espectáculos musicales, en boliches (caros y baratos), en parques y plazas, en los lugares donde los chicos van a jugar videojuegos, en prostíbulos, etc. La droga está allí, al alcance de cualquiera, esperando que alguno de sus consumidores pierda el control, lista para arrastrar a la gente al infierno de la adicción, y generando grandes sumas de dinero en negro mientras tanto.
Hay drogadictos que provienen de familias carenciadas como también hay drogadictos que provienen de familias adineradas. La diferencia en las adicciones de unos y otros suele estar en el tipo de sustancia que los aprisiona: los que menos tienen recurren a drogas más destructivas que las que utilizan los que más tienen. Y considerando que en Tucumán el número de gente que está por debajo de la línea de pobreza es mucho más grande que el de aquellos que están por encima, se puede entonces suponer que el paco reina en contra de la cocaína, la heroína, la marihuana, etc.
Irresponsabilidades
En la mayoría de los casos de adicción a las drogas, el paco no es la primera opción, y quienes finalmente se deciden a consumirlo han experimentado previamente con otras sustancias. Volverse adicto al paco es bastante sencillo, pero desintoxicarse de esta droga no es una tarea fácil, aunque ello no significa que sea imposible (como parece que si cree que es el gobernador Alperovich). Para deshacerse de una adicción hace falta voluntad por parte del adicto, acompañada de contención familiar y apoyo profesional, algo que las personas de escasos recursos suelen carecer.
Todos sabemos que el consumo de paco no se circunscribe en Tucumán al área de la Costanera: hay adictos al paco en Villa Alem, en Villa 9 de Julio, en Villa Mariano Moreno y en otras partes de Capital y alrededores (como también en varias ciudades del interior provincial). Sin embargo parece que últimamente la principal estrategia para atacar a esta droga se basa en apresar a los incontables transas que operan en la Costanera. Ello no persuade a los delincuentes de abandonar su actividad, sino que sólo los obliga a mejorar su organización, aumentar su presencia territorial y distribuirse por otras zonas. Así la Costanera, como ya hemos apuntado en otro artículo, se faveliza poco a poco, se va transformando en una especie de ghetto integrado a la ciudad por las autoridades municipales, pero a la vez segregado de la misma por quienes van construyendo poder en su interior: el Pacostán.
Y a la par de este negocio multimillonario de unos pocos (que no tiene a sus Clavarinos reclamando las tributaciones) no hay que olvidar a los farmaceutas inescrupulosos que infringen sus propios códigos éticos y deontólogicos y contribuyen a multiplicar el número de drogadictos en la provincia, y por tanto colaboran a elevar el número de problemas con los que tiene que lidiar la sociedad tucumana.
Sin contr/a/dicciones
En los últimos tiempos en Tucumán ha habido denuncias serias en torno al asunto del narcotráfico, que han generado más reacciones en los medios masivos de comunicación que en la justicia.
En este sentido los tucumanos no deberíamos de olvidar al legislador oficialista Pedro Hugo Balceda, quien en 2009 denunció la existencia de un narcopoder y luego esquivó su responsabilidad por sus declaraciones. Del caso Balceda se pueden extraer dos conclusiones –que se excluyen mutuamente–: o el legislador estaba fanfarroneando con un tema tan serio como el narcotráfico sólo para injuriar a sus colegas y armar una imagen pública de héroe moral beneficiosa para su carrera política, o bien el legislador estuvo a punto de exponer a elementos corruptos de la corporación política vernácula y no lo hizo por presiones que recibió y que no fueron denunciadas. Dicho de otro modo, o Balceda es un demagogo o es un cobarde.
Por otro lado también sería bueno para los tucumanos recordar a los presos residentes en el penal de Villa Urquiza, que acusaron a ciertos carceleros de manejar el negocio de las drogas puertas adentro. La denuncia llegó hasta el poder judicial, que inició una investigación que hasta ahora no ha dado frutos, pues para que haya delito tienen que haber evidencias del quebrantamiento de la ley (y no solamente acusaciones de ello), y para que hayan evidencias que hagan caer a fuerzas de seguridad no tienen que haber pactos de silencio, ni complicidades, ni connivencia, ni ninguna otra manifestación de corrupción.
Hace unas semanas un grupo de vecinas de la ciudad de San Miguel de Tucumán se acercaron a la fiscala María de las Mercedes Carrizo para darle los nombres de policías que estarían involucrados en mafias de narcotraficantes. La funcionaria del poder judicial, tras escucharlas, se desentendió del asunto, enviando el expediente a un juzgado federal que, según ella, es más competente en el asunto. Esa acción, traducida en el lenguaje de la ciudadanía de a pie, significa que el asunto cayó en manos de la burocracia de la familia judicial, y que va a pasar un buen tiempo hasta que pase algo. Mientras tanto lo más probable es que los policías acusados sigan con sus fechorías, sólo que de manera más silenciosa y sombría.
Unos días después de aquella denuncia en tierras tucumanas, se conoció la noticia de que en la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro, el intendente local salió a buscar el apoyo de la ciudadanía para que se repudie a ciertos habitantes del municipio señalados por todo el mundo (excepto por la lenta justicia) como delincuentes peligrosos. Difícilmente esa acción pueda llegar a ser efectiva, pero al menos muestra a un político que trata de hacer todo lo que tiene a su alcance para dar respuestas a los ciudadanos que respetan las leyes y cumplen con sus obligaciones. En nuestra San Miguel de Tucumán, el intendente Domingo Amaya –quien hace poco viajó a (¿o vacacionó en?) Madrid para asistir a un importante congreso sobre la lucha contra las adicciones– no ha hecho nada parecido. Todos los días vemos en la prensa local (incluyendo los portales de Internet) noticias donde se publicitan/propagandean las obras públicas que lleva a cabo la intendencia, pero nunca nos enteramos de cuál es el plan de Amaya para contribuir a combatir el narcotráfico en la ciudad que gobierna, o tampoco vemos campañas auspiciadas por la oficina de gobierno municipal destinadas a prevenir las adicciones.
En Tucumán vemos a diario muchas actitudes contradictorias de las autoridades en torno al tema de las drogas, pero casi no vemos qué se hace para luchar contra las adicciones.
En Tucumán la adicción a las drogas no es un problema que afecte sólo a un sector de la población en una determinada parte de la provincia: es un tema mucho más amplio. Es decir la drogadicción no es un flagelo que únicamente castigue a quienes habitan en la Costanera, sino que es algo que está presente en todos los sectores sociales y que se extiende a través de casi todas las localidades de la geografía provincial. Se pueden encontrar adictos a las drogas (y aquí se está hablando de “adictos” y no de “consumidores”) entre estudiantes, desempleados, empleados con relación de dependencia, profesionales independientes, artistas, deportistas, empresarios, funcionarios públicos, etc. Y se puede ver a la droga circular en San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, Alderetes, San Pedro de Colalao (especialmente durante los veranos), Monteros, Aguilares, Concepción, Ranchillos, Amaicha del Valle, Santa Ana, etc.
Hay drogadictos que provienen de familias carenciadas como también hay drogadictos que provienen de familias adineradas. La diferencia en las adicciones de unos y otros suele estar en el tipo de sustancia que los aprisiona: los que menos tienen recurren a drogas más destructivas que las que utilizan los que más tienen. Y considerando que en Tucumán el número de gente que está por debajo de la línea de pobreza es mucho más grande que el de aquellos que están por encima, se puede entonces suponer que el paco reina en contra de la cocaína, la heroína, la marihuana, etc.
Irresponsabilidades
En la mayoría de los casos de adicción a las drogas, el paco no es la primera opción, y quienes finalmente se deciden a consumirlo han experimentado previamente con otras sustancias. Volverse adicto al paco es bastante sencillo, pero desintoxicarse de esta droga no es una tarea fácil, aunque ello no significa que sea imposible (como parece que si cree que es el gobernador Alperovich). Para deshacerse de una adicción hace falta voluntad por parte del adicto, acompañada de contención familiar y apoyo profesional, algo que las personas de escasos recursos suelen carecer.
Y a la par de este negocio multimillonario de unos pocos (que no tiene a sus Clavarinos reclamando las tributaciones) no hay que olvidar a los farmaceutas inescrupulosos que infringen sus propios códigos éticos y deontólogicos y contribuyen a multiplicar el número de drogadictos en la provincia, y por tanto colaboran a elevar el número de problemas con los que tiene que lidiar la sociedad tucumana.
Sin contr/a/dicciones
En los últimos tiempos en Tucumán ha habido denuncias serias en torno al asunto del narcotráfico, que han generado más reacciones en los medios masivos de comunicación que en la justicia.
En este sentido los tucumanos no deberíamos de olvidar al legislador oficialista Pedro Hugo Balceda, quien en 2009 denunció la existencia de un narcopoder y luego esquivó su responsabilidad por sus declaraciones. Del caso Balceda se pueden extraer dos conclusiones –que se excluyen mutuamente–: o el legislador estaba fanfarroneando con un tema tan serio como el narcotráfico sólo para injuriar a sus colegas y armar una imagen pública de héroe moral beneficiosa para su carrera política, o bien el legislador estuvo a punto de exponer a elementos corruptos de la corporación política vernácula y no lo hizo por presiones que recibió y que no fueron denunciadas. Dicho de otro modo, o Balceda es un demagogo o es un cobarde.
Por otro lado también sería bueno para los tucumanos recordar a los presos residentes en el penal de Villa Urquiza, que acusaron a ciertos carceleros de manejar el negocio de las drogas puertas adentro. La denuncia llegó hasta el poder judicial, que inició una investigación que hasta ahora no ha dado frutos, pues para que haya delito tienen que haber evidencias del quebrantamiento de la ley (y no solamente acusaciones de ello), y para que hayan evidencias que hagan caer a fuerzas de seguridad no tienen que haber pactos de silencio, ni complicidades, ni connivencia, ni ninguna otra manifestación de corrupción.
Hace unas semanas un grupo de vecinas de la ciudad de San Miguel de Tucumán se acercaron a la fiscala María de las Mercedes Carrizo para darle los nombres de policías que estarían involucrados en mafias de narcotraficantes. La funcionaria del poder judicial, tras escucharlas, se desentendió del asunto, enviando el expediente a un juzgado federal que, según ella, es más competente en el asunto. Esa acción, traducida en el lenguaje de la ciudadanía de a pie, significa que el asunto cayó en manos de la burocracia de la familia judicial, y que va a pasar un buen tiempo hasta que pase algo. Mientras tanto lo más probable es que los policías acusados sigan con sus fechorías, sólo que de manera más silenciosa y sombría.
En Tucumán vemos a diario muchas actitudes contradictorias de las autoridades en torno al tema de las drogas, pero casi no vemos qué se hace para luchar contra las adicciones.
pulso.tucuman@gmail.com
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