La zona cero
Este año la empresa Citromax anunció que, después de varias décadas de presencia en la localidad de Tafí Viejo, va a radicarse en el departamento Monteros. El motivo es que la citrícola está acusada de contaminación ambiental, y en lugar de gastar dinero en reacondicionar su fábrica para minimizar el impacto ecológico, optaron por seguir operando igual que ahora pero en otro punto de la geografía provincial.
La actitud de esta empresa de capitales extranjeros es repudiable, pero, lamentablemente, eso que hacen no es una maniobra únicamente suya, ni un artilugio usado sólo por el sector privado: ante problemas similares el Estado de Tucumán hace exactamente lo mismo. Ello lo ejemplifica el caso de los megabasurales que existen en nuestra provincia.
Los tucumanos conocemos la lamentable historia del depósito de desperdicios y deshechos conocido como “Los Vázquez”. En unos años el lugar se convirtió en un tumor maligno para Tucumán: se supo que la recolectora de residuos Transportes 9 de Julio arrojaba irresponsablemente toda clase de residuos patógenos provenientes de hospitales y centros médicos públicos, clínicas privadas, y veterinarias (actualmente buena parte de los residuos con esas características se arrojan impunemente en el Canal Sur, el Riachuelo provincial). La Justicia Federal, temiendo que la basura de Los Vázquez contamine al vecino río Salí, decidió clausurar el predio. Consiguientemente el gobierno de Alperovich trató de resolver la situación habilitando un nuevo megabasural, el infame “Pacará Pintado”.
A Pacará Pintado se lo presentó como un espacio seguro, administrado por la empresa Servicios y Construcciones La Banda SRL (cuyo mayor responsable es Mario Criado, un hombre a quien el concejal José Luis Avignone lo ha vinculado con la represión ilegal de la década de 1970). Esta empresa se comprometió a someter a la basura a diversos procesos con el fin de reciclar todo lo reciclable y con el fin facilitar el degradamiento de todo lo degradable. Sin embargo la falta de seriedad con la que se manejó S. y C. La Banda, sumado al hecho de que el predio fue desbordado (ya que recibe la basura proveniente tanto del municipio capitalino como de los circundantes –Yerba Buena, Alderetes, Banda de Río Salí, Las Talitas, Tafí Viejo y Lules–), hizo de Pacará Pintado la zona cero de la batalla de los tucumanos contra la corrupción y la demagogia.
En octubre del año pasado se desencadenaron una serie de sospechosos incendios en Pacará Pintado. Los responsables del predio inventaron toda clase de hipótesis para explicarlo: dijeron que fueron productos de las condiciones climáticas, que hubo un accidente, que alguien vulneró su sistema de seguridad, que alguien desde adentro saboteó a la planta, etc. (les faltó decir que unos extraterrestres atacaron las montañas de basura), pero nunca supusieron que los repentinos incendios se organizaron para eliminar pruebas, ya que se avecinaban los peritajes ordenados por la Justicia Federal para determinar la peligrosidad de Pacará Pintado.
De todos modos ya se sabe que la colapsada Pacará Pintado va por el mismo camino que Los Vázquez, por lo que ahora el nuevo problema se llama “Overá Pozo”. Este nuevo predio, cuya operatividad se iniciará prontamente, debió de haber sido producto de una licitación pública nacional, pero la empresa S. y C. La Banda se adjudicó el negocio por contratación directa. Ambientalistas de Tucumán y de Santiago del Estero trabajan en conjunto para que Overá Pozo no repita la triste historia de sus dos antecesores. Se teme que el nuevo megabasural manche el aire, ensucie las aguas y destruya la tierra. Por disposición de las autoridades se gesta así lenta y silenciosamente en el Este tucumano una catástrofe producto de las negligencias y la falta de gestión, que debería ser similar a la de Chernóbil en su impacto en el imaginario social, pero que gracias a los manejos oficialistas termina enmudeciendo.
Los chernovillanos
La planificación del gobierno provincial para resolver la problemática concerniente a los residuos sólidos urbanos es completamente defectuosa. Sabiendo perfectamente ello, desde el edificio de San Martín y 25 de Mayo han optado por la solución más simple y que menos dificultades les genera: pasarle el problema a otro. De ese modo los responsables del destino final de la basura son ahora los municipios. Por ese motivo Alberto Olea (intendente de Monteros), Osvaldo Morelli (intendente de Concepción) y José Orellana (intendente de Famaillá) fueron procesados por la Justicia Federal acusados de haber cometido delitos ambientales, al permitir el desarrollo de basurales a cielo abierto, que contaminan los ríos cercanos, y ponen en riesgo a la población asentada en las vecindades de los mismos.
Olea zafó tras ser acusado de pauperizar la calidad de las aguas del río Pueblo Viejo, Morelli tuvo igual suerte después de haber sido denunciado por el estado del río Gastona. A Mario Criado, el Señor de las Moscas de Pacará Pintado y Overá Pozo, nadie se ocupa en cuestionarlo –y dificilmente se puedan llevar a cabo acciones efectivas contra Domingo Amaya y los otros seis intendentes. Y el chernovillano más grande, nuestro gobernador José Alperovich, se las ingenió para tener las manos limpias.
A cielo abierto y a futuro cerrado
Cuando colapsó el basural de Los Vázquez y se abrió el de Pacará Pintado, el gobierno provincial asumió la tarea de eliminar paulatinamente a los casi 400 basurales a cielo abierto que se registraban en el territorio local. Sin embargo poco se ha hecho para que ello ocurra, y se estima que el número de basurales aumentó en lugar de reducirse.
La agencia de noticias Primera Fuente reflejó la situación describiendo el caso del basural existente en la comuna rural de Delfín Gallo. En esa pequeña localidad un vertedero de basura arruina el paisaje, poniendo en riesgo a las personas, plantas y animales que se le aproximan. Lo irónico es que dicho basural está a sólo unos metros de un CAPS, resaltando así la oscilación entre salud y enfermedad en la que vive día a día nuestra provincia.
Así como Overá Pozo va camino a convertirse en un nuevo y silencioso Chernóbil provincial, así también cada basural a cielo abierto infecta el territorio tucumano. Los basurales están en todos lados, tanto en zonas rurales como en el interior de los espacios urbanos. En San Miguel de Tucumán son numerosísimos. Uno muy vergonzoso, por ejemplo, es el que nace y renace en el Parque de la Memoria, ubicada en la avenida Roca.
Desde que se puso en marcha el Plan Argentina Trabaja, comenzaron a pulular numerosas cooperativas subvencionadas por el Estado cuya actividad consiste en ofrecer servicios de limpieza en los espacios públicos. Con mayor o menos eficiencia, las cooperativas cumplen sus tareas, pero muchas de ellas contribuyen a producir nuevos basurales, pues arrojan lo que recogen en determinados lugares, y luego se desentienden del asunto.
Como otro causante de daño ambiental también están los cirujas –los miles de tucumanos que han convertido a la basura en su fuente de ingreso ante la imposibilidad de conseguir trabajos menos precarios–, que manejan residuos sólidos urbanos con total irresponsabilidad, pues a ellos no les corresponde manejar ese asunto.
Pero la caótica situación de la disposición final de la basura en Tucumán es un problema en el que también tiene participación el grueso de la sociedad civil. Quienes recorrieron el Parque 9 de Julio el día después de la celebración de la fiesta de la Independencia Nacional se toparon con un escenario horroroso, como si se hubiese colocado una bomba en el pie de uno de los Ñuñorcos de basura que hay en Pacará Pintado y todos los desperdicios y deshechos hubiesen volado por los aires. La situación se repite todos los días posteriores a las celebraciones masivas (como el Día del Niño, el Día del Estudiante, etc). Ello deja en evidencia la falta de conciencia ciudadana de los tucumanos, que tratan a su ciudad como si no fuese su casa.
Evidentemente el Estado provincial debería montar una estrategia para sugerirle a la población que erradique ese hábito. Pero en una provincia donde los líquidos cloacales afloran a las superficies e invaden el interior de las casas, en una provincia en donde las industrias contaminan el aire y las aguas sin sufrir sanciones, en una provincia en donde se impulsa una falsa conciencia ambiental, en una provincia donde hay muchas sanciones oficiales pero ninguna recompensa, ¿es lícito pedirle a la gente que haga lo que sus autoridades se niegan a hacer?
Este año la empresa Citromax anunció que, después de varias décadas de presencia en la localidad de Tafí Viejo, va a radicarse en el departamento Monteros. El motivo es que la citrícola está acusada de contaminación ambiental, y en lugar de gastar dinero en reacondicionar su fábrica para minimizar el impacto ecológico, optaron por seguir operando igual que ahora pero en otro punto de la geografía provincial.
La actitud de esta empresa de capitales extranjeros es repudiable, pero, lamentablemente, eso que hacen no es una maniobra únicamente suya, ni un artilugio usado sólo por el sector privado: ante problemas similares el Estado de Tucumán hace exactamente lo mismo. Ello lo ejemplifica el caso de los megabasurales que existen en nuestra provincia.
Los tucumanos conocemos la lamentable historia del depósito de desperdicios y deshechos conocido como “Los Vázquez”. En unos años el lugar se convirtió en un tumor maligno para Tucumán: se supo que la recolectora de residuos Transportes 9 de Julio arrojaba irresponsablemente toda clase de residuos patógenos provenientes de hospitales y centros médicos públicos, clínicas privadas, y veterinarias (actualmente buena parte de los residuos con esas características se arrojan impunemente en el Canal Sur, el Riachuelo provincial). La Justicia Federal, temiendo que la basura de Los Vázquez contamine al vecino río Salí, decidió clausurar el predio. Consiguientemente el gobierno de Alperovich trató de resolver la situación habilitando un nuevo megabasural, el infame “Pacará Pintado”.
A Pacará Pintado se lo presentó como un espacio seguro, administrado por la empresa Servicios y Construcciones La Banda SRL (cuyo mayor responsable es Mario Criado, un hombre a quien el concejal José Luis Avignone lo ha vinculado con la represión ilegal de la década de 1970). Esta empresa se comprometió a someter a la basura a diversos procesos con el fin de reciclar todo lo reciclable y con el fin facilitar el degradamiento de todo lo degradable. Sin embargo la falta de seriedad con la que se manejó S. y C. La Banda, sumado al hecho de que el predio fue desbordado (ya que recibe la basura proveniente tanto del municipio capitalino como de los circundantes –Yerba Buena, Alderetes, Banda de Río Salí, Las Talitas, Tafí Viejo y Lules–), hizo de Pacará Pintado la zona cero de la batalla de los tucumanos contra la corrupción y la demagogia.
En octubre del año pasado se desencadenaron una serie de sospechosos incendios en Pacará Pintado. Los responsables del predio inventaron toda clase de hipótesis para explicarlo: dijeron que fueron productos de las condiciones climáticas, que hubo un accidente, que alguien vulneró su sistema de seguridad, que alguien desde adentro saboteó a la planta, etc. (les faltó decir que unos extraterrestres atacaron las montañas de basura), pero nunca supusieron que los repentinos incendios se organizaron para eliminar pruebas, ya que se avecinaban los peritajes ordenados por la Justicia Federal para determinar la peligrosidad de Pacará Pintado.
De todos modos ya se sabe que la colapsada Pacará Pintado va por el mismo camino que Los Vázquez, por lo que ahora el nuevo problema se llama “Overá Pozo”. Este nuevo predio, cuya operatividad se iniciará prontamente, debió de haber sido producto de una licitación pública nacional, pero la empresa S. y C. La Banda se adjudicó el negocio por contratación directa. Ambientalistas de Tucumán y de Santiago del Estero trabajan en conjunto para que Overá Pozo no repita la triste historia de sus dos antecesores. Se teme que el nuevo megabasural manche el aire, ensucie las aguas y destruya la tierra. Por disposición de las autoridades se gesta así lenta y silenciosamente en el Este tucumano una catástrofe producto de las negligencias y la falta de gestión, que debería ser similar a la de Chernóbil en su impacto en el imaginario social, pero que gracias a los manejos oficialistas termina enmudeciendo.
Los chernovillanos
La planificación del gobierno provincial para resolver la problemática concerniente a los residuos sólidos urbanos es completamente defectuosa. Sabiendo perfectamente ello, desde el edificio de San Martín y 25 de Mayo han optado por la solución más simple y que menos dificultades les genera: pasarle el problema a otro. De ese modo los responsables del destino final de la basura son ahora los municipios. Por ese motivo Alberto Olea (intendente de Monteros), Osvaldo Morelli (intendente de Concepción) y José Orellana (intendente de Famaillá) fueron procesados por la Justicia Federal acusados de haber cometido delitos ambientales, al permitir el desarrollo de basurales a cielo abierto, que contaminan los ríos cercanos, y ponen en riesgo a la población asentada en las vecindades de los mismos.
Olea zafó tras ser acusado de pauperizar la calidad de las aguas del río Pueblo Viejo, Morelli tuvo igual suerte después de haber sido denunciado por el estado del río Gastona. A Mario Criado, el Señor de las Moscas de Pacará Pintado y Overá Pozo, nadie se ocupa en cuestionarlo –y dificilmente se puedan llevar a cabo acciones efectivas contra Domingo Amaya y los otros seis intendentes. Y el chernovillano más grande, nuestro gobernador José Alperovich, se las ingenió para tener las manos limpias.
A cielo abierto y a futuro cerrado
Cuando colapsó el basural de Los Vázquez y se abrió el de Pacará Pintado, el gobierno provincial asumió la tarea de eliminar paulatinamente a los casi 400 basurales a cielo abierto que se registraban en el territorio local. Sin embargo poco se ha hecho para que ello ocurra, y se estima que el número de basurales aumentó en lugar de reducirse.
La agencia de noticias Primera Fuente reflejó la situación describiendo el caso del basural existente en la comuna rural de Delfín Gallo. En esa pequeña localidad un vertedero de basura arruina el paisaje, poniendo en riesgo a las personas, plantas y animales que se le aproximan. Lo irónico es que dicho basural está a sólo unos metros de un CAPS, resaltando así la oscilación entre salud y enfermedad en la que vive día a día nuestra provincia.
Así como Overá Pozo va camino a convertirse en un nuevo y silencioso Chernóbil provincial, así también cada basural a cielo abierto infecta el territorio tucumano. Los basurales están en todos lados, tanto en zonas rurales como en el interior de los espacios urbanos. En San Miguel de Tucumán son numerosísimos. Uno muy vergonzoso, por ejemplo, es el que nace y renace en el Parque de la Memoria, ubicada en la avenida Roca.
Desde que se puso en marcha el Plan Argentina Trabaja, comenzaron a pulular numerosas cooperativas subvencionadas por el Estado cuya actividad consiste en ofrecer servicios de limpieza en los espacios públicos. Con mayor o menos eficiencia, las cooperativas cumplen sus tareas, pero muchas de ellas contribuyen a producir nuevos basurales, pues arrojan lo que recogen en determinados lugares, y luego se desentienden del asunto.
Como otro causante de daño ambiental también están los cirujas –los miles de tucumanos que han convertido a la basura en su fuente de ingreso ante la imposibilidad de conseguir trabajos menos precarios–, que manejan residuos sólidos urbanos con total irresponsabilidad, pues a ellos no les corresponde manejar ese asunto.
Pero la caótica situación de la disposición final de la basura en Tucumán es un problema en el que también tiene participación el grueso de la sociedad civil. Quienes recorrieron el Parque 9 de Julio el día después de la celebración de la fiesta de la Independencia Nacional se toparon con un escenario horroroso, como si se hubiese colocado una bomba en el pie de uno de los Ñuñorcos de basura que hay en Pacará Pintado y todos los desperdicios y deshechos hubiesen volado por los aires. La situación se repite todos los días posteriores a las celebraciones masivas (como el Día del Niño, el Día del Estudiante, etc). Ello deja en evidencia la falta de conciencia ciudadana de los tucumanos, que tratan a su ciudad como si no fuese su casa.
Evidentemente el Estado provincial debería montar una estrategia para sugerirle a la población que erradique ese hábito. Pero en una provincia donde los líquidos cloacales afloran a las superficies e invaden el interior de las casas, en una provincia en donde las industrias contaminan el aire y las aguas sin sufrir sanciones, en una provincia en donde se impulsa una falsa conciencia ambiental, en una provincia donde hay muchas sanciones oficiales pero ninguna recompensa, ¿es lícito pedirle a la gente que haga lo que sus autoridades se niegan a hacer?
pulso.tucuman@gmail.com
"Y el chernovillano más grande, nuestro gobernador José Alperovich, se las ingenió para tener las manos limpias."
ResponderEliminarTiene las manos limpias como Mansilla.