Un atropello al bolsillo

Pese al repudio generalizado de la ciudadanía, finalmente el Concejo Deliberante de la ciudad de San Miguel de Tucumán autorizó la suba del valor del boleto de colectivo. De la antipopular medida nadie se quiso hacer cargo (el concejal oficialista José Franco llegó a decir que fue “apretado” para dar su voto positivo), sin embargo la norma fue igualmente aprobada.
La aprobación del aumento del boleto urbano le abre paso a la aprobación de un nuevo aumento para el boleto interurbano, y desnuda con ello los problemas de acceso al transporte que el pueblo tucumano tiene.
Tucumán, junto a Santiago del Estero, vive la desgracia de ser la provincia con el promedio más bajo de salarios en el sector privado. En un escenario así, el violento aumento del transporte público resulta un golpe directo al poder adquisitivo de los habitantes del territorio, y por tanto un atentado contra su calidad de vida.
Mientras que en la provincia de Buenos Aires se impulsa una ley para que el personal docente y no docente del sector público pueda viajar gratuitamente en los colectivos urbanos e interurbanos, en Tucumán se está muy lejos de eso. Aquí, por el contrario, las empresas de transporte de pasajeros están planeando incrementar el monto de los abonos para el año entrante.
Y los transportes alternativos, lamentablemente, caen en la categoría o de “quimera” (como el tren decenas de veces prometido para Tafì Viejo) o de “utopía” (como los proyectos de trenes subterráneos propuestos para San Miguel de Tucumán y Yerba Buena), por lo que a la gente de la provincia no le quedan más posibilidades que la de sentirse rehenes de una corporación política aliada con las empresas y no con el pueblo.