La extraña lógica del gobierno tucumano
Desde la ejecución de la ofensiva privatizadora de la década de 1990, la mayoría de los servicios públicos quedaron en manos de empresas privadas. La excusa fue que éstos generaban grandes gastos para el Estado y la calidad de lo que ofrecían era pésima, por lo que –según la opinión del momento– se tornaba imperioso entregar su control a grupos que mejorarían el escenario. El problema es que esas empresas priorizaron siempre la rentabilidad por sobre su responsabilidad social, es decir, les interesó más producir ganancias que asegurarle a cada ciudadano la satisfacción de sus necesidades. Sabiendo perfectamente cuan despiadados pueden llegar a ser quienes van detrás del dinero, el Estado construyó mecanismos para controlar y domesticar a las empresas: nacieron así los entes de control.
En Tucumán, cuando EDET (una subsidiara dela Compañía General de Electricidad de Chile) se apoderó de la distribución de electricidad, se creó el EPRET. Y, del mismo modo, cuando Aguas del Aconquija comenzó a manejar el tema del agua se le opuso el ERSACT (luego la empresa francesa abandonó la provincia, y la nefasta SAT SAPEM se hizo cargo).
De la vida cotidiana en cualquier ciudad del territorio provincial se comprueba que ambos entes de control son ineficaces en sus funciones, pues tanto EDET como la SAT cometen toda clase de abusos u omiten todo tipo tareas y nadie toma en cuenta los reclamos de los usuarios. La razón de ello sería la existencia de una aparente connivencia entre quienes deben controlar y los controlados. Eso es casi innegable. Y si se llegó a esa situación fue a través de la arbitrariedad, pues tanto las autoridades del ERSACT y del EPRET –dos entes supuestamente autónomos y autárquicos– fueron colocadas por la intervención del Poder Ejecutivo.
En estos días Jorge Gassenbauer, el ministro de Desarrollo Productivo, anunció que se planteará la necesidad de unificar al ERSACT y al EPRET en una sola megaentidad, para de esa manera modernizar a ambas instituciones. Lo extraño es que, aparentemente, para el gobierno es una prioridad destinar una buena cantidad de recursos para realizar el aggionarmiento del ERSACT y del EPRET, pero, al mismo tiempo, le interesa muy poco normalizar el funcionamiento de ambos entes de control. Esa es la lógica con la que se maneja el actual gobierno de Alperovich: en lugar de resolver las situaciones conflictivas, para el gobernador y su gente es más fácil emplear dinero del tesoro público en gastos innecesarios para arreglar negocios (o negociados) con ciertas empresas, y generar así la sensación de que el gobierno no duerme en la inacción.
Calidad institucional
Se tiende a querer hacernos pensar que el EPRET y el ERSACT son dos suplementos, dos entidades cuya acción es de escasa importancia, por lo que su pasividad, en el fondo, no es un asunto tan grave. Sin embargo no hay nada más alejado de la realidad que eso. Más allá de que hoy en día lo hagan o no, el EPRET y el ERSACT tienen por principal función el examinar permanentemente todos los costos del servicio que respaldan los incrementos tarifarios, para saber exactamente cuánto dinero debe aportar el contribuyente para no ser estafado; además se ocupan (o deberían ocuparse) de sugerir márgenes de ganancias razonables para las empresas privatizadoras, de fiscalizar la realización de inversiones que se hagan para mejorar el servicio, y de controlar la calidad de lo que le llega al consumidor. Al tomar en cuenta ello queda en evidencia que los entes de control son vitales, pues son quienes establecen equilibrio entre todas las instancias involucradas.
Nuestra Constitución (tantola Nacional como la Provincial ) pauta que los órganos de control tienen que ser abiertos y participativos, vale decir democráticos, pues sólo así es posible que las instituciones republicanas funcionen correctamente. En el Tucumán de Alperovich se atropellan impunemente a las cartas magnas, pues tanto EPRET como ERSACT (y como el ente unificado futuro) son todo lo contrario a instituciones democráticas, no sólo por el ninguneo a su autonomía, sino por la sistemática negación a abrirse a la fiscalización por parte de asociaciones de usuarios.
Ello queda bien en claro, por ejemplo, toda vez que EPRET anuncia un pedido de aumento de la tarifa de la electricidad y se organiza una “audiencia pública”, en la que durante una tensa jornada las autoridades de EDET escuchan, una tras otra, innumerables razones para no hacer lo que proponen, y que sin embargo al final del día pareciera que todas esas palabras fueron a parar al viento.
Todos los ñoquis en una misma canasta
Gassenbauer arguye que en los últimos 15 años han habido innovaciones técnicas y legales en el área de la energía y del agua que transformaron el escenario en el que se desempeñaba el EPRET y el ERSACT. Tal excusa no convence a nadie.
Los empleados de ambos organismos, los más descreídos, no entienden muy bien lo que plantea Gassenbauer, y sugieren que en lugar de pensar en cómo hacer que las empresas privatizadoras mejoren sus ganancias, el Estado debería ocuparse primero en hacer que ellas mejoren los servicios que brindan.
De cualquier modo lo que se dice por lo bajo es que la fusión de los entes de control tiene el fin inmediato de reorganizar el plantel de trabajadores, creando nuevos puestos de trabajo para hacer entrar a gente a la administración pública a través del nepotismo, el amiguismo y prácticas similares. Los concursos de oposición y antecedentes, la elección por voto popular e incluso la meritocracia son, claro, una utopía aquí.
También se especula con que todo es una torpe preparación del terreno para unificar los servicios de agua y de energía. Es decir, puesto que el año que viene la provincia está obligada a revisar el contrato con EDET, y dado quela SAT (como lo hemos atestiguado en este blog) esta completamente desbordada, se estima que el gobierno va a realizar una jugada para hacer coincidir boletas y embrollar recaudaciones, que finalmente se traducirá en situaciones en las que un usuario al retrasarse en el pago del agua se quedará sin energía y cosas similares.
Desde la ejecución de la ofensiva privatizadora de la década de 1990, la mayoría de los servicios públicos quedaron en manos de empresas privadas. La excusa fue que éstos generaban grandes gastos para el Estado y la calidad de lo que ofrecían era pésima, por lo que –según la opinión del momento– se tornaba imperioso entregar su control a grupos que mejorarían el escenario. El problema es que esas empresas priorizaron siempre la rentabilidad por sobre su responsabilidad social, es decir, les interesó más producir ganancias que asegurarle a cada ciudadano la satisfacción de sus necesidades. Sabiendo perfectamente cuan despiadados pueden llegar a ser quienes van detrás del dinero, el Estado construyó mecanismos para controlar y domesticar a las empresas: nacieron así los entes de control.
En Tucumán, cuando EDET (una subsidiara de
De la vida cotidiana en cualquier ciudad del territorio provincial se comprueba que ambos entes de control son ineficaces en sus funciones, pues tanto EDET como la SAT cometen toda clase de abusos u omiten todo tipo tareas y nadie toma en cuenta los reclamos de los usuarios. La razón de ello sería la existencia de una aparente connivencia entre quienes deben controlar y los controlados. Eso es casi innegable. Y si se llegó a esa situación fue a través de la arbitrariedad, pues tanto las autoridades del ERSACT y del EPRET –dos entes supuestamente autónomos y autárquicos– fueron colocadas por la intervención del Poder Ejecutivo.
En estos días Jorge Gassenbauer, el ministro de Desarrollo Productivo, anunció que se planteará la necesidad de unificar al ERSACT y al EPRET en una sola megaentidad, para de esa manera modernizar a ambas instituciones. Lo extraño es que, aparentemente, para el gobierno es una prioridad destinar una buena cantidad de recursos para realizar el aggionarmiento del ERSACT y del EPRET, pero, al mismo tiempo, le interesa muy poco normalizar el funcionamiento de ambos entes de control. Esa es la lógica con la que se maneja el actual gobierno de Alperovich: en lugar de resolver las situaciones conflictivas, para el gobernador y su gente es más fácil emplear dinero del tesoro público en gastos innecesarios para arreglar negocios (o negociados) con ciertas empresas, y generar así la sensación de que el gobierno no duerme en la inacción.
Calidad institucional
Se tiende a querer hacernos pensar que el EPRET y el ERSACT son dos suplementos, dos entidades cuya acción es de escasa importancia, por lo que su pasividad, en el fondo, no es un asunto tan grave. Sin embargo no hay nada más alejado de la realidad que eso. Más allá de que hoy en día lo hagan o no, el EPRET y el ERSACT tienen por principal función el examinar permanentemente todos los costos del servicio que respaldan los incrementos tarifarios, para saber exactamente cuánto dinero debe aportar el contribuyente para no ser estafado; además se ocupan (o deberían ocuparse) de sugerir márgenes de ganancias razonables para las empresas privatizadoras, de fiscalizar la realización de inversiones que se hagan para mejorar el servicio, y de controlar la calidad de lo que le llega al consumidor. Al tomar en cuenta ello queda en evidencia que los entes de control son vitales, pues son quienes establecen equilibrio entre todas las instancias involucradas.
Nuestra Constitución (tanto
Ello queda bien en claro, por ejemplo, toda vez que EPRET anuncia un pedido de aumento de la tarifa de la electricidad y se organiza una “audiencia pública”, en la que durante una tensa jornada las autoridades de EDET escuchan, una tras otra, innumerables razones para no hacer lo que proponen, y que sin embargo al final del día pareciera que todas esas palabras fueron a parar al viento.
Todos los ñoquis en una misma canasta
Gassenbauer arguye que en los últimos 15 años han habido innovaciones técnicas y legales en el área de la energía y del agua que transformaron el escenario en el que se desempeñaba el EPRET y el ERSACT. Tal excusa no convence a nadie.
Los empleados de ambos organismos, los más descreídos, no entienden muy bien lo que plantea Gassenbauer, y sugieren que en lugar de pensar en cómo hacer que las empresas privatizadoras mejoren sus ganancias, el Estado debería ocuparse primero en hacer que ellas mejoren los servicios que brindan.
De cualquier modo lo que se dice por lo bajo es que la fusión de los entes de control tiene el fin inmediato de reorganizar el plantel de trabajadores, creando nuevos puestos de trabajo para hacer entrar a gente a la administración pública a través del nepotismo, el amiguismo y prácticas similares. Los concursos de oposición y antecedentes, la elección por voto popular e incluso la meritocracia son, claro, una utopía aquí.
También se especula con que todo es una torpe preparación del terreno para unificar los servicios de agua y de energía. Es decir, puesto que el año que viene la provincia está obligada a revisar el contrato con EDET, y dado que
El periódico, en su edición de hoy, sostiene los mismos puntos que ustedes sostuvieron: http://www.elperiodicotucuman.com.ar/2010/08/10/la-fusion-de-los-entes-de-control-y-el-plan-de-fondo/
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