Amenaza la prisión, ¿funcionará el PRI?

Juicio a La Corona

Esta semana se supo que directivos de la empresa Azucarera Argentina, propietaria del ingenio La Corona, serán procesados por la justicia federal. Se acusa a la fábrica de violar la ley 24.051 que castiga a quienes se deshacen de residuos peligrosos sin someterlos a un adecuado tratamiento para evitar contaminar el medio ambiente.
El ingenio La Corona, ubicado cerca de la ciudad de Concepción, es sólo uno entre quince ingenios en la provincia de Tucumán. Los otros catorce difícilmente puedan certificar que desarrollan sus actividades de un modo radicalmente distinto al del ingenio concepcionense. Nos encontramos, por tanto, profundamente afectados por la industria local.
A diferencia de lo que sucedió en 2007 con la clausura del ingenio San Juan promovida por el gobierno de Alperovich (según dicen, a modo de escarmiento por no alinearse a sus intereses), esta vez es el Poder Judicial el que decidió proteger la salud de miles de tucumanos. Y su modo de actuar fue el más coherente, pues en lugar de ordenar el cese de actividades de una fábrica que da trabajo a muchísimas personas, directamente embistieron contra los responsables de dicha fábrica y es a ellos a quienes buscan hacer pagar por su negligencia y por su desinterés por la continuidad de la vida planetaria.
De todos modos es difícil saber cómo puede llegar a concluir todo esto. Si se recuerdan otros casos similares en los que directivos de empresas acusadas de contaminación ambiental tuvieron que sufrir procesamientos judiciales, el escenario no es muy esperanzador. Por ejemplo el caso de Minera La Alumbrera bien lo ilustra: Julián Rooney, un alto directivo de una empresa que destruyó el paisaje catamarqueño y pervirtió las aguas de cuatro provincias, tuvo que comparecer ante la justicia y, pese a todo, salió libre, quedando todos sus delitos impunes.

Repercusiones en Santiago del Estero

La aparición de miles de peces muertos flotando en el Dique El Frontal (algo así como cuatro toneladas de cadáveres) generó indignación entre los santiagueños y furia entre sus autoridades provinciales. Tal es así que los siete diputados nacionales santiagueños, todos pertenecientes al oficialismo, llevaron el tema al Congreso Nacional. Lamentablemente en la prensa nacional el asunto tuvo muy poca repercusión, ya que por estos días los medios adictos al gobierno y la corporación mediática están más preocupados en atacar o defender a los negocios de un ejecutivo de Clarín en Corrientes, que en informar acerca de lo que sucede en la provincia del fiel aliado del matrimonio Kirchner. 
Un grupo de abogados termenses decidió elevar una denuncia civil contra diez ingenios los cuales, según afirman sin dudar, son responsables de contaminar la cuenca Salí-Dulce al punto tal de volverla letal para la fauna que la habita. La acción legal se suma a  otras ya existentes.
A los santiagueños, según se aprecia en la prensa de allá (desde las páginas del popular matutino El liberal hacia abajo), les preocupa el desastre ecológico. La fauna ictícola ha sido arrasada en estas últimas semanas, y expertos temen que, de continuar la contaminación a este ritmo, al cabo de un breve tiempo directamente se presencie la extinción de una variedad importante de peces y animales acuáticos.
Molesta a los santiagueños además el hecho de que una ciudad turística como Termas de Río Hondo, donde todo se piensa en función de generar una agradable imagen para los visitantes, tenga que convivir con tantos animales arrancados de la vida a causa del agua violentada en la que se mueven. Indican los diarios santiagueños que muchos pescadores se ven en estos días privados de su fuente de ingresos (peces que suelen distribuir en restaurantes de la zona), y que incluso hay quienes han recogido varios kilos de animales muertos con el propósito de venderlos a precios baratos a pescaderías de nuestra provincia.

Causas de la matanza

Javier Lima, un biólogo de la UNSE, sostiene que matanzas masivas de peces como la que ocurrió este año van a ser habituales mientras “se sigan arrojando residuos orgánicos producto de los ingenios, de las empresas citrícolas, de los desechos cloacales de la ciudad de Tucumán y de otras que hacen lo mismo, además del basural que tiene esa ciudad a escasos cien metros del río Salí.”
En este blog tucumano de análisis ecosociológico hemos escrito sobre lo que Lima señala: las citrícolas, los basurales, los desechos cloacales, y especialmente los ingenios. El año pasado, varios meses antes de que aconteciese este desastre de los peces, abordamos el asunto de la problemática en torno a un residuo industrial conocido como “vinaza”, que se produce en grandes cantidades cuando se utiliza la caña de azúcar para fabricar alcohol. Con la fabricación de biocombustibles en nuestra provincia, las cantidades de vinazas producidas por la industria crecieron desmesuradamente, y todos coinciden en apuntar que es este líquido el que mayor daño le hace a la cuenca Salí-Dulce.
Actualmente, de los quince ingenios tucumanos, sólo cinco están elaborando bioetanol y arrojando litros y litros de vinaza indiscriminadamente a los ríos (hay otros que producen alcohol pero no para ser mezclado con nafta, por lo que su producción de vinaza es de un volumen mucho más pequeño). Nos referimos a Santa Rosa, La Trinidad, La Florida, Santa Bárbara y La Corona. Los tres últimos, particularmente, han estado fabricando bioetanol de modo constante desde que comenzó la zafra de este año, mientras que los dos primeros, en cambio, han hecho numerosas pruebas pero aún no han comenzado a producir el biocombustible de manera diaria y continua. La Corona, aunque por otros motivos, ya cayó en manos de la justicia; La Florida camina por esa cornisa, después de que se denunciase lo que le hace a Las Cejas. Del Santa Bárbara se espera que corra la misma suerte, considerando que en Monteros (lugar donde está ubicado) además del ingenio enturbiando las aguas, están los basurales que el intendente Olea no ha logrado erradicar y está también la planta de tratamiento de líquidos cloacales de la SAT –inaugurada en su momento con toda pompa y demagogia– completamente paralizada.
De los biocombustibles se sabe, por ejemplo, que son parte de una estrategia de empresas multinacionales –históricamente acusadas de contaminación ambiental– para fingir interés por la ecología, que son culpables indirectos de la escasez de azúcar en los hogares argentinos, que son la posibilidad que encontró la oligarquía azucarera para castigar al pueblo tucumano como siempre lo ha hecho, que son lo que justifica la progresiva monopolización del campo de Tucumán en manos de los industriales, y que son un factor que contribuye a la pérdida de soberanía alimentaria en este país cuya política exterior es una farsa (para más detalles véase el capítulo sobre FUEGO –“La verde antorcha de Prometeo”– en nuestro libro digital gratuito El jardín desflorado). Ahora hay que sumarles el ser los asesinos menos tímidos de los peces de las provincias de Tucumán y Santiago del Estero.
A los ingenios siempre se los ha acusado de explotar a sus empleados. El siglo XX está atravesado por las luchas de los trabajadores de los ingenios en contra de los abusos de la patronal. Desde el retorno de la democracia, sin embargo, a la queja contra la explotación se le sumó paulatinamente la queja contra la contaminación ambiental. Hace 25 años que la sociedad presiona para que los ingenios empiecen a comportarse como una parte de la comunidad y no como sus dueños. Sus arreglos políticos les han dado suficiente margen como garantizar su impunidad. Pero frente a tan patente testimonio de su atropello de poder no pueden hacer más que tambalearse, más si los ciudadanos tucumanos se unen como los santiagueños para obligar a que sus derechos sean respetados.