Bolsillos “secos” y billeteras “cortadas”
Según análisis recientes, los trabajadores asalariados de Tucumán se encuentran, en gran número, peligrosamente próximos a la pobreza. Dicho sin tantos rodeos: el sueldo promedio de un obrero o empleado tucumano apenas le alcanza para no sufrir necesidades. Mes a mes, ciento de miles de ciudadanos de la provincia hacen toda clase de recortes, ajustes y sacrificios en sus hábitos de consumo con el objetivo de sobrevivir manteniendo su autonomía. Sin embargo tal actividad se torna cada día más complicada, puesto que los precios de los bienes y servicios aumentan más velozmente que los salarios.
En este aspecto el caso de los servicios públicos es tan ejemplar como alarmante. En Tucumán tanto la empresa SAT como la empresa EDET, ambas prestatarias de un servicio deficiente (tal y como lo atestiguan montañas de denuncias), abusan de sus usuarios de manera impune. Los nuevos aumentos tarifarios que la SAT ya anunció, junto a los que EDET anunciará en poco tiempo, sumados al hecho de que las inversiones en infraestructura a partir de la cual lucran las empresas privadas las hacen con dinero que sale directamente del bolsillo del usuario, son muestras de que no hay límites tangibles para los monopolios provinciales, y que el ejercicio de nuestros derechos depende de su voluntad. Los organismos oficiales destinados exclusivamente a controlar el desempeño de ambas empresas brillan por su inactividad, y demuestran que sólo existen para que funcionarios del gobierno les consigan empleos a familiares, amigos y conocidos.
Con el servicio del gas (en concesión a la empresa GASNOR) no existen estos inconvenientes tan pronunciados, puesto que su órgano de control, ENARGAS, no depende del Estado provincial sino del nacional, y cuenta con un envidiable grado de autonomía y distanciamiento del Poder Ejecutivo. Por ese motivo en el asunto del gas hay una mayor seriedad y un compromiso más profundo con la parte más débil, cosa que no pasa con el agua y la electricidad de Tucumán.
El entreguismo
Hoy en día se puede decir que los impuestos que los tucumanos pagamos son lo que mantiene a flote a la provincia (y la fuente de dinero con la que se enriquecen ilícitamente todos los corruptos que se escabullen detrás de un nombramiento oficial). En realidad ello no tiene nada de reprochable, excepto por el hecho de que las abultadas recaudaciones que todos los meses el gobernador Alperovich festeja no se restituyen íntegramente a la provincia. En efecto, dado el sistema abiertamente antifederal de recaudación y redistribución de impuestos que funciona en Argentina, Tucumán genera más dinero del que gasta.
En un artículo publicado en La Gaceta (25/09/10), el periodista Álvaro Aurane escribe:
En Tucumán, desde que el alperovichismo gobierna, [el presupuesto provincial] es un enigma: no le entregan copia de ese cálculo de recursos y de gastos ni a los legisladores: se vota y se aprueba algo que se ignora.
Siete años y $ 35.000 millones después, el alperovichismo muestra kilómetros de pavimento y hectáreas de expedientes sobre una inseguridad pavorosa. No debatir presupuestos es no discutir programas de Gobierno, lo que lleva confundir “cordón cuneta” con “gestión pública”.
En el mismo texto Aurane señala que si se comparan los aportes que Tucumán recibe desde las arcas nacionales, queda en evidencia que nuestra provincia no es una privilegiada en ese aspecto. La Nación –secuestrada por el kirchnerismo– no sólo le entrega a Tucumán menos dinero que a otros Estados que forman parte de la Confederación, sino que además retiene lo que en principio nos corresponde:
Pero la pauta nacional también desnuda el comportamiento de quienes administran la provincia que fue cuna de la Independencia y que ahora sólo cría dependencia con el Gobierno central. El alperovichismo no tiene demandas con la pingüinera. Por caso, la oposición ha documentado que, entre retenciones indebidas a la coparticipación federal y la insuficiente distribución del Impuesto al Cheque, el Gobierno local debía exigir (como lo hicieron otras seis provincias) el equivalente a la deuda pública que, justamente, Tucumán tiene con la administración central. En lugar de ello, se renunció a toda demanda al respecto a cambio de que el pasivo provincial (duplicado por esta gestión) fuera reprogramado a 20 años. Es decir, se renunció a una fortuna a cambio de seguir debiendo lo que ya se debía.
Para sintetizar lo expuesto, la conclusión (la triste conclusión) es que en Tucumán se pagan sueldos que están entre los más bajos del país mientras que, a su vez, se tributan impuestos altísimos, y como “premio” por todo ello los tucumanos tenemos que pagar una deuda pública que no nos corresponde.
Según análisis recientes, los trabajadores asalariados de Tucumán se encuentran, en gran número, peligrosamente próximos a la pobreza. Dicho sin tantos rodeos: el sueldo promedio de un obrero o empleado tucumano apenas le alcanza para no sufrir necesidades. Mes a mes, ciento de miles de ciudadanos de la provincia hacen toda clase de recortes, ajustes y sacrificios en sus hábitos de consumo con el objetivo de sobrevivir manteniendo su autonomía. Sin embargo tal actividad se torna cada día más complicada, puesto que los precios de los bienes y servicios aumentan más velozmente que los salarios.
Con el servicio del gas (en concesión a la empresa GASNOR) no existen estos inconvenientes tan pronunciados, puesto que su órgano de control, ENARGAS, no depende del Estado provincial sino del nacional, y cuenta con un envidiable grado de autonomía y distanciamiento del Poder Ejecutivo. Por ese motivo en el asunto del gas hay una mayor seriedad y un compromiso más profundo con la parte más débil, cosa que no pasa con el agua y la electricidad de Tucumán.
El entreguismo
Hoy en día se puede decir que los impuestos que los tucumanos pagamos son lo que mantiene a flote a la provincia (y la fuente de dinero con la que se enriquecen ilícitamente todos los corruptos que se escabullen detrás de un nombramiento oficial). En realidad ello no tiene nada de reprochable, excepto por el hecho de que las abultadas recaudaciones que todos los meses el gobernador Alperovich festeja no se restituyen íntegramente a la provincia. En efecto, dado el sistema abiertamente antifederal de recaudación y redistribución de impuestos que funciona en Argentina, Tucumán genera más dinero del que gasta.
En un artículo publicado en La Gaceta (25/09/10), el periodista Álvaro Aurane escribe:
En Tucumán, desde que el alperovichismo gobierna, [el presupuesto provincial] es un enigma: no le entregan copia de ese cálculo de recursos y de gastos ni a los legisladores: se vota y se aprueba algo que se ignora.
Siete años y $ 35.000 millones después, el alperovichismo muestra kilómetros de pavimento y hectáreas de expedientes sobre una inseguridad pavorosa. No debatir presupuestos es no discutir programas de Gobierno, lo que lleva confundir “cordón cuneta” con “gestión pública”.
En el mismo texto Aurane señala que si se comparan los aportes que Tucumán recibe desde las arcas nacionales, queda en evidencia que nuestra provincia no es una privilegiada en ese aspecto. La Nación –secuestrada por el kirchnerismo– no sólo le entrega a Tucumán menos dinero que a otros Estados que forman parte de la Confederación, sino que además retiene lo que en principio nos corresponde:
Pero la pauta nacional también desnuda el comportamiento de quienes administran la provincia que fue cuna de la Independencia y que ahora sólo cría dependencia con el Gobierno central. El alperovichismo no tiene demandas con la pingüinera. Por caso, la oposición ha documentado que, entre retenciones indebidas a la coparticipación federal y la insuficiente distribución del Impuesto al Cheque, el Gobierno local debía exigir (como lo hicieron otras seis provincias) el equivalente a la deuda pública que, justamente, Tucumán tiene con la administración central. En lugar de ello, se renunció a toda demanda al respecto a cambio de que el pasivo provincial (duplicado por esta gestión) fuera reprogramado a 20 años. Es decir, se renunció a una fortuna a cambio de seguir debiendo lo que ya se debía.
Para sintetizar lo expuesto, la conclusión (la triste conclusión) es que en Tucumán se pagan sueldos que están entre los más bajos del país mientras que, a su vez, se tributan impuestos altísimos, y como “premio” por todo ello los tucumanos tenemos que pagar una deuda pública que no nos corresponde.
pulso.tucuman@gmail.com
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