Una gran M castiga a Tucumán en estos días. Es una M que, parsimoniosamente, desplaza a la S de la palabra “suerte” en medio del mal de la mediocridad y de la malicia de las mineras.
El monólogo infame
Jared Diamond, en su crítica a la minería (Colapso. Por qué unas sociedades perduran y otras desaparecen. Random House, Barcelona, 2006, p. 373), anota: “La industria minera del metal constituye un ejemplo excelente de cómo un negocio que promueve sus propios intereses a corto plazo por encima de los del público revela ser a largo plazo contraproducente y conduce el sector a la extinción.” Lo que quiere transmitir es la idea de que los mercaderes más viles pueden seducirnos con oro, pero de nada sirve ese oro si lo que se viene a comprar no son bienes o servicios, sino la vida de las personas.
Hace una semana, a través de Canal 10, se pudo seguir una reunión entre las autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y las de la empresa Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD). El motivo de dicho evento era la discusión sobre la contaminación de las aguas que se produce por las técnicas rapaces de explotación que utilizan las empresas extranjeras que operan en los yacimientos catamarqueños de Agua Rica y Bajo de la Alumbrera. Lo que se estimaba como una extensa sesión plagada de argumentos y contra-argumentos, palabras tensas y agravios, duró mucho menos de lo que se esperaba (hasta los consejeros estudiantiles obraron como cómplices), y la pantalla del 10 recuperó al poco tiempo sus bobas telenovelas interrumpidas.
La abogada Yolanda Vaca y el geólogo Alfredo Tineo hicieron exposiciones didácticas,
explicando cuáles eran las relaciones entre la UNT y las empresas que explotan los yacimientos mineros y sosteniendo que el comprobado aumento del grado de alcalinidad en el agua del canal DP2 no lo producen las minas, sino las citrícolas y los ingenios que arrojan sus desperdicios en ese lugar. Tras ellos, Rodolfo Campero –quien, siendo representante de YMAD junto a Mario Marigliano, había prologado la farsa– cerró el “debate” con un discurso en el que celebraba la iniciativa de la audiencia pública (le falto agregar: “de una audiencia donde el disenso no importa mucho, como las de EPRET y EDET”) y terminó negando que minera La Alumbrera sea responsable de contaminar las aguas, pues los estándares de salud establecidos por el tucumano SIPROSA –y hechos a medida de la minera– no se ven afectados. Después de ello los presentes con permiso para opinar, muy conformes, decidieron dejar todo el problema en manos de una comisión ad hoc formada por expertos del mismo organismo cuestionado, es decir, de la UNT.
La planta de oro y la casa de estiércol
La contaminación de las aguas es, sin dudas, un nuevo modo de envenenar el cuerpo (tanto el social como el individual). No hace mucho la Suprema Corte de Justicia de nuestro país, tras “presiones” de muchos organismos como la de los grupos vinculados al empresario George Soros, emitió un fallo en el que despenaliza la tenencia de drogas bajo el supuesto del “consumo personal”. Dicho fallo no hace más que favorecer a los mercaderes de la muerte (los narcotraficantes en este caso) que tienen ahora vía libre para completar su tarea de destrucción social a favor del enriquecimiento personal de un modo lento pero firme y sin obstáculos.
Ciertamente el fallo también favorece a un pequeño grupo de personas que alegan “respeto a las libertades individuales” como justificativo del consumo de substancias prohibidas. Ellos arguyen que no son parte del entramado de narcotráfico, porque su acción es particular: cultivan sus propias plantas de cannabis y las consumen en el interior de sus hogares. Si todos los que usan drogas fuesen tan “civilizados” y “responsables” como este grupo de microagricultores entonces el fallo no equivaldría a la invitación al desastre como actualmente lo hace. Pero la gran mayoría de los consumidores de drogas le compran lo que consumen a alguien que las importa al país, sin importarle el daño que éstas pueden llegar a causar.
Algo similar sucede con la minería en Tucumán: la contaminación se realiza a paso lento pero en un modo firme y sin obstáculos. Ignorando completamente la ley 24.051 que controla el problema de los residuos peligrosos, las autoridades de la UNT y del YMAD obran como esos consumidores “responsables” que –basándose en estudios que ellos mismos auspician– aseguran que lo que ellos hacen en los límites de sus balcones y de sus patios no ocasiona ningún daño público. Sin embargo, así como las calles se ponen en peligro cada vez que un consumidor sale a caminar drogado, así también los ríos se vuelven trampas mortales cuando las mineras vierten sus desperdicios en nuestras aguas.
Julián Rooney, director de la empresa que explota el yacimiento de Bajo de La Alumbrera, acaba de ser desprocesado penalmente por una violación a la ley federal 24.051. No sería extraño que la universidad tucumana –casa de estudio cuya mayoría de investigadores optan por ser serviciales a las empresas que los subsidian, antes que aventurarse por los caminos de la ciencia y la crítica– le otorgue a Rooney un doctorado honoris causa o algo similar por encabezar una empresa tan “ecológica” y tan, tan, tan generosa a la hora de socializar sus ganancias.
El monólogo infame
Jared Diamond, en su crítica a la minería (Colapso. Por qué unas sociedades perduran y otras desaparecen. Random House, Barcelona, 2006, p. 373), anota: “La industria minera del metal constituye un ejemplo excelente de cómo un negocio que promueve sus propios intereses a corto plazo por encima de los del público revela ser a largo plazo contraproducente y conduce el sector a la extinción.” Lo que quiere transmitir es la idea de que los mercaderes más viles pueden seducirnos con oro, pero de nada sirve ese oro si lo que se viene a comprar no son bienes o servicios, sino la vida de las personas.
Hace una semana, a través de Canal 10, se pudo seguir una reunión entre las autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y las de la empresa Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD). El motivo de dicho evento era la discusión sobre la contaminación de las aguas que se produce por las técnicas rapaces de explotación que utilizan las empresas extranjeras que operan en los yacimientos catamarqueños de Agua Rica y Bajo de la Alumbrera. Lo que se estimaba como una extensa sesión plagada de argumentos y contra-argumentos, palabras tensas y agravios, duró mucho menos de lo que se esperaba (hasta los consejeros estudiantiles obraron como cómplices), y la pantalla del 10 recuperó al poco tiempo sus bobas telenovelas interrumpidas.
La abogada Yolanda Vaca y el geólogo Alfredo Tineo hicieron exposiciones didácticas,
explicando cuáles eran las relaciones entre la UNT y las empresas que explotan los yacimientos mineros y sosteniendo que el comprobado aumento del grado de alcalinidad en el agua del canal DP2 no lo producen las minas, sino las citrícolas y los ingenios que arrojan sus desperdicios en ese lugar. Tras ellos, Rodolfo Campero –quien, siendo representante de YMAD junto a Mario Marigliano, había prologado la farsa– cerró el “debate” con un discurso en el que celebraba la iniciativa de la audiencia pública (le falto agregar: “de una audiencia donde el disenso no importa mucho, como las de EPRET y EDET”) y terminó negando que minera La Alumbrera sea responsable de contaminar las aguas, pues los estándares de salud establecidos por el tucumano SIPROSA –y hechos a medida de la minera– no se ven afectados. Después de ello los presentes con permiso para opinar, muy conformes, decidieron dejar todo el problema en manos de una comisión ad hoc formada por expertos del mismo organismo cuestionado, es decir, de la UNT.La planta de oro y la casa de estiércol
La contaminación de las aguas es, sin dudas, un nuevo modo de envenenar el cuerpo (tanto el social como el individual). No hace mucho la Suprema Corte de Justicia de nuestro país, tras “presiones” de muchos organismos como la de los grupos vinculados al empresario George Soros, emitió un fallo en el que despenaliza la tenencia de drogas bajo el supuesto del “consumo personal”. Dicho fallo no hace más que favorecer a los mercaderes de la muerte (los narcotraficantes en este caso) que tienen ahora vía libre para completar su tarea de destrucción social a favor del enriquecimiento personal de un modo lento pero firme y sin obstáculos.
Ciertamente el fallo también favorece a un pequeño grupo de personas que alegan “respeto a las libertades individuales” como justificativo del consumo de substancias prohibidas. Ellos arguyen que no son parte del entramado de narcotráfico, porque su acción es particular: cultivan sus propias plantas de cannabis y las consumen en el interior de sus hogares. Si todos los que usan drogas fuesen tan “civilizados” y “responsables” como este grupo de microagricultores entonces el fallo no equivaldría a la invitación al desastre como actualmente lo hace. Pero la gran mayoría de los consumidores de drogas le compran lo que consumen a alguien que las importa al país, sin importarle el daño que éstas pueden llegar a causar.
Algo similar sucede con la minería en Tucumán: la contaminación se realiza a paso lento pero en un modo firme y sin obstáculos. Ignorando completamente la ley 24.051 que controla el problema de los residuos peligrosos, las autoridades de la UNT y del YMAD obran como esos consumidores “responsables” que –basándose en estudios que ellos mismos auspician– aseguran que lo que ellos hacen en los límites de sus balcones y de sus patios no ocasiona ningún daño público. Sin embargo, así como las calles se ponen en peligro cada vez que un consumidor sale a caminar drogado, así también los ríos se vuelven trampas mortales cuando las mineras vierten sus desperdicios en nuestras aguas.
Julián Rooney, director de la empresa que explota el yacimiento de Bajo de La Alumbrera, acaba de ser desprocesado penalmente por una violación a la ley federal 24.051. No sería extraño que la universidad tucumana –casa de estudio cuya mayoría de investigadores optan por ser serviciales a las empresas que los subsidian, antes que aventurarse por los caminos de la ciencia y la crítica– le otorgue a Rooney un doctorado honoris causa o algo similar por encabezar una empresa tan “ecológica” y tan, tan, tan generosa a la hora de socializar sus ganancias.
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