El interminable naufragio de San Pablo

San Pablo

El progreso y la superstición

San Pablo es una comuna rurbana de Tucumán situada a unos 8 kilómetros al sur de Yerba Buena y a unos 7 al norte de Lules. Actualmente viven allí alrededor de diez mil personas. Durante las últimas dos décadas la localidad creció significativamente en su aspecto demográfico, llegando casi a duplicar su número de habitantes en ese lapso. Este importante incremento poblacional se produjo ajeno a toda planificación comunal, lo que significó la proliferación de asentamientos marginales en diversos puntos del pueblo. Cientos de jóvenes familias, huyendo de la pobreza que agobia a los otros departamentos tucumanos, emigraron a San Pablo en los últimos 20 años con el propósito de probar suerte en la cosecha de limones o para buscar trabajo como personal doméstico en hogares y comercios de Yerba Buena o de San Miguel de Tucumán.

Amenaza la prisión, ¿funcionará el PRI?

Juicio a La Corona

Esta semana se supo que directivos de la empresa Azucarera Argentina, propietaria del ingenio La Corona, serán procesados por la justicia federal. Se acusa a la fábrica de violar la ley 24.051 que castiga a quienes se deshacen de residuos peligrosos sin someterlos a un adecuado tratamiento para evitar contaminar el medio ambiente.
El ingenio La Corona, ubicado cerca de la ciudad de Concepción, es sólo uno entre quince ingenios en la provincia de Tucumán. Los otros catorce difícilmente puedan certificar que desarrollan sus actividades de un modo radicalmente distinto al del ingenio concepcionense. Nos encontramos, por tanto, profundamente afectados por la industria local.

Crónicas de la guerra dulce

El origen de la cadena de la especulación

Una vez más se montó una operación para hacer escasear el azúcar y una vez más se acusó a los cañeros independientes de ser los culpables del asunto. Por ese motivo desde PULSO nos vemos obligados, una vez más nosotros también, a utilizar el blog para decir lo que usualmente se calla.
Sucede que, desde enero de este año, se viene produciendo un proceso crónico de escasez de azúcar, acompañado de una escalada de los precios finales del producto. Este fenómeno no es signo de un comportamiento normal de los mercados, sino que, por el contrario, es un testimonio bastante evidente de la manipulación de los mismos. Detrás de todo el movimiento del azúcar hay una larga cadena de especulación que involucra a muchos partícipes, pero cuyo origen es bastante fácil de identificar: los industriales.

La unión deshace la fuerza

La extraña lógica del gobierno tucumano

Desde la ejecución de la ofensiva privatizadora de la década de 1990, la mayoría de los servicios públicos quedaron en manos de empresas privadas. La excusa fue que éstos generaban grandes gastos para el Estado y la calidad de lo que ofrecían era pésima, por lo que –según la opinión del momento– se tornaba imperioso entregar su control a grupos que mejorarían el escenario. El problema es que esas empresas priorizaron siempre la rentabilidad por sobre su responsabilidad social, es decir, les interesó más producir ganancias que asegurarle a cada ciudadano la satisfacción de sus necesidades. Sabiendo perfectamente cuan despiadados pueden llegar a ser quienes van detrás del dinero, el Estado construyó mecanismos para controlar y domesticar a las empresas: nacieron así los entes de control.
En Tucumán, cuando EDET (una subsidiara de la Compañía General de Electricidad de Chile) se apoderó de la distribución de electricidad, se creó el EPRET. Y, del mismo modo, cuando Aguas del Aconquija comenzó a manejar el tema del agua se le opuso el ERSACT (luego la empresa francesa abandonó la provincia, y la nefasta SAT SAPEM se hizo cargo).

Sobre la democracia pavimentadora

El 30/07/10 el periodista Tony Arnedo publicó en su blog un artículo en el que señala que en terrenos fiscales de avenida Sáenz Peña al 800 se está construyendo a toda prisa una estación de GNC. Lo curioso es que, aparentemente, en la obra colaboran empleados municipales, quienes utilizarían los camiones de la municipalidad para el traslado de materiales.
El escrache de Arnedo deja en evidencia dos cosas: la “democracia pavimentadora” que los políticos oficialistas impulsan como principal acción de gobierno y la impune entrega que las actuales autoridades hacen del patrimonio comunitario a manos de particulares.

Tucumán flagelada

Un mal policlasista

En Tucumán la adicción a las drogas no es un problema que afecte sólo a un sector de la población en una determinada parte de la provincia: es un tema mucho más amplio. Es decir la drogadicción no es un flagelo que únicamente castigue a quienes habitan en la Costanera, sino que es algo que está presente en todos los sectores sociales y que se extiende a través de casi todas las localidades de la geografía provincial. Se pueden encontrar adictos a las drogas (y aquí se está hablando de “adictos” y no de “consumidores”) entre estudiantes, desempleados, empleados con relación de dependencia, profesionales independientes, artistas, deportistas, empresarios, funcionarios públicos, etc. Y se puede ver a la droga circular en San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, Alderetes, San Pedro de Colalao (especialmente durante los veranos), Monteros, Aguilares, Concepción, Ranchillos, Amaicha del Valle, Santa Ana, etc.

El Chernóbil tucumano

La zona cero

Este año la empresa Citromax anunció que, después de varias décadas de presencia en la localidad de Tafí Viejo, va a radicarse en el departamento Monteros. El motivo es que la citrícola está acusada de contaminación ambiental, y en lugar de gastar dinero en reacondicionar su fábrica para minimizar el impacto ecológico, optaron por seguir operando igual que ahora pero en otro punto de la geografía provincial.  
La actitud de esta empresa de capitales extranjeros es repudiable, pero, lamentablemente, eso que hacen no es una maniobra únicamente suya, ni un artilugio usado sólo por el sector privado: ante problemas similares el Estado de Tucumán hace exactamente lo mismo. Ello lo ejemplifica el caso de los megabasurales que existen en nuestra provincia.

Viaje al corazón de Pacostán

La nueva geografía de la Costanera

En Tucumán se llama “Costanera” a toda la zona urbana que se extiende a la vera oriental y occidental del río Salí en las localidades de San Miguel de Tucumán, Alderetes y Banda de Río Salí. Dicha zona es considerada un espacio periférico, pues un porcentaje importante de las personas que allí habitan no pueden satisfacer sus necesidades básicas.
En la actualidad esa área ha ganado mucha (mala) fama tras haber sido identificada por la prensa local como el lugar en donde existe la mayor concentración de vendedores de droga de la provincia. Con transitar los alrededores uno parece comprobarlo, ya que además de las casas donde se venden las drogas, la Costanera está poblada de adictos de diversas edades que si no pertenecen al vecindario, provienen de otras partes de la Capital, como también de localidades aledañas. La mayoría de estas víctimas de la droga son hombres de entre 10 a 25 años de edad, aunque también los hay más viejos... y más jóvenes. Tampoco faltan mujeres en esa condición, aunque su número es un tanto más pequeño en comparación al de su contraparte masculina.
Lo que principalmente se consume en la zona es el infame paco –una droga hecha a base de cocaína y otras sustancias químicas–, lo que hace que en el habla popular la Costanera se convierta en la “Pacostanera” o, simplemente, en “Pacostán”.

El ojo que atestigua

El 01/07/10, haciéndonos eco de una noticia que circulaba en la prensa local anunciando la próxima instalación de dos centenas de cámaras de seguridad para monitorear la vía pública de San Miguel de Tucumán y Yerba Buena, publicamos en este blog un artículo sobre el repentino boom nacional de la videovigilancia, destacando que es un lucrativo negocio efectuado discrecionalmente con dinero público y señalando que su efectividad es bastante dudosa. Hoy, 11/07/10, el diario de mayor tirada del país, es decir Clarín, le dedica un generoso espacio de su sección “Policiales” al asunto.
El texto redactado por el periodista Héctor Gambini toma por eje las mismas dos cuestiones que nosotros habíamos tomado por eje: ¿quién se queda con el negocio de las cámaras? y ¿sirven ellas verdaderamente para disminuir el delito? Las conclusiones a las que arriba son idénticas a las nuestras: al negocio se lo quedan los amigos del actual poder, y –por más que se diga que las cámaras de seguridad “disuaden [a los criminales] y previenen [el crimen]”– los delitos siguen sucediendo casi en un número igual al que existía antes de que el sistema de videovigilancia entre en funcionamiento.

Vigilar al (video)vigilante

No sonría, le están robando

La inseguridad es un grave problema que afecta a la sociedad argentina y por ello es preciso que el gobierno tome diversas medidas para combatirla. Ahora bien, cada acción del gobierno requiere una inversión monetaria, por lo que se puede decir que junto al combate contra la inseguridad emerge la posibilidad del negocio para quienes proveen al Estado de instrumentos para cumplir con sus metas.
Hace unos días se informó que Telefónica Ingeniería de Seguridad (TIS), una empresa argentina perteneciente a la corporación multinacional Telefónica SA, instalará 190 cámaras de vigilancia en las ciudades de San Miguel de Tucumán y Yerba Buena con el objetivo de monitorear en tiempo real lo que suceda en la vía pública durante las 24 horas del día. Según lo que figura en el Boletín Oficial provincial, la contratación de TIS se hizo de forma directa, es decir sin licitación, por una suma de diez millones de pesos, repartiendo además otros cuatro millones entre Movistar, la filial argentina de General Motors, y empresas tucumanas como GPSAT, Discar S.C. y la concesionaria Aspen SRL, pues junto a la instalación de las cámaras está contemplado crear una fuerza de seguridad motorizada que será acompañada a través del seguimiento satelital.