PULSO. OPINIONES TUCUMANAS

Clausura del blog

2010-12-21T06:14:00.000-08:00

2011 será un año salvaje. Elecciones nacionales, provinciales y municipales nos aguardan. A raíz de ello, el próximo año nos abrumará con promesas de toda forma y color, lo que no garantiza que la promesa más importante sea realizada: la de la democracia.
En efecto, desde 1983 vivimos en Argentina bajo los efectos de la democracia. Eso es ya todo un logro frente a las interrupciones dictatoriales, sin embargo no es suficiente. La democracia es una de las tantas formas de pensar el espacio público –no la única ni la definitiva–, lo que significa que para que la democracia funcione realmente es necesario trabajar día a día para su desarrollo. La democracia lleva consigo una transformación paulatina en las instituciones, lo que repercute en varias dimensiones de la palabra.
Nuestra actual corporación política (tanto el sector oficialista como el opositor) hace poco por la palabra. No oyen la palabra de la mayoría, y tampoco se preocupan mucho de que sus palabras sean realmente oídas. Este espacio en la web nació en contra de esa tendencia, nació con el fin de multiplicar la palabra y filtrar así nuestras opiniones independientes en medio de una guerra de intereses.
No estamos en condiciones de navegar a través de la vertiginosa y ruidosa guerra de promesas que nos espera el 2011. Nos faltan los momentos. Haremos, sin embargo, todo lo posible para que la democracia advenga en este Tucumán en que vivimos.
Gracias por habernos leído.

Iltico también es Tucumán

2010-10-17T18:01:00.000-07:00

Concepción

Entre Alpachiri y Concepción, en el sur tucumano, se encuentra la pequeña localidad de Iltico. La mayoría de sus pobladores son familias cuyo sustento económico proviene de su participación en las cosechas de limón, caña de azúcar y otros vegetales. Territorialmente Iltico forma parte de la órbita municipal de Concepción, pero ello no se manifiesta a la hora de definir presupuestos y realizar obras públicas. En efecto, ni el Concejo Deliberante ni la Municipalidad de Concepción suelen tomar en cuenta su responsabilidad sobre Iltico al momento de gestionar a favor de la comunidad, lo que hace que la zona quede marginada y abandonada a su propia suerte.
A principios de la década de 1980 colapsó un puente que unía a Iltico con el casco céntrico de Concepción. A partir de ese entonces toda el área quedó olvidada por las sucesivas autoridades. Unos 25 años después el puente destruido fue finalmente reconstruido, pero la obra (a cargo de la empresa Tensolite) fue tan defectuosa que Iltico no pudo recuperar la calidad de vida y las perspectivas de prosperidad que había perdido dos décadas y media antes.
Hoy en día este arrabal de Concepción naufraga de la misma manera que lo hacen otras localidades tucumanas periféricas. Los problemas sociales tienen todas las formas y colores imaginables (pobreza, desempleo crónico, alcoholismo, deserción escolar, embarazos adolescentes, drogadicción acechante, etc.), y a ello se le suma la falta de infraestructura. Los vecinos de Iltico carecen de muchas comodidades y beneficios que la urbanidad les provee a otros tucumanos.
El alumbrado público es pésimo en Iltico. Cuando la noche cae, cae como un manto de negra obscuridad que se lleva todos los colores y figuras que necesitan de la luz para poder ser percibidas. Ello provoca que la zona se torne peligrosa a causa de los malvivientes que siempre merodean con intención de apropiarse de lo ajeno.
El estado de las calles también es lamentable. En Iltico falta el preciado pavimento que, según lo que Alperovich supone, es símbolo de incontrastable progreso –pues parecería que para nuestro gobernador sólo con el pavimento se cura, se educa y se alimenta. Y las calles efectivamente pavimentadas están notoriamente deterioradas.

El agua, por supuesto, es otra grave problemática. En ese aspecto Iltico es una localidad innegablemente tucumana. El agua que llega a los hogares es de pésima calidad, pues es similar al agua que llega a los hogares del también concepcionense barrio El Nevado. La escasez, por su parte, se nota sobre todo durante los meses de verano, meses de mucho calor y poco refresco. El agua desechada es otro drama, puesto que las cloacas parecen una realidad casi inconcebible en Iltico, lo que hace que las acequias se desborden con aguas servidas, poniendo en riesgo así la salud de las personas más vulnerables. A todo ello hay que agregarle el exceso natural de agua durante las temporadas de lluvias, lo que trae consigo la inundación de la zona, y la consiguiente clausura de caminos que terminan por aislar a Iltico completamente, evitando que las actividades escolares y la salud pública sea parte de la cotidianeidad de la localidad.
El transporte público, el gas natural, las telecomunicaciones: todo ello es percibido como un lujo casi inalcanzable para quienes habitan Iltico. Allí la mayoría de las casas son viviendas precarias, que obligan a sus moradores a sufrir los castigos climáticos.
Y no hay que olvidar la presencia del ingenio La Corona, esa empresa que impunemente contamina con su actividad al medio ambiente tucumano. Los olores nauseabundos producidos por la vinaza que desechan y el molesto ruido que día y noche se expande desde el ingenio hacia las zonas urbanizadas son otros factores que los tucumanos que residen en Iltico tienen que sufrir.

Estado rico, pueblo pobre

2010-10-14T11:05:00.000-07:00

Bolsillos “secos” y billeteras “cortadas”

Según análisis recientes, los trabajadores asalariados de Tucumán se encuentran, en gran número, peligrosamente próximos a la pobreza. Dicho sin tantos rodeos: el sueldo promedio de un obrero o empleado tucumano apenas le alcanza para no sufrir necesidades. Mes a mes, ciento de miles de ciudadanos de la provincia hacen toda clase de recortes, ajustes y sacrificios en sus hábitos de consumo con el objetivo de sobrevivir manteniendo su autonomía. Sin embargo tal actividad se torna cada día más complicada, puesto que los precios de los bienes y servicios aumentan más velozmente que los salarios.

En este aspecto el caso de los servicios públicos es tan ejemplar como alarmante. En Tucumán tanto la empresa SAT como la empresa EDET, ambas prestatarias de un servicio deficiente (tal y como lo atestiguan montañas de denuncias), abusan de sus usuarios de manera impune. Los nuevos aumentos tarifarios que la SAT ya anunció, junto a los que EDET anunciará en poco tiempo, sumados al hecho de que las inversiones en infraestructura a partir de la cual lucran las empresas privadas las hacen con dinero que sale directamente del bolsillo del usuario, son muestras de que no hay límites tangibles para los monopolios provinciales, y que el ejercicio de nuestros derechos depende de su voluntad. Los organismos oficiales destinados exclusivamente a controlar el desempeño de ambas empresas brillan por su inactividad, y demuestran que sólo existen para que funcionarios del gobierno les consigan empleos a familiares, amigos y conocidos.
Con el servicio del gas (en concesión a la empresa GASNOR) no existen estos inconvenientes tan pronunciados, puesto que su órgano de control, ENARGAS, no depende del Estado provincial sino del nacional, y cuenta con un envidiable grado de autonomía y distanciamiento del Poder Ejecutivo. Por ese motivo en el asunto del gas hay una mayor seriedad y un compromiso más profundo con la parte más débil, cosa que no pasa con el agua y la electricidad de Tucumán.

El entreguismo

Hoy en día se puede decir que los impuestos que los tucumanos pagamos son lo que mantiene a flote a la provincia (y la fuente de dinero con la que se enriquecen ilícitamente todos los corruptos que se escabullen detrás de un nombramiento oficial). En realidad ello no tiene nada de reprochable, excepto por el hecho de que las abultadas recaudaciones que todos los meses el gobernador Alperovich festeja no se restituyen íntegramente a la provincia. En efecto, dado el sistema abiertamente antifederal de recaudación y redistribución de impuestos que funciona en Argentina, Tucumán genera más dinero del que gasta.
En un artículo publicado en La Gaceta (25/09/10), el periodista Álvaro Aurane escribe:

En Tucumán, desde que el alperovichismo gobierna, [el presupuesto provincial] es un enigma: no le entregan copia de ese cálculo de recursos y de gastos ni a los legisladores: se vota y se aprueba algo que se ignora.
Siete años y $ 35.000 millones después, el alperovichismo muestra kilómetros de pavimento y hectáreas de expedientes sobre una inseguridad pavorosa. No debatir presupuestos es no discutir programas de Gobierno, lo que lleva confundir “cordón cuneta” con “gestión pública”.

En el mismo texto Aurane señala que si se comparan los aportes que Tucumán recibe desde las arcas nacionales, queda en evidencia que nuestra provincia no es una privilegiada en ese aspecto. La Nación –secuestrada por el kirchnerismo– no sólo le entrega a Tucumán menos dinero que a otros Estados que forman parte de la Confederación, sino que además retiene lo que en principio nos corresponde:

Pero la pauta nacional también desnuda el comportamiento de quienes administran la provincia que fue cuna de la Independencia y que ahora sólo cría dependencia con el Gobierno central. El alperovichismo no tiene demandas con la pingüinera. Por caso, la oposición ha documentado que, entre retenciones indebidas a la coparticipación federal y la insuficiente distribución del Impuesto al Cheque, el Gobierno local debía exigir (como lo hicieron otras seis provincias) el equivalente a la deuda pública que, justamente, Tucumán tiene con la administración central. En lugar de ello, se renunció a toda demanda al respecto a cambio de que el pasivo provincial (duplicado por esta gestión) fuera reprogramado a 20 años. Es decir, se renunció a una fortuna a cambio de seguir debiendo lo que ya se debía.

Para sintetizar lo expuesto, la conclusión (la triste conclusión) es que en Tucumán se pagan sueldos que están entre los más bajos del país mientras que, a su vez, se tributan impuestos altísimos, y como “premio” por todo ello los tucumanos tenemos que pagar una deuda pública que no nos corresponde.

pulso.tucuman@gmail.com

Érase una vez una fuente de vida

2010-09-26T00:20:00.000-07:00

El pasado viernes, el Nuevo Diario de Santiago del Estero publicó un artículo en el que señala que “un equipo técnico del Comité de Cuenca Salí-Dulce estuvo realizando monitoreos en las aguas de los ríos tucumanos tributarios al embalse de Río Hondo y los resultados obtenidos no fueron los mejores, porque el oxígeno detectado en algunos cursos de agua fue cero.”
Lo que la nota informa es preocupante. Ya el mes pasado el pueblo santiagueño expresó su indignación ante los miles de peces que aparecieron flotando muertos en las aguas del dique El Frontal. Ahora esta nueva noticia sólo anuncia la inminente ejecución de nuevas matanzas masivas de animales acuáticos en la vecina provincia.

A la hora de buscar a los responsables de esta triste situación que afecta al normal desarrollo de las actividades agrícolas y pesqueras en la zona, todos saben cuáles puertas golpear: la de los ingenios que fabrican bioetanol. En efecto, los ingenios Santa Rosa, La Trinidad, Santa Bárbara, La Corona y, especialmente, La Florida han estado, a lo largo del año, arrojando nocivos deshechos a los ríos y arroyos que forman parte de la cuenca Salí-Dulce. Tan tremendo fue el desastre que causaron, que –tras la campaña de la prensa y los políticos de Santiago del Estero promovida para explotar el interés de la ciudadanía santiagueña por la salvación de la fauna ictícola– finalmente se consiguió que los industriales responsables de esos cinco ingenios se comprometiesen a tomar medidas reales para frenar la destrucción que impulsan. Hasta ahora se han visto a algunos ingenieros realizando obras de urgencia en los ingenios citados, pero la gente que habita en el área asegura que los horrendo olores que trajo la fabricación de bioetanol aún persisten, y que las aguas todavía se ven peligrosamente obscuras.
Junto a los deshechos de los ingenios, quienes empobrecen el agua de la cuenca Salí-Dulce son los efluentes cloacales, que empresas negligentes y corruptas como la SAT deberían de hacerse cargo pero que de hecho no lo hacen (como bien está probado con las plantas de tratamiento de líquidos cloacales que duermen en la ociosidad, siendo la planta de San Felipe el caso más ejemplar en ese sentido). La minera La Alumbrera de Catamarca, que cuenta con la vergonzosa autorización de la Universidad Nacional de Tucumán, contribuye también con el envenenamiento de las aguas locales. Los basurales que manchan el territorio a lo largo y ancho de la provincia –con Pacará Pintado a la cabeza– ciertamente aportan lo suyo para destruir nuestro medio ambiente y el de las generaciones futuras. Y no hay que olvidar al resto de las industrias de la provincia (la citrícola Citromax, la Compañía Argentina de Levaduras, la Papelera Sarandí, sólo por nombrar a algunas) que si bien no tienen el mismo poder ni el mismo capital que los gigantes azucareros, gozan si de la misma impunidad para causar daños ecológicos graves y salir libres de toda acusación.

Sobre la poca habitabilidad de Villa Carmela

2010-09-23T22:52:00.000-07:00

Villa Carmela

Mientras que, gracias a la proliferación de la obra pública, el municipio de Yerba Buena vive una “revolución” (según la pretenciosa expresión del gobernador Alperovich), la comuna de Villa Carmela parece muy alejada de ese tipo de proceso.
Si le tuviéramos que creer al blog oficialista “Construyendo mi ciudad”, entonces pensaríamos en Villa Carmela como un pueblo encaminado hacia el crecimiento sostenido. Sin embargo al recorrer la localidad salta a la vista lo evidente: es urbanización lo que le hace falta a Villa Carmela.
El alumbrado público, por ejemplo, tiene la costumbre de funcionar durante el día, y de apagarse durante las noches –sospechamos que tal vez es para compensar el gasto.
Las calles pavimentadas son pocas en comparación a las que aún esperan ese beneficio, pero, quizás para que las de tierra no se sientan celosas de sus primas asfaltadas, mucho del pavimento actualmente existente en la localidad necesita de refacciones urgentes: para citar sólo un caso podríamos recordar que los caminos que transitan los colectivos de la línea 106, debido justamente a la circulación (aunque no muy constante) de vehículos pesados, se hallan en pésimas condiciones dada la enorme cantidad de baches y grietas que presentan.
Otro drama frente al que los vecinos de Villa Carmela deben sobrevivir año a año tiene al agua como protagonista. Por un lado está el problema de que cada vez que llueve, el agua que baja por las arterias del barrio Los Sauces convierte a las calles en pequeños arroyos, dejándolas después en un estado de triste deterioro. Y por el otro lado es común la tragedia de la escasez de agua, suceso que afecta profundamente la vida de los vecinos, especialmente durante los calurosos e interminables días de verano en el pedemonte tucumano (y que hace que la empresa responsable por brindar el servicio, es decir la naufragada SAT, invente excusas ridículas como el “vandalismo” para justificar su deficiente prestación).

La inseguridad es también un grave flagelo. En la última década Villa Carmela ha crecido considerablemente en su aspecto demográfico. Consiguientemente nuevas barriadas se incorporan al núcleo urbano, pero el único destacamento policial encargado de proteger a los ciudadanos sigue siendo la comisaría de San José. Muchos vecinos han exigido la apertura de, al menos, una nueva comisaría (pero, claro, una que en lo posible no sea motivo de vergüenza, como lo es la infame comisaría de El Manantial).
Y el asunto de la higiene es la otra herida abierta en Villa Carmela. La recolección de basura es insuficiente, lo que hace que las microbasurales se multipliquen, emergiendo especialmente en los terrenos baldíos. A ello hay que sumarle el hecho de que, debido a la falta de cloacas, muchos vecinos optan por descargar los desagües de sus hogares en la vía pública con el propósito de que no se les llenen los pozos sépticos.
Es probable que alguien –fundamentalmente alguien partidario de Fabián Assan, el actual Delegado Comunal de la localidad– arguya que los principales culpables del calamitoso estado de Villa Carmela son los vecinos. El hecho es que a Villa Carmela le falta identidad: muchos vecindarios se identifican, simplemente, con el número de casas, y son incontables las calles que no están señalizadas. Esto hace que, lógicamente, el vecino de la localidad vea al lugar en el que vive no como un verdadero barrio, sino simplemente como una sumatoria de terrenos yuxtapuestos. De ese modo son pocos quienes se generan la idea de pertenencia, de arraigo a un terruño, lo que hace que el propio vecino de Villa Carmela se avergüence de vivir allí, y se desinterese por el pasado, el presente y el futuro de su comunidad.

pulso.tucuman@gmail.com

El veneno que calma la sed

2010-09-14T16:29:00.000-07:00

Si la provincia de Tucumán estuviese gobernada por políticos comprometidos con el pueblo –es decir por gente con verdadera conciencia cívica–, hace mucho tiempo que el desempeño de la Sociedad de Aguas del Tucumán habría sido entonces seriamente cuestionado por el poder oficial. Si los políticos oficialistas tucumanos fuesen funcionarios cuyos intereses personales no se mezclaran con los asuntos públicos, hace mucho tiempo que la Sociedad de Aguas del Tucumán habría sido ya jaqueada por una ciudadanía que no recibe respuesta alguna ante sus problemas. Sin embargo a Tucumán la gobierna quien la gobierna, y por ese motivo la SAT sigue funcionando igual que siempre, completamente impune ante una lluvia de críticas por parte de los usuarios.
La protesta que hace unas semanas se desencadenó en el barrio Nevado de Concepción ejemplifica perfectamente lo que apuntamos en el párrafo anterior. Al abrir los grifos en los hogares de esa parte de Tucumán, era posible ver correr a un líquido obscuro, que transportaba arenillas y hasta larvas de insectos. Evidentemente el agua en ese estado no es apta para el consumo humano, y actualmente es muy común encontrar a gente del Nevado en Concepción afectada por problemas de salud, fundamentalmente gastrointestinales. Hartos de esa situación, los damnificados salieron a la calle.
Detrás del estallido de los vecinos hay una miserable disputa entre la SAT y el Aero Club local que gira en torno a la explotación de un pozo que serviría para abastecer de agua de mejor calidad a la gente de Concepción. La SAT, aprovechando que es inmune ante cualquier objeción que se haga en su contra, y disfrutando del hecho de que jamás es sancionada por incumplir o prestar un servicio defectuoso, pudo presionar lo suficiente como para llegar a esta situación en la que un grupo de tucumanos se vio obligado a movilizarse para conseguir algo que debería llegar a sus hogares sin ningún tipo de inconveniente.
Mientras tanto, en el municipio de Yerba Buena se dio a conocer un informe que indica que la calidad del agua que buena parte de la población consume es paupérrima y no debería llegar en ese estado a los hogares y a los comercios de la zona. Ante la denuncia, Daniel Toledo, el intendente de la localidad, desacreditó a la fuente. Y al poco tiempo el propio gobernador José Alperovich salió a respaldar a su operador municipal.
Quien también recibió pleno respaldo de Alperovich y su séquito fue Alfredo Calvo, que es el actual titular de la SAT. Duramente atacado por los políticos de la oposición (especialmente por los concejales capitalinos que se oponen a Amaya), e investigado por la justicia ante una denuncia de contaminación ambiental por el colapso del sistema cloacal de San Miguel de Tucumán y alrededores, Calvo parece inamovible de su puesto, lo que significa que la SAT seguirá por un tiempo funcionando de la misma pobre manera en que lo hace ahora.

Lo que las cámaras no muestran

2010-09-08T00:10:00.000-07:00

En el pasado mes de julio publicamos en este blog dos artículos sobre la instalación de cámaras de vigilancia en las ciudades de San Miguel de Tucumán y Yerba Buena. En estos últimos días la prensa local se puso a analizar el tema con algo de detalle, tras oír al propio José Alperovich anunciar la puesta en marcha del proyecto. Así en el diario El Siglo escribieron sobre el asunto y utilizaron las declaraciones de Ricardo Bussi para expresar las dudas con respecto al éxito de la propuesta. En El periódico, en uno de esos artículos escritos sin editar que diariamente publican en el sitio web, también criticaron al gobierno. Pero el artículo más completo fue el que publicó La Gaceta (07/09/10) bajo la firma de Roberto Delgado, el Prosecretario de Redacción.

Delgado escribe algo similar a lo que nosotros ya escribimos (al sostener que es más probable que la cámara no evite el delito, sino que sirva simplemente para dejar constancia de que ha sucedido), pero a la hora de citar experiencias similares de otras latitudes refiere a informes positivos en los municipios de Salta y de San Isidro, y omite hablar, por ejemplo, de lo acontecido en Mendoza, donde los operarios utilizaban las cámaras de monitoreo para observar lo que sucedía dentro de casas y departamentos. Si nosotros tenemos ese dato crucial para señalar posibles fallas graves del proyecto, no se puede pretender que un periodista de alta responsabilidad en la producción de contenidos de La Gaceta no lo tenga también, sin sospechar de nada extraño detrás.
Lo que nos sorprende del tema es que Alperovich dijo que para que la videovigilancia tucumana funcione plenamente, es necesario duplicar la inversión original. Sabemos que detrás de este asunto está el pulpo monopólico de Telefónica SA, empresa que no sólo domina en el ámbito de las telecomunicaciones, sino que además pretende encabezar el control sobre los medios masivos de comunicación a nivel mundial (la batalla del kirchnerismo contra el Grupo Clarín cuenta con pleno respaldo de Telefónica, del mismo modo que la batalla que el gobierno de México dibuja actualmente contra Televisa y TV Azteca tiene al mismo aliado). Telefónica SA posee TELEFÉ, que en nuestra provincia se materializa bajo el nombre de “Canal 8”, seguramente el destinatario futuro de las imágenes impactantes que las cámaras de seguridad capturen.
Además de la televisora, en Tucumán son las firmas GPSAT, Discar S.C. y Aspen SRL quienes van a recaudar millonariamente ante esta maniobra para conseguir frenar la sensación de inseguridad, pero sin lograr disminuir verdaderamente el delito.

pulso.tucuman@gmail.com

El interminable naufragio de San Pablo

2010-09-07T20:11:00.000-07:00

San Pablo

El progreso y la superstición

San Pablo es una comuna rurbana de Tucumán situada a unos 8 kilómetros al sur de Yerba Buena y a unos 7 al norte de Lules. Actualmente viven allí alrededor de diez mil personas. Durante las últimas dos décadas la localidad creció significativamente en su aspecto demográfico, llegando casi a duplicar su número de habitantes en ese lapso. Este importante incremento poblacional se produjo ajeno a toda planificación comunal, lo que significó la proliferación de asentamientos marginales en diversos puntos del pueblo. Cientos de jóvenes familias, huyendo de la pobreza que agobia a los otros departamentos tucumanos, emigraron a San Pablo en los últimos 20 años con el propósito de probar suerte en la cosecha de limones o para buscar trabajo como personal doméstico en hogares y comercios de Yerba Buena o de San Miguel de Tucumán.
Hoy en día San Pablo, a causa de su crecimiento, padece de un evidente déficit en materia de infraestructuras. Algunos atribuyen este fenómeno a la clausura del ingenio San Pablo a mediados de la década 1990, que, tras una larga agonía iniciada en 1989, dejó a la ciudad naufragando en el abandono. Suponen que de existir la fábrica, ésta habría amortizado los cambios. Pero sostener eso es olvidar la historia.

En efecto, el ingenio de San Pablo –al igual que, lamentablemente, todos los demás ingenios tucumanos– nunca contribuyó verdaderamente a garantizar el bienestar de la población. Si junto a San Pablo tomamos los casos de Santa Ana y Santa Lucía, observaremos que esas imponentes fábricas operaron durante muchísimas décadas azotando al medio ambiente y explotando con dureza a los trabajadores. El notorio contraste existente entre la oligarquía azucarera y el resto de la gente que trabajó para ellos demuestra cuál fue la verdadera dinámica de desarrollo humano impulsada por los ingenios: de un lado la opulencia, el despilfarro y el lujo, y del otro la humildad, la moderación y la carencia; de un lado la eufórica ebriedad de sentirse capaz de construir el orden y moldear la ley gracias a estar parados sobre una montaña de dinero, y del otro la vergonzosa sobriedad de sentir que el propio porvenir depende de empresas que suponen que sus acciones productivas son un generoso favor que le hacen a la comunidad.

Ciertamente a fines del siglo XIX y principios del XX los ingenios se convirtieron en pintorescos parajes cuasi-europeos empotrados en medio del mundo subtropical. Los visitantes ilustres solían recorrer con entusiasmo estos lugares, maravillados al constatar que la técnica occidental avanzaba sobre regiones indómitas. Ello hizo que durante décadas las patronales derramasen un mínimo de sus ganancias para ejecutar programas de responsabilidad social empresarial de carácter más filantrópico que cívico. Es decir, detalles como las casas construidas por los ingenios destinadas a los empleados de mayor jerarquía, o los diseños territoriales propuestos por los industriales para organizar las localidades circundantes –cosas que aún siguen en pie en la actualidad– representaron siempre el poder que los dueños del azúcar tenían (y, en muchos casos, todavía tienen) sobre quienes trabajaban para ellos.
El tren y el Familiar, el progreso y la superstición, fueron los símbolos que representaron que el ingenio era capaz de dar y de quitar según su voluntad, fueron los símbolos que indicaron que miles de tucumanos crearon pueblos enteros –como San Pablo– no para habitar en ellos según las virtudes del régimen republicano, sino para que los industriales pudiesen ejercer su hasta hoy impune biopoder.

Postales del Tucumán pavimentado

La habitabilidad en San Pablo es una cuestión precaria. La red de agua, por ejemplo, es insuficiente para varias zonas, por lo que los cortes crónicos del suministro o la presión escasa son moneda corriente. Los barrios Villa Rosario, Alberdi, Toledo y Colonia 4 son los que más padecen este problema. Mucha del agua consumida en esa parte del pueblo no es potable (no existe planta potabilizadora alguna en las cercanías); en su gran mayoría el agua proviene de una vertiente serrana, lo que hace que el líquido vital no sea lo suficientemente seguro para quien lo beba o se higienice con él.
Las cloacas parecen una excentricidad en San Pablo. La gente está condenada a vivir con pozos ciegos al borde del colapso o letrinas poco higiénicas.
El humo de los incendios en época de zafra y las inundaciones que se apoderan de algunas callejuelas y se filtran en el interior de las casas son asuntos periódicos que parecieran inevitables, como si fuesen una suerte de castigo bíblico impuesto por algún pecado que nadie puede recordar.
La electricidad resulta deficiente en algunas partes de la localidad, siendo muchas veces muy baja la tensión, especialmente en lo que respecta al alumbrado público. Las conexiones clandestinas, con todos los peligros que eso representa, son comunes en las áreas más carenciadas.
El gas natural es otro servicio casi ausente, lo que obliga a un amplio número de vecinos a vivir según los antojos de quienes controlan el negocio de venta de gas envasado. Después de que los Nougués –los dueños del ingenio por más de 100 años– se retirasen de San Pablo, muchos títulos de propiedad de los paulistas quedaron en una suerte de nebulosa legal, lo que en cierto punto impide hasta el día de hoy que se normalice el acceso al tan necesario gas natural.
Lo curioso es que en San Pablo algo más del 50% de las calles están pavimentadas. Y recientemente corrió el rumor de que en instituciones educativas de la zona iban a entregar las famosas netbooks a los alumnos, pese al hecho de que las conexiones a Internet aún son imposibles en buena parte de San Pablo, debido a que los proveedores de ese servicio no han hecho las renovaciones correspondientes.
Un caso aparte es la Universidad San Pablo T, propiedad del grupo empresarial que lidera Jorge Rocchia Ferro. Esta institución –ubicada en el corazón de San Pablo, emplazándose y refuncionalizando los marchitos edificios del ingenio– no tiene ningún problema de gas, agua o electricidad y su conexión a Internet rara vez se cae. De lunes a viernes recibe decenas de alumnos y profesores residentes en otras partes de la provincia, cuya única relación con la comuna es el tránsito obligatorio por un par de calles para llegar desde la ruta hasta el interior del campus.
Muchos memoriosos recordarán que en enero de este año la sede de la Delegación Comunal fue allanada por orden del Poder Judicial, pues sobraban las denuncias sobre manejos discrecionales y sobornos en torno al programa Argentina Trabaja. Ahora se anunció que Alperovich, con los ojos puestos en las elecciones del año que viene, entregará una partida especial de casi medio millón de pesos a las autoridades de esa misma Delegación para hacer obras “de impacto político”. Es decir, el futuro próximo de San Pablo se traduce en más pavimento, más corrupción y más naufragio.

pulso.tucuman@gmail.com

Amenaza la prisión, ¿funcionará el PRI?

2010-08-21T00:56:00.000-07:00

Juicio a La Corona

Esta semana se supo que directivos de la empresa Azucarera Argentina, propietaria del ingenio La Corona, serán procesados por la justicia federal. Se acusa a la fábrica de violar la ley 24.051 que castiga a quienes se deshacen de residuos peligrosos sin someterlos a un adecuado tratamiento para evitar contaminar el medio ambiente.
El ingenio La Corona, ubicado cerca de la ciudad de Concepción, es sólo uno entre quince ingenios en la provincia de Tucumán. Los otros catorce difícilmente puedan certificar que desarrollan sus actividades de un modo radicalmente distinto al del ingenio concepcionense. Nos encontramos, por tanto, profundamente afectados por la industria local.
A diferencia de lo que sucedió en 2007 con la clausura del ingenio San Juan promovida por el gobierno de Alperovich (según dicen, a modo de escarmiento por no alinearse a sus intereses), esta vez es el Poder Judicial el que decidió proteger la salud de miles de tucumanos. Y su modo de actuar fue el más coherente, pues en lugar de ordenar el cese de actividades de una fábrica que da trabajo a muchísimas personas, directamente embistieron contra los responsables de dicha fábrica y es a ellos a quienes buscan hacer pagar por su negligencia y por su desinterés por la continuidad de la vida planetaria.
De todos modos es difícil saber cómo puede llegar a concluir todo esto. Si se recuerdan otros casos similares en los que directivos de empresas acusadas de contaminación ambiental tuvieron que sufrir procesamientos judiciales, el escenario no es muy esperanzador. Por ejemplo el caso de Minera La Alumbrera bien lo ilustra: Julián Rooney, un alto directivo de una empresa que destruyó el paisaje catamarqueño y pervirtió las aguas de cuatro provincias, tuvo que comparecer ante la justicia y, pese a todo, salió libre, quedando todos sus delitos impunes.

Repercusiones en Santiago del Estero

La aparición de miles de peces muertos flotando en el Dique El Frontal (algo así como cuatro toneladas de cadáveres) generó indignación entre los santiagueños y furia entre sus autoridades provinciales. Tal es así que los siete diputados nacionales santiagueños, todos pertenecientes al oficialismo, llevaron el tema al Congreso Nacional. Lamentablemente en la prensa nacional el asunto tuvo muy poca repercusión, ya que por estos días los medios adictos al gobierno y la corporación mediática están más preocupados en atacar o defender a los negocios de un ejecutivo de Clarín en Corrientes, que en informar acerca de lo que sucede en la provincia del fiel aliado del matrimonio Kirchner.
Un grupo de abogados termenses decidió elevar una denuncia civil contra diez ingenios los cuales, según afirman sin dudar, son responsables de contaminar la cuenca Salí-Dulce al punto tal de volverla letal para la fauna que la habita. La acción legal se suma a otras ya existentes.
A los santiagueños, según se aprecia en la prensa de allá (desde las páginas del popular matutino El liberal hacia abajo), les preocupa el desastre ecológico. La fauna ictícola ha sido arrasada en estas últimas semanas, y expertos temen que, de continuar la contaminación a este ritmo, al cabo de un breve tiempo directamente se presencie la extinción de una variedad importante de peces y animales acuáticos.
Molesta a los santiagueños además el hecho de que una ciudad turística como Termas de Río Hondo, donde todo se piensa en función de generar una agradable imagen para los visitantes, tenga que convivir con tantos animales arrancados de la vida a causa del agua violentada en la que se mueven. Indican los diarios santiagueños que muchos pescadores se ven en estos días privados de su fuente de ingresos (peces que suelen distribuir en restaurantes de la zona), y que incluso hay quienes han recogido varios kilos de animales muertos con el propósito de venderlos a precios baratos a pescaderías de nuestra provincia.

Causas de la matanza

Javier Lima, un biólogo de la UNSE, sostiene que matanzas masivas de peces como la que ocurrió este año van a ser habituales mientras “se sigan arrojando residuos orgánicos producto de los ingenios, de las empresas citrícolas, de los desechos cloacales de la ciudad de Tucumán y de otras que hacen lo mismo, además del basural que tiene esa ciudad a escasos cien metros del río Salí.”
En este blog tucumano de análisis ecosociológico hemos escrito sobre lo que Lima señala: las citrícolas, los basurales, los desechos cloacales, y especialmente los ingenios. El año pasado, varios meses antes de que aconteciese este desastre de los peces, abordamos el asunto de la problemática en torno a un residuo industrial conocido como “vinaza”, que se produce en grandes cantidades cuando se utiliza la caña de azúcar para fabricar alcohol. Con la fabricación de biocombustibles en nuestra provincia, las cantidades de vinazas producidas por la industria crecieron desmesuradamente, y todos coinciden en apuntar que es este líquido el que mayor daño le hace a la cuenca Salí-Dulce.
Actualmente, de los quince ingenios tucumanos, sólo cinco están elaborando bioetanol y arrojando litros y litros de vinaza indiscriminadamente a los ríos (hay otros que producen alcohol pero no para ser mezclado con nafta, por lo que su producción de vinaza es de un volumen mucho más pequeño). Nos referimos a Santa Rosa, La Trinidad, La Florida, Santa Bárbara y La Corona. Los tres últimos, particularmente, han estado fabricando bioetanol de modo constante desde que comenzó la zafra de este año, mientras que los dos primeros, en cambio, han hecho numerosas pruebas pero aún no han comenzado a producir el biocombustible de manera diaria y continua. La Corona, aunque por otros motivos, ya cayó en manos de la justicia; La Florida camina por esa cornisa, después de que se denunciase lo que le hace a Las Cejas. Del Santa Bárbara se espera que corra la misma suerte, considerando que en Monteros (lugar donde está ubicado) además del ingenio enturbiando las aguas, están los basurales que el intendente Olea no ha logrado erradicar y está también la planta de tratamiento de líquidos cloacales de la SAT –inaugurada en su momento con toda pompa y demagogia– completamente paralizada.
De los biocombustibles se sabe, por ejemplo, que son parte de una estrategia de empresas multinacionales –históricamente acusadas de contaminación ambiental– para fingir interés por la ecología, que son culpables indirectos de la escasez de azúcar en los hogares argentinos, que son la posibilidad que encontró la oligarquía azucarera para castigar al pueblo tucumano como siempre lo ha hecho, que son lo que justifica la progresiva monopolización del campo de Tucumán en manos de los industriales, y que son un factor que contribuye a la pérdida de soberanía alimentaria en este país cuya política exterior es una farsa (para más detalles véase el capítulo sobre FUEGO –“La verde antorcha de Prometeo”– en nuestro libro digital gratuito El jardín desflorado). Ahora hay que sumarles el ser los asesinos menos tímidos de los peces de las provincias de Tucumán y Santiago del Estero.
A los ingenios siempre se los ha acusado de explotar a sus empleados. El siglo XX está atravesado por las luchas de los trabajadores de los ingenios en contra de los abusos de la patronal. Desde el retorno de la democracia, sin embargo, a la queja contra la explotación se le sumó paulatinamente la queja contra la contaminación ambiental. Hace 25 años que la sociedad presiona para que los ingenios empiecen a comportarse como una parte de la comunidad y no como sus dueños. Sus arreglos políticos les han dado suficiente margen como garantizar su impunidad. Pero frente a tan patente testimonio de su atropello de poder no pueden hacer más que tambalearse, más si los ciudadanos tucumanos se unen como los santiagueños para obligar a que sus derechos sean respetados.

El malevaje

2010-08-19T00:11:00.000-07:00

Inseguridad en Tucumán

La inseguridad en nuestra provincia es un fenómeno muy real. Día a día muchos tucumanos son víctimas de los delincuentes que utilizan diversas metodologías (algunas con mayor violencia que otras) para apropiarse de lo ajeno. Según una encuesta realizada a 950 lectores de La Gaceta Online, el robo con violencia en la vía pública es el delito más común en territorio provincial, seguido del hurto de objetos personales y el robo en viviendas. Quienes poseen vehículos, además, deben andar doblemente atentos, pues en Tucumán es bastante alto el número de sustracciones de objetos ubicados en el interior de los vehículos y el vandalismo sobre los mismos. Por una cuestión de cantidades, también se puede afirmar que son más comunes los robos de motos, ciclomotores y bicicletas que los robos de autos, camionetas y camiones.
De todos modos lo que vuelve a la situación más preocupante es la cantidad de víctimas de estafas y de actos de corrupción. Con respecto a los delitos contra transeúntes, vehículos o viviendas siempre se puede sospechar de que las autoridades hayan “liberado zonas” para permitirles a los delincuentes actuar impunemente, pero cuando hay estafas o casos de corrupción uno constata que el Estado está haciendo poco para garantizar la seguridad de sus ciudadanos o que directamente lo está haciendo mal.
Hay todo tipo de estafas. Nuestro Código Penal, por ejemplo, tipifica y sanciona el delito de “usura”, y sin embargo por todo Tucumán pululan las famosas “financieras” que ejecutan prácticas usurarias de manera impune. Muchas de ellas cuentan con “protección” de la policía. Ello representa un inobjetable acto de corrupción policial, un mal que está muy arraigado entre las fuerzas de seguridad de la provincia.

Los hijos del “Malevo”

En Tucumán la policía puede ser corrupta pues la manera de ejercer su autoridad les otorga bastante impunidad, ya que el control ciudadano de la fuerza es inexistente. En efecto, si algo caracteriza a la policía de este país, y más a la de esta provincia, son sus –llamémoslos– “modales fuertes”. Muchos policías, a partir de la asimilación de dichos modales, desarrollan con el tiempo hábitos de conductas autoritarios que aplican cotidianamente mientras se desempeñan en sus puestos de trabajo. De allí que el abuso de autoridad sea una constante en muchos miembros de la fuerza del orden, especialmente cuando se dirigen hacia los jóvenes. Y al instalarse en ellos esa práctica en la que la policía no tiene techo en sus acciones, entonces la idea de que pueden obrar impunemente se va volviendo más real, allanándosele el camino para el ejercicio de la corrupción (aunque, en honor a la verdad, también hay que señalar que un buen número de policías corruptos no necesariamente abusan de su autoridad, pero si la mayoría de los que efectivamente lo hacen son bastante propensos a corromperse).

Un ejemplo muy nítido de este tipo de policía es el infame Mario Oscar “El Malevo” Ferreyra. Ferreyra, por su mano dura, ganó la simpatía de muchos tucumanos, pero fue principalmente de quienes no fueron víctimas suyas. Ferreyra no sólo fue violento contra delincuentes, también lo fue contra mucha gente que jamás cometió crimen alguno. Y lo era porque se creía impune, conocía perfectamente cuál es el límite entre lo legal y lo ilegal y procuró siempre delinquir de manera tal que sus actos quedasen ocultos o encubiertos o silenciados.
Cada tanto nos enteramos de puebladas en contra de la policía de Tucumán, especialmente en el sur de la provinicia, donde la cantidad mensual de delitos es preocupante. En enero, por ejemplo, muchos vecinos de Ciudad Alberdi se organizaron para repudiar la ineptitud con la que la policía de esa ciudad suele obrar, y para exigir que la fuerza responda primero a las necesidades de la ciudadanía y no a las propias. En junio, la gente de Ranchillos enfrentó a un comisario digno discípulo del Malevo. Y en Monteros pasó algo similar que consiguió ser, de algún modo, atemperado por el intendente Olea.
Estos eventos son expresiones de descontento que dejan en claro que, para los tucumanos, la policía tiene que estar para hacer de los espacios públicos un lugar seguro y habitable, y no para colaborar con el delito –ya sea a través de la omisión o a través de la connivencia en su accionar.

Del lado de (afuera de) la ley

Durante buena parte de 2007 muchos vecinos de la localidad de El Manantial vivieron con terror a ser asaltados por una banda de delincuentes que azotaba la zona. Conocidos como “la banda de los encapuchados”, estos malvivientes acostumbraban a moverse en traffics, ingresar por la fuerza y sorpresivamente en las casas, tomar de rehenes a los moradores, y llevarse todo aquello de valor que estuviese a su alcance. Nunca se atrapó a ningún miembro de esa banda. En su momento se sospechó que había miembros de la policía provincial involucrados en las maniobras del grupo, pero todas las investigaciones en esa línea quedaron truncas.
Si se consulta la sección de “policiales” de los diarios del país salta a la luz un hecho llamativo: muchos delincuentes que son atrapados tras cometer algún delito resultan estar domiciliados en otras provincias. Los ladrones tucumanos aparecen en gran número en Santiago del Estero y Salta, pero también en Santa Fe, Córdoba o Buenos Aires. Es poco probable que esa gente obre por cuenta propia. Si delinquen es porque son contratados para ello. Y entre quienes contratan es posible hallar no sólo a otros delincuentes de carrera, sino también a otro tipo de gente, como policías, gente de seguridad privada e, incluso, agentes de inteligencia del Estado.
También hay casos en los que los propios policías se incorporan a este programa informal de intercambio de delincuentes y operan en otras provincias, donde –dada su estadía efímera– son más difícil de rastrear por los investigadores.
Un problema grave es que una vez que los criminales son capturados, su carrera delictiva continúa desde los penales, ya que muchos guardiacárceles les dan “pases” temporales a los reos para realizar robos y luego retornar al abrigo de la prisión.
Y detrás del asunto de la droga –algo que se ha vuelto un verdadero flagelo en Tucumán– no faltan policías corruptos que, involucrados en cadenas más amplias que incluyen a miembros de la familia judicial, de la corporación política, y a prohombres de la sociedad civil, desarrollan ese negocio que sólo sirve para pauperizar la calidad de vida de quienes se vuelven víctimas.

Una mirada sobre los teatristas de Tucumán

2010-08-16T16:14:00.000-07:00

Situación del teatro

La situación del teatro en Tucumán es particular. Actualmente se puede decir que, si se dejan de lado los grupos y compañías dramáticas que visitan estas latitudes, hay tres fuentes que producen este arte en la provincia: el Teatro Estable de la Provincia, la Universidad Nacional de Tucumán y los teatristas independientes. No es exagerado sostener que alrededor del 80% de la actividad teatral de Tucumán es obra del último grupo. Sin embargo el público que los teatristas independientes reúnen apenas sobrepasa el 20% del total de quienes consumen teatro. Este desequilibrio entre oferta y demanda es una cuestión a tomar en cuenta para pensar en el desarrollo de las industrias culturales en la provincia.

El teatro es un arte que ha estado muy presente en la sociedad tucumana a lo largo del siglo pasado, y sus dos hitos de mayor importancia han sido la creación del Teatro Estable en 1959 y la apertura de la carrera de Teatro en la Facultad de Artes de la UNT en 1984. Ambos eventos implican la institucionalización de la actividad y expresan la voluntad oficial de convertirla en una industria cultural floreciente. De todos modos si se examina la actualidad teatral tucumana, se comprobará que el florecimiento es pequeño y la institucionalidad es parcial.
En efecto, pese a que hoy en día esté en plena vigencia la ley provincial 7854, ley que está pensada para incentivar y apoyar al teatro independiente (que es aquel que producen, en su gran mayoría, los egresados de la carrera de Teatro de la UNT, y que se realiza en una de las aproximadamente 20 salas que forman el circuito teatral independiente), aún así su funcionamiento está plagado de trampas. El problema, fundamentalmente, es que el teatro independiente debe afrontar año a año la progresiva reducción de su presupuesto. Y a eso se le suma el retraso en los pagos y la demora de las respuestas por parte del Ente Cultural de Tucumán.

Sobre la (im)prescindibilidad de la cultura

El teatro independiente es maltratado por las autoridades del Estado pues éstas lo consideran prescindible. Cómo el público que reúnen es escaso, entonces es sencillo marginarlos, ya que no tienen poder de movilización. Piensan que si los hacen desaparecer, van a ser pocos los que los extrañen, y por ese motivo el daño político que se hacen a ellos mismos es pequeño comparado con el que se harían si trataran del mismo modo a otros grupos que están amparados por políticas públicas.
Un intelectual vernáculo, Samuel Schkolnik, señala que “hubo tiempos en que el proscenio y la biblioteca proyectaban sus efectos en las calles y en las plazas. […] Esa exposición del ánimo colectivo a las manifestaciones más altas del espíritu es lo que ha cesado.” Y agrega: “algunas evidencias de tal cesantía son el imperio de la brutalidad en la vía pública, la indiferencia ante la destrucción del patrimonio arquitectónico, la crispación que campea en tantas vidas abundantes de urgencias pero escasas de horizontes.” Es decir, para Schkolnik es evidente que la mayor parte de la gente –desde los años que evoca hasta la actualidad– ha cambiado los modos de entretenerse, abandonando masivamente el teatro y los libros para reemplazarlos por la televisión, el cine, los videojuegos y las revistas.
Un poco después sostiene: “Ahora bien, podemos, si queremos, sacar las comillas de la palabra ‘cultura’, empleándola en su sentido antropológico. De esa manera, resultará que el rock, sus bandas y sus tribus, el fútbol y las suyas, los políticos y sus punteros, el tránsito y sus inspectores, son parte de nuestra cultura quizás más genuinamente que el Cancionero Popular de Tucumán”. Más allá de la visión elitista de este doctor en filosofía que considera que una expresión artística como el rock es axiológicamente inferior al teatro (lo de “sus bandas y sus tribus” posiblemente sea una manera de referirse a las subculturas juveniles), y dejando de lado a los políticos y a los inspectores de tránsito, es interesante lo del fútbol. En Tucumán, clubes como Atlético y San Martín reciben generosas subvenciones estatales a través de Decretos de Necesidad y Urgencia. El teatro popular es, hoy en día, el fútbol.
Para el gobierno tucumano el teatro –sobre todo el independiente– puede flotar a la deriva, pero el fútbol no puede ser abandonado bajo ningún punto de vista.

Teatro de situación

Resulta penoso encontrar a un grupo de gente peleando por obtener lo que les corresponde por ley, en lugar de estar empleando el tiempo y el esfuerzo en perfeccionar su actividad. La inconfesada excusa que utiliza el Ente Cultural de Tucumán para hacer un manejo discrecional de su presupuesto es la “calidad”. Del mismo modo que Schkolnik le negaría subvenciones al rock por no considerarlo un arte, el Ente Cultural, cuyo máximo responsable es Mauricio Guzmán, le mezquina dinero al teatro independiente por considerarlo inferior a lo que produce el Teatro Estable.
La calidad de una obra artística depende del espectador: lo que es una obra excelente para algunos puede no serla para otros, y viceversa. Desde ese punto de vista muchos teatristas se escudan diciendo que son maltratados por el gobierno provincial pues sus propuestas “jaquearían” de algún modo a ese mismo gobierno. Y desde el Ente Cultural (apoyándose en lo que sostiene el Instituto Nacional de Teatro) arguyen que hay muchas obras que son pésimas, que de artístico no tienen ni la intención, y que ello es razón suficiente para no andar regalando el dinero.
En este escenario de acusaciones cruzadas el punto de conciliación está ausente, pues las dos instancias utilizan argumentos válidos: el teatro independiente si tiene un poder transgresor y es muy común que las cosas se hagan con más intención de conseguir dinero fácil que de sentirse recompensado en su labor artística por ese dinero. Entonces lo que hay que hacer es avanzar hacia el diseño de una política cultural seria, que no sea la mera pirotecnia alperovichista que pone en el escenario a Charly García y a la Bomba Gladys por la inocuidad de sus mensajes y por su garantizado poder de convocatoria.
El año pasado se organizaron varias manifestaciones de artistas independientes (teatristas y músicos) totalmente infructíferas. Fueron tan ignoradas sus demandas, que llegaron a asemejarse a los reclamos semanales de los jubilados. La causa de ello fue que un paro de músicos o de teatristas sólo a ellos les genera algún tipo de daño, pues así como el jubilado no es necesario para que la sociedad y el Estado funcionen normalmente, así también, según parece, se puede pensar al mundo sin teatristas independientes.
Entonces lo que el Estado debería intentar, trabajando junto al compromiso de los teatristas, es crear la necesidad. Si hay una necesidad de teatro, entonces una huelga de teatristas generaría malestar en la ciudadanía, y estimularía la solidaridad de ésta hacia aquellos. Y para que haya una “necesidad” de teatro hay que trabajar en torno a la construcción de la demanda, romper con el esquema del 80/20. No alcanza con armar un circuito teatral en San Miguel de Tucumán similar al que existe en Londres o París, es necesario que quienes forman parte de ese circuito lo amplíen en todas las direcciones posibles (llevar el teatro a las escuelas, a los clubes, a los barrios, etc.) y hacerlo con el apoyo y el acompañamiento del Estado, trabajando para valorar lo que emerge localmente, y contribuyendo a afianzar la identidad cultural regional.

Crónicas de la guerra dulce

2010-08-13T23:53:00.000-07:00

El origen de la cadena de la especulación

Una vez más se montó una operación para hacer escasear el azúcar y una vez más se acusó a los cañeros independientes de ser los culpables del asunto. Por ese motivo desde PULSO nos vemos obligados, una vez más nosotros también, a utilizar el blog para decir lo que usualmente se calla.
Sucede que, desde enero de este año, se viene produciendo un proceso crónico de escasez de azúcar, acompañado de una escalada de los precios finales del producto. Este fenómeno no es signo de un comportamiento normal de los mercados, sino que, por el contrario, es un testimonio bastante evidente de la manipulación de los mismos. Detrás de todo el movimiento del azúcar hay una larga cadena de especulación que involucra a muchos partícipes, pero cuyo origen es bastante fácil de identificar: los industriales.

Los conjurados

Toda esta situación irregular no es más que una maniobra de los ingenios destinada a elevar los precios de venta de su producción y fijarlos en cifras aterradoramente altas para un producto perteneciente a la canasta básica de alimentos.

Todo comienza en 2005, año en que los principales productores del mundo de caña de azúcar (Brasil, Australia y Tailandia) comenzaron a fabricar bioetanol de manera masiva. Ello disminuyó las cantidades de azúcar que las potencias azucareras exportaban y provocó que hubiese menos azúcar disponible para que los países que no son productores pudieran abastecerse del dulce alimento, por lo que los industriales de países como el nuestro se vieron con la posibilidad de encontrar en el extranjero una mayor demanda de su producción que en épocas anteriores. Históricamente el precio de la tonelada de azúcar destinada al mercado interno fue siempre superior al del azúcar destinada a la exportación, por lo que en Argentina sólo se exportaban (y a pérdida) los excedentes. Pero gracias a la disminución de producción generada por el bioetanol esa tendencia comenzó a revertirse. La cantidad de azúcar exportada fue creciendo año a año desde el 2005, y alcanzó su punto más alto en 2009 (en enero de este año hubo un pico de alza, que hizo que el azúcar de exportación valiese $ 3000 la tonelada, frente a los $ 2400 del azúcar de mercado interno); por esa causa en 2010 se produjo la escasez, ya que en los años anteriores los faltantes de azúcar eran cubiertos por lo producido en zafras anteriores: en 2007 fue el excedente de 2006 el que cubrió la demanda, en 2008 el de 2007, y en 2009 el de 2008, pero para 2010 casi todo el excedente de 2009 ya había sido exportado.
Ahora bien, la fiebre exportadora se debe a un arreglo entre industriales, especialmente entre un grupo de industriales que no compiten entre si, sino que se alían para controlar los precios. Esa colusión que apuntamos no es una denuncia nuestra, pues en esta provincia los industriales la anuncian abierta e impunemente. Veamos por qué lo decimos. Alejandro Poviña, el máximo responsable de los negocios de los ingenios que posee Atanor (Marapa, Concepción y Leales), dijo el 12/06/09: “Una de las salidas a la sobreoferta, que presiona el precio interno hacia abajo, son las exportaciones. Hay que dejar de entregar azúcar blanco al mercado para disminuir la oferta; de esta forma, se puede alcanzar un buen precio a futuro”. Allí anunció claramente lo que se desencadenó meses después.
Hay que comprender que para que lo que sostiene Poviña funcione, es necesario que todos los industriales se comprometan a hacerlo, de lo contrario el asunto fracasa para quien se larga a especular turbiamente. Vale decir no es lo mismo que un solo ingenio “deje de entregar azúcar blanca al mercado”, a que si lo hacen cinco, diez o los quince ingenios que funcionan en Tucumán (y que producen el 60% del azúcar que se consume en el país). Supongamos que si sólo diez ingenios deciden especular, entonces habrán cinco que les arruinen la estrategia diseñada para manipular el precio, cubriendo ellos parte de la demanda que los otros no cubren, y haciéndolos perder ganancias por estar esperando en lugar de lanzarse al mercado. Por ello, para que el plan Poviña tenga éxito, todos deben obrar del mismo modo.
Frente a esta artimaña el gobernador Alperovich, como era esperarse, está del lado de los ingenios codiciosos. El 23/06/09 dijo sin ambigüedades sobre las industrias que no se subieron a la ola especuladora: “Hay dos o tres ingenios que actualmente no están cumpliendo con estas medidas. No vamos a permitir que el esfuerzo lo haga el 90% de los industriales, y haya dos o tres vivos que no quieran exportar”. El ministro Jorge Gassenbauer reforzó la amenaza al día siguiente: “La idea es que cumplan todos con la exportación, y que no haya hijos y entenados en la actividad. Los que exportan están haciendo un esfuerzo que debe ser compartidos por todos”.
Las industrias golosineras fueron las primeras en comprender que los ingenios retenían azúcar para hacer crecer el precio a nivel local, puesto que la crecida del precio a nivel internacional les da respaldo suficiente a los industriales azucareros como para no tener que vender urgentemente su producción y así tener un margen para manipular el precio en Argentina. Sólo el grupo Arcor, productor de su propia azúcar, guardó silencio entre la gente de las golosinas.
De ese modo, al controlar la exportación de azúcar, los industriales controlan los precios del mercado interno. Tal vez fueron las represalias de Alperovich y Gassenbauer, o tal vez fue la explosión del precio internacional del azúcar en 2009 lo que convenció a esos tres ingenios díscolos; lo cierto es que ahora el pueblo tucumano (y el argentino) paga más de la cuenta por la codicia de una pandilla económica.

La maquila y el maquillaje

Durante el pasado mes de julio se multiplicaron las protestas de cañeros independientes. Reclamaban que se establezca un sistema de maquila para la producción de bioetanol, además de pedir una mejora en los precios de su caña (transformada en azúcar o en alcohol) que los ingenios exportan. Lo último lo consiguieron, aunque no en las condiciones que habían planteado, pero lo primero les fue negado.
La maquila es un sistema de producción basado en la cooperación empresarial que tiene por destino fortalecer economías regionales de carácter agrícola, ya que pone a todos los productores de un rubro (pequeños, medianos y grandes) dentro de un esquema de ayuda mutua. Es decir la maquila intenta equilibrar una cadena productiva. El problema es cuando uno de los miembros de esa cadena decide pisotear a los demás. Tal es el caso de los industriales azucareros, que se han aliado con los sectores obreros para erosionar a los cañeros.
En este ámbito quien es más pequeño es quien peor lo pasa. Usualmente los pequeños cañeros tienden a vender su caña a compradores que especulan con la misma. A estas aves negras se las llama “compradores independientes”, pero de independientes tienen muy poco, ya que suelen trabajar (o al menos estar financiados) por los ingenios. Esos compradores –que se manejan con warrants– son el principal instrumento para controlar la oferta, por ello el cañero Otto Gramajo, titular de CACTU, dice ante las acusaciones de Julio Colombres, presidente del CART: “Resulta que cuando cae el precio somos responsables por las sobreofertas, y ahora que el precio sube somos culpables del faltante. Eso no es así.”

La intacta mano que da de comer

El enfrentamiento entre el gobierno tucumano y el gobierno nacional cada vez que se impone un cupo a la exportación de azúcar es un clásico. Cuando el precio de venta de azúcar al exterior es favorable, los industriales azucareros salen desesperados a vender todo lo que pueden, ocasionando escasez a nivel local; lógicamente el gobierno nacional tiene que pensar en la mayoría que se ve afectada por la decisión de unos pocos, y por ese motivo limita la cantidad de toneladas de azúcar para exportación.
Este año el secretario de Comercio Interior de la Nación, Guillermo Moreno, procedió a frenar la salida del azúcar del país y amenazó con liberar la importación del endulzante. Tal decisión fue sorpresiva, aunque la repercusión no fue tan fuerte como se esperaría normalmente.
El rumor es que Moreno y los industriales consensuaron (aunque no públicamente) las medidas. Por ese motivo Alperovich, quien como buen gobernador tucumano aliado a la plutocracia azucarera debería estar con los industriales, se puso del lado de la Nación. Así el gobernador queda exento del dilema de tener que decidir si morderle la mano a quien le da de comer en la provincia o hacerlo a quien se lo da en la nación.
La medida de Moreno afecta principalmente a los cañeros. A éstos los aterra, sobre todo, el tema del levantamiento de barreras a la importación, lo que significaría un grave jaqueo contra la industria nacional.

Industrias del siglo XIX en el siglo XXI

Los miles de peces muertos que aparecieron flotando en el dique El Frontal de Santiago del Estero generaron una gran indignación entre los habitantes de la vecina provincia. La prensa de allá martilló unos días con el asunto caldeando los ánimos. Finalmente el ombudsman santiagueño, apoyado por el gobernador de su provincia, decidió tomar medidas drásticas. Consecuentemente amenazó con llevar el tema a la justicia federal, cosa que espanta a Alperovich y su grupo pues casi no tienen poder sobre ella.
Las autoridades tucumanas no pudieron recurrir a las explicaciones absurdas que suelen sostener y tuvieron que reconocer que son los ingenios los que, principalmente, ocasionan la matanza al verter efluentes que reducen las cantidades de oxígeno en el agua. Jorge García Mena, el ombudsman provincial, trató de poner en perspectiva el asunto, y sostuvo que la clausura de un ingenio sería un evento trágico como el cierre de los once ingenios en 1966, por lo que llamó a los santiagueños a no precipitarse. Empero, ¿en Santiago del Estero actúan de un modo “antitucumano”?
Quienes verdaderamente obran en contra de Tucumán son los ingenios. Es cierto que son una fuente de dinero para la provincia, y es cierto que miles y miles de personas viven directa o indirectamente de lo que ganan los ingenios, pero aún así ello no borra el hecho de que laceren a Tucumán. Y no lo hacen solamente a través de la explotación de cañeros y zafreros, también lo hacen al no garantizar la justicia intergeneracional.
El plan de los industriales tucumanos parece ser crecer y crecer hasta que algo los obligue a detenerse. Recién allí pensarán en una nueva estrategia para generar más ganancias. Con todo lo que los ingenios ganaron el año pasado, bien podrían los industriales efectivizar una auténtica modernización de sus fábricas. Pero no lo hacen, simplemente aguardan a chocarse frente a un muro que los haga frenar su violenta marcha.
Parece ser que no sólo hay que exigirles a los ingenios que mejoren su programa de control de efluentes líquidos, que combatan la polución ambiental y los ruidos molestos que ocasionan, que se abstengan de utilizar agroquímicos prohibidos en otras partes del mundo debido a su peligrosidad para quienes entran en contacto con ellos, también hay que exigirle lo básico, como que hagan obras de infraestructura para que las plantas no se caigan a pedazos (como recientemente sucedió con el ingenio Aguilares). Los ingenios tucumanos viven en una impunidad casi absoluta, ni siquiera fingen interés por la comunidad mediante la promoción de programas de responsabilidad social empresarial, mediante el apego a planes de aggiornamiento industrial ecológico, o mediante de la repetición de la frase “desarrollo sustentable” hasta que pierda sentido. El Familiar duerme a un costado, viejo y desdentado, sin trabajo frente a una sociedad que renunció a la lucha.
A los industriales azucareros hay que exigirles que dejen atrás el siglo XIX y se adapten al siglo XXI, por el bien de todos los ~~tucumanos y santiagueños~~ argentinos.

La unión deshace la fuerza

2010-08-09T18:26:00.000-07:00

La extraña lógica del gobierno tucumano

Desde la ejecución de la ofensiva privatizadora de la década de 1990, la mayoría de los servicios públicos quedaron en manos de empresas privadas. La excusa fue que éstos generaban grandes gastos para el Estado y la calidad de lo que ofrecían era pésima, por lo que –según la opinión del momento– se tornaba imperioso entregar su control a grupos que mejorarían el escenario. El problema es que esas empresas priorizaron siempre la rentabilidad por sobre su responsabilidad social, es decir, les interesó más producir ganancias que asegurarle a cada ciudadano la satisfacción de sus necesidades. Sabiendo perfectamente cuan despiadados pueden llegar a ser quienes van detrás del dinero, el Estado construyó mecanismos para controlar y domesticar a las empresas: nacieron así los entes de control.
En Tucumán, cuando EDET (una subsidiara de la Compañía General de Electricidad de Chile) se apoderó de la distribución de electricidad, se creó el EPRET. Y, del mismo modo, cuando Aguas del Aconquija comenzó a manejar el tema del agua se le opuso el ERSACT (luego la empresa francesa abandonó la provincia, y la nefasta SAT SAPEM se hizo cargo).
De la vida cotidiana en cualquier ciudad del territorio provincial se comprueba que ambos entes de control son ineficaces en sus funciones, pues tanto EDET como la SAT cometen toda clase de abusos u omiten todo tipo tareas y nadie toma en cuenta los reclamos de los usuarios. La razón de ello sería la existencia de una aparente connivencia entre quienes deben controlar y los controlados. Eso es casi innegable. Y si se llegó a esa situación fue a través de la arbitrariedad, pues tanto las autoridades del ERSACT y del EPRET –dos entes supuestamente autónomos y autárquicos– fueron colocadas por la intervención del Poder Ejecutivo.
En estos días Jorge Gassenbauer, el ministro de Desarrollo Productivo, anunció que se planteará la necesidad de unificar al ERSACT y al EPRET en una sola megaentidad, para de esa manera modernizar a ambas instituciones. Lo extraño es que, aparentemente, para el gobierno es una prioridad destinar una buena cantidad de recursos para realizar el aggionarmiento del ERSACT y del EPRET, pero, al mismo tiempo, le interesa muy poco normalizar el funcionamiento de ambos entes de control. Esa es la lógica con la que se maneja el actual gobierno de Alperovich: en lugar de resolver las situaciones conflictivas, para el gobernador y su gente es más fácil emplear dinero del tesoro público en gastos innecesarios para arreglar negocios (o negociados) con ciertas empresas, y generar así la sensación de que el gobierno no duerme en la inacción.

Calidad institucional

Se tiende a querer hacernos pensar que el EPRET y el ERSACT son dos suplementos, dos entidades cuya acción es de escasa importancia, por lo que su pasividad, en el fondo, no es un asunto tan grave. Sin embargo no hay nada más alejado de la realidad que eso. Más allá de que hoy en día lo hagan o no, el EPRET y el ERSACT tienen por principal función el examinar permanentemente todos los costos del servicio que respaldan los incrementos tarifarios, para saber exactamente cuánto dinero debe aportar el contribuyente para no ser estafado; además se ocupan (o deberían ocuparse) de sugerir márgenes de ganancias razonables para las empresas privatizadoras, de fiscalizar la realización de inversiones que se hagan para mejorar el servicio, y de controlar la calidad de lo que le llega al consumidor. Al tomar en cuenta ello queda en evidencia que los entes de control son vitales, pues son quienes establecen equilibrio entre todas las instancias involucradas.
Nuestra Constitución (tanto la Nacional como la Provincial) pauta que los órganos de control tienen que ser abiertos y participativos, vale decir democráticos, pues sólo así es posible que las instituciones republicanas funcionen correctamente. En el Tucumán de Alperovich se atropellan impunemente a las cartas magnas, pues tanto EPRET como ERSACT (y como el ente unificado futuro) son todo lo contrario a instituciones democráticas, no sólo por el ninguneo a su autonomía, sino por la sistemática negación a abrirse a la fiscalización por parte de asociaciones de usuarios.
Ello queda bien en claro, por ejemplo, toda vez que EPRET anuncia un pedido de aumento de la tarifa de la electricidad y se organiza una “audiencia pública”, en la que durante una tensa jornada las autoridades de EDET escuchan, una tras otra, innumerables razones para no hacer lo que proponen, y que sin embargo al final del día pareciera que todas esas palabras fueron a parar al viento.

Todos los ñoquis en una misma canasta

Gassenbauer arguye que en los últimos 15 años han habido innovaciones técnicas y legales en el área de la energía y del agua que transformaron el escenario en el que se desempeñaba el EPRET y el ERSACT. Tal excusa no convence a nadie.
Los empleados de ambos organismos, los más descreídos, no entienden muy bien lo que plantea Gassenbauer, y sugieren que en lugar de pensar en cómo hacer que las empresas privatizadoras mejoren sus ganancias, el Estado debería ocuparse primero en hacer que ellas mejoren los servicios que brindan.
De cualquier modo lo que se dice por lo bajo es que la fusión de los entes de control tiene el fin inmediato de reorganizar el plantel de trabajadores, creando nuevos puestos de trabajo para hacer entrar a gente a la administración pública a través del nepotismo, el amiguismo y prácticas similares. Los concursos de oposición y antecedentes, la elección por voto popular e incluso la meritocracia son, claro, una utopía aquí.
También se especula con que todo es una torpe preparación del terreno para unificar los servicios de agua y de energía. Es decir, puesto que el año que viene la provincia está obligada a revisar el contrato con EDET, y dado que la SAT (como lo hemos atestiguado en este blog) esta completamente desbordada, se estima que el gobierno va a realizar una jugada para hacer coincidir boletas y embrollar recaudaciones, que finalmente se traducirá en situaciones en las que un usuario al retrasarse en el pago del agua se quedará sin energía y cosas similares.

Sin PRI, sin prisa y sin prisión

2010-08-06T22:57:00.000-07:00

Una vez más, lamentablemente, cientos de peces aparecieron flotando muertos en la desembocadura del río Salí, en la vecina provincia de Santiago del Estero. Esta tragedia se produce prácticamente mes a mes desde hace varios años. En 2005 muchos vecinos de la ciudad de Termas de Río Hondo se reunieron a orillas del dique El Frontal y, sentándose ordenadamente, formaron un SOS gigantesco que se pudo apreciar desde el cielo. Hartos de la destrucción ambiental, esos ciudadanos argentinos decidieron unirse para reclamar que se garantice el derecho de las generaciones futuras a gozar de un ambiente sano.
¿Qué se ha hecho desde entonces frente a ese pedido? Pues, prácticamente, muy poco.

Crónica de la irresponsabilidad ambiental

Todos saben que, además de La Alumbrera desde Catamarca, son las industrias que operan en Tucumán las que maltratan a la cuenca Salí-Dulce. Tanto los ingenios como las citrícolas (aunque también los frigoríficos, las papeleras y las textiles) vierten deshechos industriales sobre ríos cercanos que los arrastran hasta Santiago del Estero, y a veces llegan hasta Córdoba. La situación no es nueva, la contaminación de los cauces fluviales por parte de las industrias tucumanas ocurre desde hace décadas. En el año 2002 la provincia impulsó el Plan de Producción Limpia, que invitaba a todas las industrias existentes en el suelo tucumano a tomar medidas para minimizar el daño ambiental que causan. Dicho plan, por supuesto, no fue más que una inútil pantomima.
En el año 2006 una abogada ambientalista llamada Romina Picolotti asumió el cargo de Secretaria de Medio Ambiente de la Nación. Aquel año fue bastante agitado en asuntos ambientales para Argentina, pues el conflicto por la instalación de la papelera Botnia estuvo en su ápice. Consiguientemente el gobierno kirchnerista se vio obligado a improvisar un perfil ecologista para que sus planteamientos en el extranjero tuvieran algún tipo de peso. Fue así como en octubre de aquel año Picolotti, enviada por el entonces presidente Néstor Kirchner, sentó en una misma mesa a José Alperovich (gobernador de Tucumán) y a Gerardo Zamora (gobernador de Santiago del Estero) y les pidió a ambos comprometerse para desarrollar una acción conjunta, ya que el impresentable gobernador santiagueño, con su particular estilo, utilizaba el enfrentamiento contra Tucumán como una bandera proselitista, mientras que nuestro no menos impresentable gobernador miraba hacia otro lado. Se estableció de ese modo el Acuerdo Marco para la Reconversión Industrial que le demandaba a Santiago del Estero construir una faraónica planta de tratamiento de efluentes cloacales, y le solicitaba a Tucumán que el Plan de Producción Limpia fuese auditado para ajustarse a normas internacionales (ya que los estándares de dicho plan los maquinaba el SIPROSA, institución que flexibilizaba las exigencias cada vez que se lo pedían). Picolotti estimaba que, una vez cumplidas con ambas exigencias, en unos seis meses se podía sanear la cuenca Salí-Dulce.
Al constatar la poca seriedad en materia de protección ambiental que impera en Tucumán, en diciembre de 2006 Romina Picolotti visitó la provincia. Dijo, en aquella oportunidad, que había que empezar a tomar medidas reales, e hizo un juego de palabras con el nombre “Salí”, diciendo que quienes debían salir de la provincia eran “los que están agrediendo, polucionando, modificando la composición del agua y la existencia de los ribereños.” Se estableció la necesidad de adoptar el Programa de Reconversión Industrial (PRI). Picolotti pretendía algo que parece poco probable según los usos y costumbres actuales: que las empresas sacrifiquen ganancias para pensar en el bienestar de miles de personas, que la lógica de la Salud se imponga frente a la del Dinero.
Sin embargo, durante 2007, Picolotti comenzó a ser acusada de malversación de fondos, igual que la ministra de Economía Felisa Miceli, con quien planeaba lanzar en su momento “una línea de créditos a tasas subsidiadas a las empresas que hayan adoptado Producción Limpia.”

Farsas peligrosas

Una vez que Romina Picolotti fue jaqueada, los industriales tucumanos respiraron aliviados, pues sabían que sus días estaban contados. Durante el periodo de endurecimiento de las políticas ambientales vivido en el primer semestre de 2007, la única víctima fue el Ingenio San Juan, que fue clausurado por un breve tiempo como parte de un escarmiento que el gobernador Alperovich ejecutó contra los dueños de la empresa (que en ese entonces eran cercanos a Fernando Juri y que, desde el diario El Siglo que poseen, habían sido muy críticos contra el principal mandatario de la provincia).
En octubre de 2007, a días de las presidenciales de ese año, se anunció que se haría una multimillonaria inversión para desarrollar el PRI. Se fijó un plazo de 24 meses para la erradicación del arrojo de vinaza y cachaza en la maltratada cuenca Salí-Dulce, que actualmente tiene el triste y vergonzoso record de ser la segunda cuenca más contaminada en el país, detrás de la caótica cuenca La Matanza-Riachuelo.
Ya han pasado más de 24 meses, y aún la práctica del arrojo de vinaza sigue tan vigente como siempre. Mejor dicho, este año las cantidades de vinaza se han incrementado, gracias a que se puso en marcha la fabricación de ese dulce mito y de esa amarga realidad que son los biocombustibles.
El diario El Siglo embistió contra el Ingenio La Florida, al que lo acusó de estar pervirtiendo las aguas de los canales cercanos, atentando especialmente contra el bienestar de los habitantes de la localidad de Las Cejas. Además, en el diario señalan que la empresa que encabeza Jorge Rocchia Ferro montó tanques para el acopio del bioetanol que fabrica que estarían ubicados en un área que puede llegar a ser un peligro mortal para la gente de la zona.
Como se ve, el PRI es una farsa –muy similar al extinto Plan de Producción Limpia– que sólo construye catedrales de palabras al mismo tiempo que arrasa con el futuro de muchos. La destrucción del ambiente en Tucumán se realiza impunemente, sin reconversión industrial y sin prisión para los responsables.

Sobre la democracia pavimentadora

2010-07-31T13:58:00.000-07:00

El 30/07/10 el periodista Tony Arnedo publicó en su blog un artículo en el que señala que en terrenos fiscales de avenida Sáenz Peña al 800 se está construyendo a toda prisa una estación de GNC. Lo curioso es que, aparentemente, en la obra colaboran empleados municipales, quienes utilizarían los camiones de la municipalidad para el traslado de materiales.
El escrache de Arnedo deja en evidencia dos cosas: la “democracia pavimentadora” que los políticos oficialistas impulsan como principal acción de gobierno y la impune entrega que las actuales autoridades hacen del patrimonio comunitario a manos de particulares.
La “democracia pavimentadora” es un concepto que popularizó Álvaro Aurane –un columnista de La Gaceta–, y remite a la idea de que la principal bandera de la gestión de Alperovich (la obra pública) no cura, ni educa, ni protege el medio ambiente, ni brinda seguridad para el ciudadano contra el delito, pero si enriquece a toda la gente vinculada al mundo de la construcción. Las grandes obras de infraestructura (especialmente aquellas destinadas a garantizar el acceso al agua potable a decenas de miles de tucumanos) brillan por su ausencia, pero el pavimento cubre muchísimas calles en toda la provincia, calles que muchas veces se rompen ante los sistemas de desagüe colapsados.

El apóstol

El intendente Domingo Amaya es todo un apóstol de la “democracia pavimentadora”. Si, por ejemplo, se revisa un informativo digital que recibe pauta oficial de la intendencia de Amaya como es El Diario 24, se podrá constatar que prácticamente todos los actos de gobierno de la máxima autoridad política de la ciudad quedan debidamente publicitados/propagandeados. Aquí un ejemplo de noticias publicadas en el lapso de seis días (del 24 al 30 de julio):

Jerarquizan avenida Américo Vespucio
La pavimentación de Francisco de Aguirre tiene un 90% de avance
Mejoran la iluminación del Parque 9 de julio
Revalorizan la plaza San Martín
Mejoran el servicio de agua potable
Continúan las obras de semaforización
Cordón cuneta para el barrio 24 de Setiembre
Agua potable en el barrio San Ramón

Ese tipo de información sobra, pero rara vez se entera el ciudadano sobre lo que el intendente Amaya hace para colaborar en la lucha contra la favelización del Pacostán, para “desvaritizar” a médicos y docentes municipales, para asegurar el acceso al transporte público a todos los habitantes de la ciudad, para ordenar el tránsito vehicular en la zona céntrica, o para dar una solución convincente al problema de los animales domésticos abandonados o sin dueños que rondan por las calles, entre otras tantas cosas.

Construcciones y destrucciones

Daniel Toledo, el actual intendente de Yerba Buena, tiene un estilo similar al de Amaya. Ya todos los tucumanos están al tanto de las irregularidades en torno a la construcción de una nueva sucursal del Banco Santiago del Estero sobre la avenida Aconquija. La obra afecta a los vecinos de los alrededores, pues desvaloriza sus propiedades, los expone ante la inseguridad y les altera la circulación por las calles aledañas.

El concejal José Domián, opositor a Toledo, denunció al intendente por intentar llegar a un acuerdo nada transparente con los vecinos para que levanten sus quejas y dejen de entorpecer la construcción del edificio. Es que a Toledo no le conviene que se atempere la fiebre constructora que lleva a cabo el sector privado en su municipio. Un poco de memoria ayuda: en agosto de 2008 el gobernador Alperovich firmó el decreto 56/3, mediante el cual se ponían en venta unos 27 inmuebles en Yerba Buena que deberían de haber sido heredados por la municipalidad, o mejor dicho por el pueblo de la Ciudad Jardín. En lugar de ello se pretendía que los lotes se vendiesen urgentemente para, supuestamente, comprar maquinaria e insumos que servirían para completar obras viales inconclusas. En aquel momento la ciudadanía tucumana se indignó, pues más de uno entendió que lo que el gobernador estaba haciendo era poner en el mercado y a precios bajos a terrenos con mucho valor inmobiliario, para que diversas constructoras puedan emplazar emprendimientos privados. Finalmente la legislatura provincial tuvo que intervenir, y terminó reduciendo a 12 los inmuebles a vender, lo que de todos modos concluyó siendo un buen negocio para unos pocos. Así, donde deberían de haber teatros, o plazas, o escuelas, hay ahora otros tipos de edificios de los cuales el pueblo de Yerba Buena no puede gozar.
El episodio de los 27 inmuebles de Yerba Buena no fue un hecho aislado. Desde hace años que el gobernador Alperovich viene operando en la misma dirección. En este sentido un hecho muy vergonzoso fue la vez que el bloque de legisladores oficialistas aprobó una ley que puso a la venta varios inmuebles que –a través de otra ley sancionada anteriormente– habían sido declarados parte del patrimonio histórico provincial, provocando que varios representantes que en su momento levantaron la mano para proteger el patrimonio se vieran después invitados a usar el codo para borrar lo que habían hecho en el pasado.

Un atropello al bolsillo

2010-07-29T15:33:00.000-07:00

Pese al repudio generalizado de la ciudadanía, finalmente el Concejo Deliberante de la ciudad de San Miguel de Tucumán autorizó la suba del valor del boleto de colectivo. De la antipopular medida nadie se quiso hacer cargo (el concejal oficialista José Franco llegó a decir que fue “apretado” para dar su voto positivo), sin embargo la norma fue igualmente aprobada.
La aprobación del aumento del boleto urbano le abre paso a la aprobación de un nuevo aumento para el boleto interurbano, y desnuda con ello los problemas de acceso al transporte que el pueblo tucumano tiene.
Tucumán, junto a Santiago del Estero, vive la desgracia de ser la provincia con el promedio más bajo de salarios en el sector privado. En un escenario así, el violento aumento del transporte público resulta un golpe directo al poder adquisitivo de los habitantes del territorio, y por tanto un atentado contra su calidad de vida.
Mientras que en la provincia de Buenos Aires se impulsa una ley para que el personal docente y no docente del sector público pueda viajar gratuitamente en los colectivos urbanos e interurbanos, en Tucumán se está muy lejos de eso. Aquí, por el contrario, las empresas de transporte de pasajeros están planeando incrementar el monto de los abonos para el año entrante.
Y los transportes alternativos, lamentablemente, caen en la categoría o de “quimera” (como el tren decenas de veces prometido para Tafì Viejo) o de “utopía” (como los proyectos de trenes subterráneos propuestos para San Miguel de Tucumán y Yerba Buena), por lo que a la gente de la provincia no le quedan más posibilidades que la de sentirse rehenes de una corporación política aliada con las empresas y no con el pueblo.

Tucumán flagelada

2010-07-24T11:13:00.000-07:00

Un mal policlasista

En Tucumán la adicción a las drogas no es un problema que afecte sólo a un sector de la población en una determinada parte de la provincia: es un tema mucho más amplio. Es decir la drogadicción no es un flagelo que únicamente castigue a quienes habitan en la Costanera, sino que es algo que está presente en todos los sectores sociales y que se extiende a través de casi todas las localidades de la geografía provincial. Se pueden encontrar adictos a las drogas (y aquí se está hablando de “adictos” y no de “consumidores”) entre estudiantes, desempleados, empleados con relación de dependencia, profesionales independientes, artistas, deportistas, empresarios, funcionarios públicos, etc. Y se puede ver a la droga circular en San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, Alderetes, San Pedro de Colalao (especialmente durante los veranos), Monteros, Aguilares, Concepción, Ranchillos, Amaicha del Valle, Santa Ana, etc.

Hoy por hoy pueden encontrarse sustancias ilegales en todos lados: alrededor de las escuelas y de las facultades, en el interior de edificios públicos, en eventos deportivos, en espectáculos musicales, en boliches (caros y baratos), en parques y plazas, en los lugares donde los chicos van a jugar videojuegos, en prostíbulos, etc. La droga está allí, al alcance de cualquiera, esperando que alguno de sus consumidores pierda el control, lista para arrastrar a la gente al infierno de la adicción, y generando grandes sumas de dinero en negro mientras tanto.
Hay drogadictos que provienen de familias carenciadas como también hay drogadictos que provienen de familias adineradas. La diferencia en las adicciones de unos y otros suele estar en el tipo de sustancia que los aprisiona: los que menos tienen recurren a drogas más destructivas que las que utilizan los que más tienen. Y considerando que en Tucumán el número de gente que está por debajo de la línea de pobreza es mucho más grande que el de aquellos que están por encima, se puede entonces suponer que el paco reina en contra de la cocaína, la heroína, la marihuana, etc.

Irresponsabilidades

En la mayoría de los casos de adicción a las drogas, el paco no es la primera opción, y quienes finalmente se deciden a consumirlo han experimentado previamente con otras sustancias. Volverse adicto al paco es bastante sencillo, pero desintoxicarse de esta droga no es una tarea fácil, aunque ello no significa que sea imposible (como parece que si cree que es el gobernador Alperovich). Para deshacerse de una adicción hace falta voluntad por parte del adicto, acompañada de contención familiar y apoyo profesional, algo que las personas de escasos recursos suelen carecer.

Todos sabemos que el consumo de paco no se circunscribe en Tucumán al área de la Costanera: hay adictos al paco en Villa Alem, en Villa 9 de Julio, en Villa Mariano Moreno y en otras partes de Capital y alrededores (como también en varias ciudades del interior provincial). Sin embargo parece que últimamente la principal estrategia para atacar a esta droga se basa en apresar a los incontables transas que operan en la Costanera. Ello no persuade a los delincuentes de abandonar su actividad, sino que sólo los obliga a mejorar su organización, aumentar su presencia territorial y distribuirse por otras zonas. Así la Costanera, como ya hemos apuntado en otro artículo, se faveliza poco a poco, se va transformando en una especie de ghetto integrado a la ciudad por las autoridades municipales, pero a la vez segregado de la misma por quienes van construyendo poder en su interior: el Pacostán.
Y a la par de este negocio multimillonario de unos pocos (que no tiene a sus Clavarinos reclamando las tributaciones) no hay que olvidar a los farmaceutas inescrupulosos que infringen sus propios códigos éticos y deontólogicos y contribuyen a multiplicar el número de drogadictos en la provincia, y por tanto colaboran a elevar el número de problemas con los que tiene que lidiar la sociedad tucumana.

Sin contr/a/dicciones

En los últimos tiempos en Tucumán ha habido denuncias serias en torno al asunto del narcotráfico, que han generado más reacciones en los medios masivos de comunicación que en la justicia.
En este sentido los tucumanos no deberíamos de olvidar al legislador oficialista Pedro Hugo Balceda, quien en 2009 denunció la existencia de un narcopoder y luego esquivó su responsabilidad por sus declaraciones. Del caso Balceda se pueden extraer dos conclusiones –que se excluyen mutuamente–: o el legislador estaba fanfarroneando con un tema tan serio como el narcotráfico sólo para injuriar a sus colegas y armar una imagen pública de héroe moral beneficiosa para su carrera política, o bien el legislador estuvo a punto de exponer a elementos corruptos de la corporación política vernácula y no lo hizo por presiones que recibió y que no fueron denunciadas. Dicho de otro modo, o Balceda es un demagogo o es un cobarde.
Por otro lado también sería bueno para los tucumanos recordar a los presos residentes en el penal de Villa Urquiza, que acusaron a ciertos carceleros de manejar el negocio de las drogas puertas adentro. La denuncia llegó hasta el poder judicial, que inició una investigación que hasta ahora no ha dado frutos, pues para que haya delito tienen que haber evidencias del quebrantamiento de la ley (y no solamente acusaciones de ello), y para que hayan evidencias que hagan caer a fuerzas de seguridad no tienen que haber pactos de silencio, ni complicidades, ni connivencia, ni ninguna otra manifestación de corrupción.
Hace unas semanas un grupo de vecinas de la ciudad de San Miguel de Tucumán se acercaron a la fiscala María de las Mercedes Carrizo para darle los nombres de policías que estarían involucrados en mafias de narcotraficantes. La funcionaria del poder judicial, tras escucharlas, se desentendió del asunto, enviando el expediente a un juzgado federal que, según ella, es más competente en el asunto. Esa acción, traducida en el lenguaje de la ciudadanía de a pie, significa que el asunto cayó en manos de la burocracia de la familia judicial, y que va a pasar un buen tiempo hasta que pase algo. Mientras tanto lo más probable es que los policías acusados sigan con sus fechorías, sólo que de manera más silenciosa y sombría.

Unos días después de aquella denuncia en tierras tucumanas, se conoció la noticia de que en la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro, el intendente local salió a buscar el apoyo de la ciudadanía para que se repudie a ciertos habitantes del municipio señalados por todo el mundo (excepto por la lenta justicia) como delincuentes peligrosos. Difícilmente esa acción pueda llegar a ser efectiva, pero al menos muestra a un político que trata de hacer todo lo que tiene a su alcance para dar respuestas a los ciudadanos que respetan las leyes y cumplen con sus obligaciones. En nuestra San Miguel de Tucumán, el intendente Domingo Amaya –quien hace poco viajó a (¿o vacacionó en?) Madrid para asistir a un importante congreso sobre la lucha contra las adicciones– no ha hecho nada parecido. Todos los días vemos en la prensa local (incluyendo los portales de Internet) noticias donde se publicitan/propagandean las obras públicas que lleva a cabo la intendencia, pero nunca nos enteramos de cuál es el plan de Amaya para contribuir a combatir el narcotráfico en la ciudad que gobierna, o tampoco vemos campañas auspiciadas por la oficina de gobierno municipal destinadas a prevenir las adicciones.
En Tucumán vemos a diario muchas actitudes contradictorias de las autoridades en torno al tema de las drogas, pero casi no vemos qué se hace para luchar contra las adicciones.

pulso.tucuman@gmail.com

El Chernóbil tucumano

2010-07-21T16:02:00.000-07:00

La zona cero

Este año la empresa Citromax anunció que, después de varias décadas de presencia en la localidad de Tafí Viejo, va a radicarse en el departamento Monteros. El motivo es que la citrícola está acusada de contaminación ambiental, y en lugar de gastar dinero en reacondicionar su fábrica para minimizar el impacto ecológico, optaron por seguir operando igual que ahora pero en otro punto de la geografía provincial.
La actitud de esta empresa de capitales extranjeros es repudiable, pero, lamentablemente, eso que hacen no es una maniobra únicamente suya, ni un artilugio usado sólo por el sector privado: ante problemas similares el Estado de Tucumán hace exactamente lo mismo. Ello lo ejemplifica el caso de los megabasurales que existen en nuestra provincia.

Los tucumanos conocemos la lamentable historia del depósito de desperdicios y deshechos conocido como “Los Vázquez”. En unos años el lugar se convirtió en un tumor maligno para Tucumán: se supo que la recolectora de residuos Transportes 9 de Julio arrojaba irresponsablemente toda clase de residuos patógenos provenientes de hospitales y centros médicos públicos, clínicas privadas, y veterinarias (actualmente buena parte de los residuos con esas características se arrojan impunemente en el Canal Sur, el Riachuelo provincial). La Justicia Federal, temiendo que la basura de Los Vázquez contamine al vecino río Salí, decidió clausurar el predio. Consiguientemente el gobierno de Alperovich trató de resolver la situación habilitando un nuevo megabasural, el infame “Pacará Pintado”.
A Pacará Pintado se lo presentó como un espacio seguro, administrado por la empresa Servicios y Construcciones La Banda SRL (cuyo mayor responsable es Mario Criado, un hombre a quien el concejal José Luis Avignone lo ha vinculado con la represión ilegal de la década de 1970). Esta empresa se comprometió a someter a la basura a diversos procesos con el fin de reciclar todo lo reciclable y con el fin facilitar el degradamiento de todo lo degradable. Sin embargo la falta de seriedad con la que se manejó S. y C. La Banda, sumado al hecho de que el predio fue desbordado (ya que recibe la basura proveniente tanto del municipio capitalino como de los circundantes –Yerba Buena, Alderetes, Banda de Río Salí, Las Talitas, Tafí Viejo y Lules–), hizo de Pacará Pintado la zona cero de la batalla de los tucumanos contra la corrupción y la demagogia.
En octubre del año pasado se desencadenaron una serie de sospechosos incendios en Pacará Pintado. Los responsables del predio inventaron toda clase de hipótesis para explicarlo: dijeron que fueron productos de las condiciones climáticas, que hubo un accidente, que alguien vulneró su sistema de seguridad, que alguien desde adentro saboteó a la planta, etc. (les faltó decir que unos extraterrestres atacaron las montañas de basura), pero nunca supusieron que los repentinos incendios se organizaron para eliminar pruebas, ya que se avecinaban los peritajes ordenados por la Justicia Federal para determinar la peligrosidad de Pacará Pintado.

De todos modos ya se sabe que la colapsada Pacará Pintado va por el mismo camino que Los Vázquez, por lo que ahora el nuevo problema se llama “Overá Pozo”. Este nuevo predio, cuya operatividad se iniciará prontamente, debió de haber sido producto de una licitación pública nacional, pero la empresa S. y C. La Banda se adjudicó el negocio por contratación directa. Ambientalistas de Tucumán y de Santiago del Estero trabajan en conjunto para que Overá Pozo no repita la triste historia de sus dos antecesores. Se teme que el nuevo megabasural manche el aire, ensucie las aguas y destruya la tierra. Por disposición de las autoridades se gesta así lenta y silenciosamente en el Este tucumano una catástrofe producto de las negligencias y la falta de gestión, que debería ser similar a la de Chernóbil en su impacto en el imaginario social, pero que gracias a los manejos oficialistas termina enmudeciendo.

Los chernovillanos

La planificación del gobierno provincial para resolver la problemática concerniente a los residuos sólidos urbanos es completamente defectuosa. Sabiendo perfectamente ello, desde el edificio de San Martín y 25 de Mayo han optado por la solución más simple y que menos dificultades les genera: pasarle el problema a otro. De ese modo los responsables del destino final de la basura son ahora los municipios. Por ese motivo Alberto Olea (intendente de Monteros), Osvaldo Morelli (intendente de Concepción) y José Orellana (intendente de Famaillá) fueron procesados por la Justicia Federal acusados de haber cometido delitos ambientales, al permitir el desarrollo de basurales a cielo abierto, que contaminan los ríos cercanos, y ponen en riesgo a la población asentada en las vecindades de los mismos.
Olea zafó tras ser acusado de pauperizar la calidad de las aguas del río Pueblo Viejo, Morelli tuvo igual suerte después de haber sido denunciado por el estado del río Gastona. A Mario Criado, el Señor de las Moscas de Pacará Pintado y Overá Pozo, nadie se ocupa en cuestionarlo –y dificilmente se puedan llevar a cabo acciones efectivas contra Domingo Amaya y los otros seis intendentes. Y el chernovillano más grande, nuestro gobernador José Alperovich, se las ingenió para tener las manos limpias.

A cielo abierto y a futuro cerrado

Cuando colapsó el basural de Los Vázquez y se abrió el de Pacará Pintado, el gobierno provincial asumió la tarea de eliminar paulatinamente a los casi 400 basurales a cielo abierto que se registraban en el territorio local. Sin embargo poco se ha hecho para que ello ocurra, y se estima que el número de basurales aumentó en lugar de reducirse.
La agencia de noticias Primera Fuente reflejó la situación describiendo el caso del basural existente en la comuna rural de Delfín Gallo. En esa pequeña localidad un vertedero de basura arruina el paisaje, poniendo en riesgo a las personas, plantas y animales que se le aproximan. Lo irónico es que dicho basural está a sólo unos metros de un CAPS, resaltando así la oscilación entre salud y enfermedad en la que vive día a día nuestra provincia.
Así como Overá Pozo va camino a convertirse en un nuevo y silencioso Chernóbil provincial, así también cada basural a cielo abierto infecta el territorio tucumano. Los basurales están en todos lados, tanto en zonas rurales como en el interior de los espacios urbanos. En San Miguel de Tucumán son numerosísimos. Uno muy vergonzoso, por ejemplo, es el que nace y renace en el Parque de la Memoria, ubicada en la avenida Roca.
Desde que se puso en marcha el Plan Argentina Trabaja, comenzaron a pulular numerosas cooperativas subvencionadas por el Estado cuya actividad consiste en ofrecer servicios de limpieza en los espacios públicos. Con mayor o menos eficiencia, las cooperativas cumplen sus tareas, pero muchas de ellas contribuyen a producir nuevos basurales, pues arrojan lo que recogen en determinados lugares, y luego se desentienden del asunto.
Como otro causante de daño ambiental también están los cirujas –los miles de tucumanos que han convertido a la basura en su fuente de ingreso ante la imposibilidad de conseguir trabajos menos precarios–, que manejan residuos sólidos urbanos con total irresponsabilidad, pues a ellos no les corresponde manejar ese asunto.
Pero la caótica situación de la disposición final de la basura en Tucumán es un problema en el que también tiene participación el grueso de la sociedad civil. Quienes recorrieron el Parque 9 de Julio el día después de la celebración de la fiesta de la Independencia Nacional se toparon con un escenario horroroso, como si se hubiese colocado una bomba en el pie de uno de los Ñuñorcos de basura que hay en Pacará Pintado y todos los desperdicios y deshechos hubiesen volado por los aires. La situación se repite todos los días posteriores a las celebraciones masivas (como el Día del Niño, el Día del Estudiante, etc). Ello deja en evidencia la falta de conciencia ciudadana de los tucumanos, que tratan a su ciudad como si no fuese su casa.
Evidentemente el Estado provincial debería montar una estrategia para sugerirle a la población que erradique ese hábito. Pero en una provincia donde los líquidos cloacales afloran a las superficies e invaden el interior de las casas, en una provincia en donde las industrias contaminan el aire y las aguas sin sufrir sanciones, en una provincia en donde se impulsa una falsa conciencia ambiental, en una provincia donde hay muchas sanciones oficiales pero ninguna recompensa, ¿es lícito pedirle a la gente que haga lo que sus autoridades se niegan a hacer?

pulso.tucuman@gmail.com

Viaje al corazón de Pacostán

2010-07-14T20:33:00.000-07:00

La nueva geografía de la Costanera

En Tucumán se llama “Costanera” a toda la zona urbana que se extiende a la vera oriental y occidental del río Salí en las localidades de San Miguel de Tucumán, Alderetes y Banda de Río Salí. Dicha zona es considerada un espacio periférico, pues un porcentaje importante de las personas que allí habitan no pueden satisfacer sus necesidades básicas.
En la actualidad esa área ha ganado mucha (mala) fama tras haber sido identificada por la prensa local como el lugar en donde existe la mayor concentración de vendedores de droga de la provincia. Con transitar los alrededores uno parece comprobarlo, ya que además de las casas donde se venden las drogas, la Costanera está poblada de adictos de diversas edades que si no pertenecen al vecindario, provienen de otras partes de la Capital, como también de localidades aledañas. La mayoría de estas víctimas de la droga son hombres de entre 10 a 25 años de edad, aunque también los hay más viejos... y más jóvenes. Tampoco faltan mujeres en esa condición, aunque su número es un tanto más pequeño en comparación al de su contraparte masculina.
Lo que principalmente se consume en la zona es el infame paco –una droga hecha a base de cocaína y otras sustancias químicas–, lo que hace que en el habla popular la Costanera se convierta en la “Pacostanera” o, simplemente, en “Pacostán”.

Drogas para el pueblo

Tradicionalmente la ciencia clasificaba de “estupefaciente” a toda sustancia química que provocase embrutecimiento moral y/o intelectual: se podía poner de esa manera en la misma bolsa al alcohol junto a la cocaína, o a las anfetaminas junto a la marihuana. Con el crecimiento de la farmacología y la modificación de los discursos médicos, el concepto de “estupefaciente” entró en una zona gris. De ese modo, por una serie de motivos éticos, económicos y políticos (o sea por diversas cuestiones ideológicas) que condicionan el desarrollo de la ciencia, se estableció que, a través de las políticas públicas para garantizar la salud de sus ciudadanos, los Estados tienen la obligación de controlar, regular e incluso prohibir toda sustancia que afecte al sistema nervioso de las personas. Nació así el concepto de “psicotrópico” para separar a las drogas según su grado de inocuidad o peligrosidad (una peligrosidad para el individuo que las consume determinada según ciertos criterios médicos-políticos).
Durante décadas los psicotrópicos circularon en el país, siendo consumidos principalmente por gente de clase media y alta. A partir de la década de 1990, el Estado argentino entró en un proceso de vaciamiento, retrocediendo en su influencia y responsabilidad sobre la sociedad civil. La educación, la salud y la seguridad que el Estado brindaba a la población sufrieron el empobrecimiento de su calidad. Paralelamente la oferta de drogas comenzó a crecer, aprovechando las mejoras tecnocientíficas que permitieron masificar un producto que hasta ese entonces era accesible sólo para ciertos grupos sociales, y tomando como consumidores a las varias generaciones que el Estado desertor había abandonado a su suerte. Así fue como Argentina pasó de ser un país de tránsito para las drogas a ser uno de consumo: “segundas y terceras marcas” de psicotrópicos antes inexistentes (entre las que se encuentra el paco) empezaron a emerger para satisfacer la demanda local. Como consecuencia los sectores populares comenzaron a ser víctimas del abuso del consumo de unas drogas que son mucho más velozmente destructivas que las que antes consumían.

Estado paralelo

Pacostán es un territorio no reconocido pero no por ello inexistente. Existe “de hecho” no “de derecho”. Pacostán tiene sus propias autoridades: los transas que venden son quienes ejercen el poder, pero para hacerlo necesitan de una cadena de influencias (punteros políticos, policías corruptos, jueces ineptos) que les permite conservar ese poder. Por encima de los transas están los proveedores, pues la hoja de coca de donde proviene la cocaína tiene que ser cultivada, cosechada y procesada en algún lugar antes de ser vendida.
El problema es que nadie sabe o nadie –que no pertenezca a la propia cadena de influencia de los transas– puede averiguar quiénes son los proveedores. En este punto se apunta en todas las direcciones: algunos dicen que los narcotraficantes de Bolivia, Perú, Ecuador y/o Colombia tienen “embajadores” en Argentina que, a través de la construcción de cadenas de influencias, venden o entregan droga a los transas locales para que éstos la fraccionen y la distribuyan con el fin de generar ganancias para todos los involucrados; otros dicen que los “embajadores” en realidad serían argentinos que, viendo la posibilidad de acceder a un negocio multimillonario, armaron cadenas de influencias para importar cocaína y venderla entre la población.
Lo que importa aquí es que, más allá de que al negocio de la droga lo manejen nativos o extranjeros, existen cadenas de influencias formadas por autoridades locales que miran para otro lado ante la presencia de los psicotrópicos. Dicho de otro modo, un negocio tan grande, que requiere de tanta logística y organización, que factura fortunas anualmente, no se desarrolla enteramente de manera clandestina, sino que se lleva a cabo con la complicidad de mucha gente que en principio sería la responsable de su desmantelamiento, pero que por beneficio propio no actúa en contra.

Madres de Plaza Independencia

Mientras la cocaína circula en el país, el sector mayoritario de Pacostán se extingue poco a poco, al mismo tiempo que nuevos individuos se convierten en “ciudadanos” de esa nación. Resulta entristecedor toparse con un adicto al paco: son muy delgados, les preocupa muy poco su aseo personal, su piel está avejentada y su rostro ha perdido su expresividad humana, especialmente su mirada.
En muchos casos los adictos al paco pueden llegar a ser peligrosos. Peligrosos, en primer lugar, para sus familias, a las que arrastran a una espiral de sufrimiento. Peligrosos, en segundo lugar, para cualquier persona poseedoras de bienes, pues la adicción al paco mueve a muchos a hacer cualquier cosa para obtener el dinero que los provea de drogas, lo que incluye tanto la venta de todas sus pertenencias como también el arrebato (con violencia o sin ella) del patrimonio de otras personas. Peligrosos, finalmente, para ellos mismos, ya que el consumo reiterado de paco les provoca un profundo daño físico y psíquico, que guía a muchos al suicidio.
Los suicidios suelen ser vistos como eventos acaecidos en la esfera íntima, por lo que no se los tiende a considerar parte de la problemática social. Sin embargo, en este caso, las madres de aquellos que se han quitado la vida esperan que la sociedad piense en sus muertos como algo más que víctimas de sí mismos.

En la década de 1970, en Plaza de Mayo, se hicieron visibles un conjunto de mujeres que pedían conocer el paradero de sus hijos detenidos ilegalmente y desaparecidos por las fuerzas de seguridad y de defensa. Llevaban pañuelos blancos envolviendo sus cabezas. Con el tiempo esas señoras devinieron un símbolo internacional del sufrimiento que es capaz de generar la violencia política. Hoy en día, en Plaza Independencia, un conjunto de mujeres visitan periódicamente el lugar pidiéndole al gobierno (y a la sociedad) provincial que no olviden que sus hijos fueron víctimas de quienes venden a la muerte misma en pequeñas dosis. Sobre sus cabezas llevan pañuelos negros, y ya son un símbolo provincial del sufrimiento que es capaz de generar el narcotráfico.

La guerra contra la hidra

Hace unos meses, cuando las “madres del dolor” comenzaron a hacerse visibles en Tucumán, el propio gobernador Alperovich las recibió. En ese momento se comprometió a trabajar intensamente en contra del flagelo que representan las drogas. Un tiempo después el mismo gobernador reconoció implícitamente que no está dispuesto a hacer mucho para abordar el asunto, ya que la droga “no se va a erradicar nunca”. Y sostuvo algo que en enero de este año nosotros habíamos señalado: las actuales acciones en contra del narcotráfico sirven de poco, pues “si usted agarra a un dealer que vende droga, es una familia: va preso el padre; comienza a vender el hijo, va preso el hijo; comienza a vender el primo... es un tema que no se termina más”. Alperovich se dio cuenta que el animal nacional de Pacostán es la hidra, y que cada vez que le cortan una cabeza surgen dos nuevas para reemplazarla. Y sugirió que el adicto al paco es irrecuperable, pues dio a entender que es una suerte de entidad demasiada muerta como para estar viva y demasiado viva como para estar muerta.
Las madres de Plaza Independencia, ante la renuncia de Alperovich a la lucha, se sintieron lógicamente defraudadas. Sin embargo no han bajado sus brazos, y aún están dando vueltas, hablando con los jueces, los políticos y los policías que quieran escucharlas. Piden básicamente dos cosas: por un lado quieren que se abra un centro médico especializado –que funcione las 24 horas con un servicio de emergencias– para desintoxicar a los adictos, junto a espacios multidisciplinarios de atención orientados a reinsertarlos socialmente, y por el otro pretenden que la Policía Federal y la Gendarmería Nacional planten bandera en el área de la Costanera. Difícilmente el gobierno les hará caso, puesto que lo primero implicaría acercarse al sector de la salud con el que desde hace más de un año está abiertamente enfrentado, y lo segundo significaría reconocer que la seguridad ciudadana en Tucumán es desastrosa, y que al estar superadas las fuerzas locales la “sensación de inseguridad” no es un simple invento mediático como quieren los kirchneristas.
Por tanto las cabezas de la hidra siguen cayendo (ya hay más de 170 personas de Tucumán arrestadas en procedimientos de la DIGEDROP) y se pretende que ello calme un poco a la población. De cualquier manera –y esto es algo que la propia gente del Ministerio de Seguridad Ciudadana provincial ha admitido– al intensificar la lucha sólo se consigue que los vendedores de droga se reorganicen y modifiquen su mecánica para realizar sus operaciones ilegales. Se asiste así a la paulatina “favelización” de Pacostán.

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El ojo que atestigua

2010-07-11T22:03:00.000-07:00

El 01/07/10, haciéndonos eco de una noticia que circulaba en la prensa local anunciando la próxima instalación de dos centenas de cámaras de seguridad para monitorear la vía pública de San Miguel de Tucumán y Yerba Buena, publicamos en este blog un artículo sobre el repentino boom nacional de la videovigilancia, destacando que es un lucrativo negocio efectuado discrecionalmente con dinero público y señalando que su efectividad es bastante dudosa. Hoy, 11/07/10, el diario de mayor tirada del país, es decir Clarín, le dedica un generoso espacio de su sección “Policiales” al asunto.
El texto redactado por el periodista Héctor Gambini toma por eje las mismas dos cuestiones que nosotros habíamos tomado por eje: ¿quién se queda con el negocio de las cámaras? y ¿sirven ellas verdaderamente para disminuir el delito? Las conclusiones a las que arriba son idénticas a las nuestras: al negocio se lo quedan los amigos del actual poder, y –por más que se diga que las cámaras de seguridad “disuaden [a los criminales] y previenen [el crimen]”– los delitos siguen sucediendo casi en un número igual al que existía antes de que el sistema de videovigilancia entre en funcionamiento.

En Clarín citan un ejemplo europeo: Londres, la ciudad más televigilada del mundo, sigue teniendo una tasa lamentablemente elevada de criminalidad. Y junto a esa información recurren a la opinión de dos expertos en el área de seguridad y criminología (Carlos Beraldi, un profesor de la UBA, y Lucía Dammert, una investigadora de FLACSO) que sostienen lo mismo que nosotros: sin un plan de seguridad integral bien diseñado, sin un trabajo serio entre las fuerzas del orden, las cámaras terminan siendo juguetes al servicio del gobierno de turno y no verdaderos instrumentos del Estado para garantizar la paz ciudadana, se convierten en ojos que atestiguan en lugar de ser ojos que vigilen.

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Yerba Buena Construcciones

2010-07-10T00:27:00.000-07:00

Yerba Buena

Desde que Daniel Toledo asumió la intendencia de Yerba Buena, el municipio ha promovido el desarrollo de un ambicioso programa de obras públicas. Sin embargo, en este sentido, Toledo ha privilegiado cierto tipo de obras públicas por encima de otras. Así, hoy en día, el municipio de Yerba Buena presenta toda clase de falencias en su infraestructura que contrastan notoriamente con la imponencia de ciertas edificaciones que han comenzado a aparecer en medio del paisaje urbano.
Ya hemos escrito aquí sobre la fiebre pavimentadora que afectó a la administración Toledo y sobre la paupérrima calidad de los resultados de dicha fiebre. Pero el “adoquinado veloz” (o algún otro método de pavimentación de poca calidad) no ha llegado aún a lugares que lo requieren imperiosamente, como es el caso de la calle Venezuela, en el tramo que va desde avenida Aconquija hasta calle Cariola. Tampoco la municipalidad ha hecho nada por solucionar el problema de la esquina de Acassuso y Frías Silva, en donde se ha formado un gran pozo que acumula agua estancada. Y ni hablar de la esquina de 9 de Julio y Alfredo Guzmán, en donde hay una parada de colectivos que está cerca de un cada vez más desprotegido canal, que representa un verdadero peligro para los peatones de la zona.
Hasta ahora Toledo no ha empleado un solo minuto para tratar estos casos, pero si ha dedicado innumerables horas para impulsar la construcción de un enorme edificio para que funcione como sede de la intendencia. Con la excusa de resolver el problema de la capacidad edilicia de la intendencia, y con la convicción de que el proyecto contribuye a centralizar los servicios municipales (ahorrándoles la molestia de estar desplazándose de un lugar a otro de la ciudad a quienes realizan trámites), el funcionario ha apostado en grande.

A principios de año, un grupo de vecinos autoconvocados en defensa del patrimonio municipal denunció que la obra se iba a realizar en un terreno que –por una ordenanza del Concejo Deliberante de Yerba Buena–, estaba destinado a otro fin, y que Toledo pensaba financiarla entregándole a la empresa constructora dos terrenos (aquel en el que está actualmente emplazada la intendencia, y aquel en el que está el abandonado vivero municipal). Toledo desmintió la versión sobre el financiamiento, aduciendo que los terrenos pertenecen al Estado provincial y no al municipal. De todos modos hay que tener en cuenta que, el 30 de junio pasado, la legislatura provincial aprobó un proyecto de traspaso de dos terrenos provinciales a la municipalidad de Yerba Buena, promovido por Sisto Terán Nougués y Carolina Vargas Aignasse. Desde este blog no hemos podido averiguar cuáles son esos dos terrenos transferidos, pero tenemos cierta sospecha.
Y junto al Estado (que, el año pasado, también se ocupó de trasladar la estatua del Cristo de Chiérico ubicada en una rotonda, alegando que con ello contribuía a reordenar el caótico tránsito de la ciudad), quien ha estado construyendo en Yerba Buena es el sector privado, que, como también hemos señalado ya, parece hacerlo a toda prisa, gozando de permisos provisorios y eludiendo lo establecido por el Código de Planeamiento municipal. Tal parece ser el caso de la nueva sede del Banco de Santiago de Estero (avenida Aconquija y pasaje Oeste) y del Terrazas Village (avenida Aconquija y Juan B. Terán), un condominio cuya construcción la ejecuta una empresa vinculada a Naum Alperovich –y que el sitio Contexto “denunció” en su momento, apuntando, curiosamente, más a destacar las virtudes de la obra que a señalar las irregularidades en torno a su realización.

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Las aguas suben turbias

2010-07-06T00:19:00.000-07:00

Los sistemas cloacales SAT-urados

La sobredemanda de las redes de agua y la obsolescencia de las cañerías subterráneas sumergen a San Miguel de Tucumán en una situación caótica en lo que respecta al suministro de agua potable. Si bien en la mayoría de los casos las falencias no se observan a simple vista, éstas quedan en evidencia cada vez que hay un colapso en el sistema cloacal que origina derroche de agua para consumo o, peor aún, afloramiento de agua de deshecho.

Ver agua clara que corre caprichosamente por las calles o las veredas es un motivo de indignación, pero es mucho peor tener que convivir con aguas servidas. Ante este último suceso, muchos vecinos son obligados a vivir con las puertas y las ventanas cerradas para evitar así que los olores pestilentes penetren en el seno de sus hogares. Pero en muchos casos las cloacas están tan saturadas que los desagradables efluentes retornan a las viviendas. De ese modo se generan espacios intransitables, que atraen a miles de insectos y otras alimañas, y ponen en peligro la salud de las personas, especialmente las más vulnerables como son los niños y los ancianos.
En muchas partes de la ciudad al colapso del sistema cloacal se le suman las insuficiencias del aseo urbano, lo que hace que cerca de los charcos de agua putrefacta emerjan basurales: el drama se agrava.
La situación se repite en todas las localidades que rodean a la capital provincial, y en muchas otras ciudades del interior. Pero, sin lugar a dudas, uno de los peores lugares afectados por el trastornado sistema cloacal de Tucumán es la zona de San Felipe, y más precisamente el canal que desemboca en el río Salí. Dicho canal está tan contaminado que no tiene nada que envidiarle al tristísimo Riachuelo que bordea el sur de la ciudad de Buenos Aires.

Los reclamos de-SAT-endidos

El fastidio de los vecinos suele ser mayúsculo, pues las quejas siempre están pero las respuestas nunca aparecen. Sociedad Aguas del Tucumán SAPEM (Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria) es quien, por brindar el servicio, debería brindar soluciones cuando éste no alcanza un mínimo de calidad. Pero no lo hace. La gente llama por teléfono, la queja por deficiencias en el servicio queda asentada, pero luego no sucede nada más. En muchas ocasiones los empleados del área de reparaciones llegan hasta el lugar donde se registra una falencia en el sistema de provisión de agua potable o de recolección de efluentes cloacales, realizan un diagnóstico y se van. Con suerte antes de irse efectúan algún tipo de arreglo provisorio, pero tarde o temprano el problema reaparece.
Al parecer la SAT cuenta con un plantel de empleados que supera la cantidad de tareas que deben realizar, y para colmo los directivos de la empresa atropellan a los trabajadores negándoles beneficios establecidos por ley como los aguinaldos, arguyendo que no cuentan con dinero suficiente para abonarle al personal lo que le corresponde.
Desde este blog creamos un grupo en Facebook con el objetivo de invitar a cualquier damnificado a denunciar su caso, para que exista un espacio de acceso libre en la Internet tucumana desde donde se pueda dejar asentado el abandono que la SAT hace de sus obligados clientes. Día a día vamos sumando referencias en nuestro mapa, dejando testimonio que Tucumán vive una situación ca-SAT-rófica.
Cuando a mediados de la década de 1990 se privatizó el servicio de agua en nuestra provincia, Aguas del Aconquija S.A. (una subsidiaria de la francesa Compagnie Generale des Eaux, liderada en aquel entonces por el nefasto Jean-Marie Messier) se hizo cargo de la situación de una manera tan desastrosa, que motivó a que miles de ciudadanos tucumanos salieran a presionar al gobierno para que revisase el contrato y le quitase el control a la empresa privatizadora. Finalmente el pueblo tuvo éxito, y Aguas del Aconquija se retiró de la provincia, aunque pataleando y presionando a organismos internacionales para que el Estado nacional y el provincial les pague por lo que no merecen. Fue la primera “guerra del agua” librada en nuestra provincia, y en aquella oportunidad el ERSACT –el ente regulador– era una institución autónoma, libre de la intervención gubernamental que sufre ahora.

SAT-urnismo y otros males

Algo que los tucumanos no deberíamos de olvidar son las denuncias contra la SAT que acusaban a la empresa de pauperizar la calidad del agua potable. Estas se hicieron públicas hace unos años, y se originaron en la cruzada que los vecinos del Sur de la provincia llevan contra minera La Alumbrera. Concretamente se señaló que, para ahorrar dinero, la SAT empleó sustancias muy nocivas para potabilizar el agua (no sólo en el sur, sino probablemente en toda el área provincial bajo su jurisdicción), aumentando peligrosamente los niveles de mercurio por cada litro de líquido vital. Se teme que esto ocasione saturnismo en una parte de la población.
Resulta decepcionante ver como un elemento tan necesario para el desarrollo de la vida como es el agua es de tan poco interés para las autoridades provinciales, tanto para los empresarios como para los políticos.
Por ejemplo la mala planificación urbana en zonas como Tafí Viejo o El Manantial hace que, actualmente, los vecinos se vean obligados a tolerar regímenes de racionamiento de agua, o directamente a padecer la privación del líquido. La falta de infraestructura fuerza a muchos a vivir en pésimas condiciones. Y también es lamentable observar cómo no se toman recaudos y se actúa sin la suficiente previsión. Tal es el caso del basural de Overá Pozo, un predio de próxima apertura del que se teme –y con sobradas razones– que va castigar el paisaje rurbano del Este tucumano, contaminando posiblemente todos los pozos desde donde se extrae agua en el área aledaña.

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Las aguas bajan turbias

2010-07-03T00:21:00.000-07:00

Agua enferma

Esta semana la prensa provincial se hizo eco de una denuncia que realizó Oscar Emilio Sarrulle contra los directivos del Ingenio La Florida, es decir contra el grupo empresarial que lidera Jorge Rocchia Ferro. Aparentemente en Las Cejas, una localidad tucumana cercana al límite con Santiago del Estero, hay un canal que abastece de agua de riego a los habitantes; el problema es que dicho canal transporta agua peligrosamente contaminada por culpa de los efluentes que el mencionado ingenio irresponsablemente le arroja en su cauce.
El agua del canal de Las Cejas es de color marrón obscuro y su consistencia es espesa y espumosa, completamente letal para los peces e indiscutiblemente tóxica para los seres humanos. El hedor que emerge de allí es nauseabundo, lo que genera una pestilencia insoportable a la que las familias de la zona no les interesa “acostumbrarse” (como les recomendaron que hicieran los funcionarios del SIPROSA).
Los campos de pastoreo, los criaderos de peces y las huertas que se ubican en los alrededores del canal, tanto en nuestra provincia como en la de Santiago del Estero, sufren las nefastas consecuencias de tener que recurrir a esa agua enferma.
El 30 de junio La Gaceta publicó un artículo en el que se le atribuía a Alfredo Montalván, secretario de Medio Ambiente de la provincia, la defensa de la idea de que la vinaza que La Florida arroja al canal (generada en cantidades excesivas desde que se empezó con la fabricación de bioetanol) no es contaminante. Al día siguiente el propio Montalván ejerció su derecho a replica –después de que muchos foristas de la versión digital del diario le sugirieron que si no era dañina entonces la bebiese–: aclaró que él había querido decir que, si bien es cierto que la vinaza castiga a los seres vivos que entran en contacto con ella, ésta no contamina si está debidamente tratada, e incluso puede llegar a servir para aumentar la fertilidad de los campos de cultivo, por lo que las autoridades del ingenio deben ocuparse de hacerlo en los próximos meses.
El tema de la contaminación por intermedio del arrojo de vinaza a los ríos y canales es algo que se viene discutiendo desde hace años en esta parte del país. De hecho en nuestra provincia los dueños de ingenios se comprometieron hace tiempo a adoptar un programa de renovación industrial que garantizase que ellos iban a asegurar la protección ambiental a la hora de desarrollar sus actividades. Sin embargo lo que sucede en Las Cejas deja en evidencia que sus promesas caen en saco roto, y que limitar su acción de crecimiento económico y evitar, al mismo tiempo, el daño ecológico no entra en su lógica.

La uruguayización de Tucumán

No es sólo el Este tucumano el que tiene que tolerar vivir con agua de pésima calidad, toda la provincia está afectada por lo mismo. La situación del arroyo El Saladillo, por ejemplo, es también lamentable, mientras que en el Sur, especialmente en el departamento Chicligasta, el agua también está notoriamente contaminada. Allí no sólo los ingenios contaminan las aguas para riego y uso doméstico (y uso en edificios públicos), también lo hacen las diversas citrícolas, sin contar que además la infame Minera La Alumbrera contribuye perversamente a empeorar la situación, siendo culpable del aumento de los niveles de metales pesados por cada litro de agua, lo que pone seriamente en riesgo a todos los pobladores de la región.
La red de agua del Sur no garantiza la salud de los pobladores y contra ello las autoridades permanecen pasivas. Este gobierno ha hecho poco en materia hídrica. Para ocuparse del dique La Angostura esperaron hasta que la situación se volviese crítica, y sobre el desarrollo de los postergadísimos proyectos del Dique Potrero del Clavillo y del Dique Potrero de las Tablas no ha habido nada más que promesas para el futuro.
Esto confirma algo que ya habíamos destacado desde este espacio digital: Tucumán es una especie de Uruguay para Catamarca y Santiago del Estero, pues así como el país vecino contamina las aguas para recibir los beneficios económicos de Botnia, así también cierto sector agroindustrial y la UNT, con la complicidad de los organismos estatales de fiscalización que permiten más de lo que prohíben, son responsables de atentar contra la calidad del agua (y, por ende, contra la vida) para generar grandes sumas de dinero que benefician a muchos menos personas de las que perjudican. Y Tucumán, al igual que Uruguay, también genera contaminación puertas adentro, lo que afecta la ya castigada salud de quienes vivimos en la provincia.

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Vigilar al (video)vigilante

2010-07-01T00:05:00.000-07:00

No sonría, le están robando

La inseguridad es un grave problema que afecta a la sociedad argentina y por ello es preciso que el gobierno tome diversas medidas para combatirla. Ahora bien, cada acción del gobierno requiere una inversión monetaria, por lo que se puede decir que junto al combate contra la inseguridad emerge la posibilidad del negocio para quienes proveen al Estado de instrumentos para cumplir con sus metas.
Hace unos días se informó que Telefónica Ingeniería de Seguridad (TIS), una empresa argentina perteneciente a la corporación multinacional Telefónica SA, instalará 190 cámaras de vigilancia en las ciudades de San Miguel de Tucumán y Yerba Buena con el objetivo de monitorear en tiempo real lo que suceda en la vía pública durante las 24 horas del día. Según lo que figura en el Boletín Oficial provincial, la contratación de TIS se hizo de forma directa, es decir sin licitación, por una suma de diez millones de pesos, repartiendo además otros cuatro millones entre Movistar, la filial argentina de General Motors, y empresas tucumanas como GPSAT, Discar S.C. y la concesionaria Aspen SRL, pues junto a la instalación de las cámaras está contemplado crear una fuerza de seguridad motorizada que será acompañada a través del seguimiento satelital.
La presencia de TIS en la provincia es parte de una casi silenciosa estrategia que el gobierno nacional ayuda a promover para frenar a la delincuencia, y cuyo epicentro se encuentra en el conurbano bonaerense, uno de los escenarios del país más afectados por este flagelo. En este sentido, el municipio de Tigre –que tiene al oficialista Sergio Massa como minigobernador– es el estandarte del éxito de la videovigilancia, pues cada tanto aparecen noticias en la prensa que informan sobre el uso de cámaras que fueron usadas para detener y atrapar a quienes quebrantan la ley, y justifican así el gran gasto efectuado.
En Buenos Aires, TIS domina el tema de las cámaras de seguridad, junto a las empresas Global View y Ubik2. Representantes de estas firmas han visitados diversas intendencias y han auspiciado a varios expertos en seguridad con el propósito de explicar cuáles son las ventajas de contratar sus servicios. Los municipios más populosos, tal vez persuadidos de las bondades de lo que se les ofertaba, demandaron el producto, algunos con urgencia y contrataciones directas de todo el paquete (que incluye cámaras, la instalación de anillos de fibra óptica, la constitución de un centro de monitoreo y el ajuste de detalles relacionados a la infraestructura), otros con un poco menos de prisa y un poco más de control sobre el gasto del dinero público.

Los medios de comunicación y la sensación de inseguridad

Hace cuatro años Anibal Fernández, Ministro de Justicia de la nación, lanzó una pequeña boutade al afirmar que la ola delictiva que castiga al país es un “punch mediático”, de donde se infería que la “sensación de inseguridad” que los medios de comunicación creaban era peor que la inseguridad real. Por esa expresión al Ministro se lo criticó mucho, y el año pasado se desentendió de su autoría al adjudicársela a un periodista del diario La Nación.
Nuestra referencia a Fernández está relacionada con el tema de las videovigilancia, ya que no es ningún secreto el hecho de que TIS tiene un parentesco con Telefé, pues ambas empresas integran el holding de Telefónica (es destacable también que el dueño de Global View tenga como socio a Daniel Hadad, máxima cabeza detrás de C5N). Telefé es un canal que –a diferencia del 13, pero en coincidencia con C5N– ha hecho buena letra con el gobierno nacional, lo que, por ejemplo, lo hace un objeto de escasa crítica por parte de programas como 678.
Rubén Longobuco, actual CEO de TIS, sostiene que las cámaras no sólo proporcionan más seguridad, sino que además son “una inversión que servirá también para el desarrollo de una ‘Ciudad Digital’, que permitirá acercar al ciudadano a la nuevas tecnologías”. Ese discurso quizás suene demasiado ambicioso, pero tiene su fundamento en que la idea no es generar un sistema panóptico para que el Estado vigile todo lo que acontece en el espacio público, sino que se pretende que también funcione para controlar el accionar de las propias fuerzas del orden, ya que, en principio, no deberían de haber policías operando las cámaras sino civiles, lo que hace de la videovigilancia una cuestión participativa. Sin embargo sabemos que en este país suelen diferir las cosas que se dicen de las cosas que se hacen, por lo que muy probablemente termine tejiéndose una red de exclusividad en la cual se le otorga a Canal 8 (repetidora local de Telefé) una fuente de noticias bien gráficas y de alto impacto, ideal para levantar de vez en cuando los raitings, pero fatal para controlar la “sensación de inseguridad que crea la corporación mediática” si se recurre mucho a ella. Esperemos que esto que planteamos sea sólo una hipótesis, y no se convierta en una realidad.

Sin plan B (y sin plan A)

El periodista Roberto Delgado publicó una nota en La Gaceta (20/04/10) en la que comenta sobre la presencia de un mexicano experto en delitos informáticos que vino a nuestra provincia a disertar sobre su especialidad. El texto de Delgado exagera un poco, pues sostiene que para la policía tucumana el mexicano estaba hablándoles en un idioma incomprensible. Delgado ignora que, en la última década, muchos graduados universitarios se incorporaron a las filas de la policía, y que ellos están aptos para formar un equipo competente en el área. Lo que, por otro lado, si hace muy bien Delgado es desnudar la desorganización que parece reinar en el seno de la policía de la provincia.
El contraste que se plantea en la nota de La gaceta pone de un lado a un mundo que avanza hacia la digitalización, frente a un cuerpo de seguridad que todavía usa máquinas de escribir y papel carbónico. De ese modo toda inversión en tecnología para el sector queda suavizada frente a la opinión pública, que antes que cuestionarla tiene sugerido que se la festeje.

Lo que hay que tener en cuenta aquí es que si esta inversión millonaria en cámaras de vigilancia hubiese sido el producto de la propuesta de una comisión de especialistas en materia de seguridad que trabajasen para reducir la criminalidad en San Miguel de Tucumán y Yerba Buena, entonces no habría nada que objetar. Pero, lamentablemente, no lo es. Es decir, el gasto millonario se hizo tanto en Tucumán como en otras provincias (San Juan, San Luís, Corrientes, próximamente Catamarca y Misiones) sin plantear nunca un plan integral previo cuyo objeto fuese garantizar la seguridad de la ciudadanía.
El Estado tucumano tiene ahora casi dos centenas de cámaras, pero nada ha dicho sobre cómo las empleará. Lo más probable es que, al igual que los tucumanos que –desde su indignación frente a la realidad provincial– ejercen el periodismo ciudadano filmando a los delincuentes con sus propias cámaras, las imágenes registradas sólo sirvan para avivar el fastidio ante el delito de quienes la ven y motivar acciones cosméticas pero nunca estructurales por parte de la policía.
En otras regiones las cámaras han enfrentado toda clase de problemas, que van desde dificultades del mantenimiento o la contemplación de las limitaciones técnicas hasta el mal uso por parte de los operadores (que terminan violando la privacidad de las personas); en Tucumán, gracias a la urgencia por cerrar el negocio con TIS y demás empresas, nunca se habló de estos temas. Recién, con suerte, se lo va a hacer cuando afloren como problemas que se podrían haber evitado con un poco más de organización y ordenamiento de las políticas de seguridad.

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El zoológico que devino matadero

2010-06-26T15:17:00.000-07:00

El publicano fariseo

En este blog ya hemos señalado que la presión tributaria en Tucumán es una de las más altas del país, y hemos comentado también sobre la actuación del recaudador Pablo Clavarino, un funcionario tan publicano como fariseo que ha convertido a la Dirección General de Rentas de la provincia en el cuartel de Torquemada.
Ahora Clavarino es nuevamente noticia tras haber organizado una “redada” para clausurar alrededor de 40 locales del rubro gastronómico y esparcimiento nocturno en San Miguel de Tucumán (tanto en la zona céntrica como en el área del Abasto) y en Yerba Buena. El operativo fue tan bien coordinado que es la envidia de la DIGEDROP. La diferencia es que mientras los de la DIGEDROP gastan recursos para detener a delincuentes peligrosos, Rentas persigue y trata a los infractores como si fuesen repudiables criminales. El problema de la clausura masiva ordenada por Clavarino es que castiga a muchos locales que iban a aprovechar el clima festivo generado por el partido entre Argentina y México del Mundial de Sudáfrica para tener un día de buenas ventas.

Los empresarios se quedan así sin poder recaudar en un fin de semana ideal para hacerlo, y Clavarino suma otra medalla a su blazer de “tolerante cero” con quienes incumplen la ley. Si el gobierno combatiese a los narcotraficantes con el mismo énfasis que hostiga a quienes cometen infracciones impositivas, entonces la zona de la Costanera sería el lugar más seguro de la geografía provincial.

El campeonato de la vergüenza es la guerra contra los que menos tienen

Raúl Robin, el presidente de la Federación Económica de Tucumán, ha dicho que “en el país hay una especie de campeonato con respecto a incrementar la presión o a mejorar la base tributaria”. Su observación no puede ser más acertada.
Lo que sucede es que, durante los últimos 60 años y hasta el 2002, al fenómeno de la inflación se lo buscó controlar mediante la emisión monetaria primero, y mediante el endeudamiento (sobre todo durante los años de convertibilidad y privatizaciones) después. Pero tras la crisis de 2001, ambos recursos dejaron de ser recomendables y se pensó en un nuevo instrumento para resolver la situación: el crecimiento ininterrumpido de la recaudación tributaria. Esto explica el motivo por el que se desarrolla en las provincias ese “campeonato” del que habla Robin: la principal fuente de financiamiento del Estado son las contribuciones obtenidas mediante una presión fiscal cada vez más aguda.
En efecto, a fines del año pasado la recaudación tributaria –solamente en concepto de impuestos nacionales– pasó a representar cerca del 30% del Producto Bruto Interno nacional. Por tanto el escenario es crítico, ya que hay que considerar que esa constitución del PBI está acompañada por tasas anuales de inflación que se ubican en similares porcentajes.
Muchos de los otros países que, como el nuestro, promueven una alta presión tributaria hacen algo completamente diferente a lo que actualmente se hace aquí: cobran impuestos inflacionarios bajos. De ese modo evitan que confluya la alta presión tributaria sobre el sector formal de la economía con los altos impuestos inflacionarios, para evitar aplicar altas tasas de tributos sin la necesaria contraprestación (pues ello es algo que se hace en ocasiones excepcionales, como por ejemplo cuando un país atraviesa una guerra).
Argentina, con su “campeonato de recaudación”, genera una economía de guerra. Es por ello que, como en toda guerra, los primeros en huir son los capitales, y detrás de ellos se van los jóvenes que no quieren participar del desastre causado por sus padres.

La matriz perversa de los impuestos de Argentina

Lo más indignante del sistema fiscal argentino es que hoy en día funciona pensando en polarizar a la sociedad en dos grupos: los ricos y los pobres. Quizás suene exagerado decirlo, pero al analizar un poco el asunto se ve que no es tan desmedido el diagnóstico.
El Estado (nacional y provincial) toma recursos de las personas y de las empresas a un ritmo superior al del crecimiento de la riqueza, lo que, en consecuencia, pervierte a la matriz impositiva, pues en estas tierras los sectores sociales que más pagan no son necesariamente también los que más ganan.

La clase media, aquel sector de la población contra el que Clavarino no tiene problemas de salir a “cazar” cuando no están en los límites de su “zoológico”, es explotada por el gobierno y constantemente empujada para que se acomode debajo de la línea de pobreza. Si se considera, por un lado, los ingresos, y por el otro, los porcentajes de los montos impositivos, entonces queda en evidencia que las familias (al consumir), los trabajadores empleados y autónomos (al percibir sus ingresos), los productores primarios de bienes exportables como la soja o el tabaco (a través de retenciones del precio pleno de sus productos de exportación), y los pequeños y medianos empresarios (que no están en condiciones de trasladar la carga del impuesto a las ganancias al precio de los productos que venden o de los servicios que prestan) contribuyen mucho más con el fisco que, por ejemplo, los rentistas y los usureros, y, claro, los grandes empresarios que gozan del poder suficiente como para ser formadores de precios, por lo que pueden sin problemas trasladar la carga tributaria sobre sus clientes o sus proveedores.
Cuando el industrial Jorge Rocchia Ferro se quejó de las políticas impositivas distorsivas que se ejecutan en Tucumán, envió un mensaje directo, pero, al mismo tiempo, oblicuo hacia el gobernador. Pues empresarios del tamaño de Rocchia Ferro tienen la capacidad suficiente para operar por intermedio de paraísos fiscales y evadir impuestos de ese modo, sólo necesitan que sus contadores y abogados encuentren los vacíos y las laxitudes que las actuales leyes nacionales y provinciales poseen, para poder generar así NEVERAS (capitales que circulan en negro, en verde y afuera). Un trabajador o un empresario mediano rara vez tiene esa suerte de poder ejercer la “contabilidad creativa”, y por tanto sufre la desagradable sensación de que, como se dice vulgarmente, le metan la mano en el bolsillo.

Construyendo por encima de las leyes

2010-06-23T11:05:00.000-07:00

Yerba Buena

Los tucumanos sabemos que desde que Alperovich gobierna hay una fiebre constructora que ataca a la provincia. En efecto, el gobernador actual dijo públicamente que iba a intentar superar la histórica gestión de Celestino Gelsi, lo que implica dotar al territorio tucumano de una imponente infraestructura que garantice la mejor calidad de vida posible para los ciudadanos de hoy y de las generaciones futuras. Si bien la administración Alperovich ha favorecido la realización de obras públicas, aún es necesario impulsar la concreción de construcciones fundamentales (como aquellas que mejoren la dotación de agua, aquellas que resuelvan los problemas de tránsito en San Miguel de Tucumán y alrededores, y aquellas que sirvan para fortalecer al polo industrial asentado en la provincia).
Pero junto a la obra pública ha habido obras privadas. Si en algo creció Tucumán durante la gobernación de Alperovich es en la multiplicación de entidades comerciales y financieras, especialmente las de considerable envergadura. Es decir, mientras las fábricas o los centros productivos continúan escaseando en la provincia, los supermercados y los bancos siguen instalándose a paso firme. Y la mayoría de las veces lo hacen violando las leyes vigentes.

En este blog ya hemos señalado el caso –denunciado por vecinos de Tafí Viejo– de la empresa Emilio Luque intentando apropiarse de la AJC para abrir una nueva sucursal en esa ciudad; ahora es el turno de referirnos a la obra que el Banco de Santiago del Estero (BSE) ejecuta en Yerba Buena.
Ubicada en avenida Aconquija y calle Oeste, cerca de la sede municipal del ANSES (Aconquija 674), el BSE edifica una nueva sucursal evadiendo impunemente lo dispuesto en el Código de Planeamiento de Yerba Buena. Los vecinos de la zona se encuentran muy fastidiados, porque la presencia del BSE no hará más que alterar el ritmo de vida que ellos llevan: ninguno fue consultado antes de que la obra se inicie y, por supuesto, ninguno es escuchado ahora que la obra está en marcha y salen a la luz las irregularidades presentes.

Aquí el testimonio de propia voz de un vecino de Yerba Buena (recogido por Teleflash, el noticiero de Canal 5 de ATS):

La problemática del sector tabacalero en Tucumán

2010-06-17T21:50:00.000-07:00

Tucumán no es Misiones

El sector tabacalero tucumano reúne a más de 2500 productores, pero aún así parece ser relativamente insignificante para las autoridades provinciales. Mientras que en Jujuy o en Misiones el cultivo de tabaco es uno de los principales motores económicos de la región, en Tucumán la actividad no está muy difundida. Por ello aquí –donde la caña de azúcar, el limón, los arándanos, e incluso la soja, son un negocio mucho más extendido y rentable que el tabaco– la dirigencia provincial no demuestra demasiado interés por los tabacaleros locales, algo que sería escandaloso si sucediese con los gobiernos jujeños o misioneros.
En Tucumán la producción de tabaco se realiza mediante un sistema mixto, es decir, pequeños y medianos empresarios (diseminados mayormente en el sur tucumano) cultivan y cosechan tabaco en sus minifundios, para luego venderlo a los industriales, que en este caso se trata, básicamente, de dos acopiadoras: Massalin Particulares y Nobleza Piccardo. Esas dos empresas –que oficialmente compiten entre si pero extraoficialmente llegan a arreglos sin demasiadas dificultades– fijan el precio del tabaco de acuerdo a su conveniencia, que, por supuesto, es abiertamente contraria a la de los productores.

Los tabacaleros tucumanos reclaman que se apliquen medidas para no ser ahogados económicamente por los industriales, y utilizan a Misiones como modelo. La propuesta no es descabellada, pero sucede que en la provincia mesopotámica el número de productores de tabaco quintuplica al de aquí, por lo que en esas latitudes los reclamos del sector si hacen temblar a los respectivos gobiernos.
Existe un crédito que el Estado nacional otorga a los pequeños y medianos productores tabacaleros con el objeto de permitirles financiar su actividad (que requiere, además de la fuerza de trabajo, de muchísimos insumos para poder obtener tabaco burley de calidad): el Fondo Especial del Tabaco (FET). En Misiones los recursos del FET se distribuyen en tiempo y forma, o de lo contrario se generaría una situación muy tensa entre los tabacaleros y el gobierno. En Tucumán, en cambio, pasa lo que nadie quiere que pase en Misiones, pues, como ya dijimos, el sector es débil y pequeño, y por tanto fácil de abandonar (pues parece que las autoridades de nuestra provincia gobiernan para el beneficio de los que más tienen y para clientelizar a los más humildes, pero hacen poco por los sectores medios).

Sector para no fumadores

La falta de apoyo social a los tabacaleros es notoria. Ningún gremio –ni siquiera los rurales– adhiere a la lucha de estos productores. Las protestas de estos pequeños y medianos empresarios suelen tener como epicentro la ciudad de Juan Bautista Alberdi, y por ello es muy común que las radios de la zona miren para otro lado cuando hace falta difundir las convocatorias. La policía del sur tampoco suele colaborar con los tabacaleros, pues suelen fastidiarse ante los tractorazos o los piquetes. Y el resto de los ciudadanos rara vez se solidarizan con esos movimientos –salvo aquellos que se ven afectados por la situación en el sur provincial.
Este escenario quizás se cimienta sobre la mala fama que socialmente tiene el tabaco, pues todos sabemos que es un producto innegablemente vinculado al deterioro físico de quienes lo consumen. En Tucumán están los cañeros independientes y los médicos autoconvocados, y a nadie se les ocurriría acusarlos de ser promotores de la obesidad o de la iatrogenia, pero si hay muchos que miran a los tabacaleros como si fuesen culpables o cómplices del tabaquismo, y por ello a mucha gente les cuesta ser comprensivos con sus demandas.
En nuestra provincia rige una ley que tiene por objeto suprimir el consumo de cigarrillos en espacios públicos cerrados. Dicha ley es uno de los logros internacionales de la Organización Mundial la Salud (OMS) un organismo vinculado a la ONU, es decir a una compleja trama de capitalistas deshonestos, capitalistas honestos y muchos gobiernos nacionales sometidos a la planificación de las políticas internacionales de unas pocas potencias mundiales.
La OMS, a través de muchos colaboradores directos o indirectos, presiona en todo el mundo para que el cultivo de tabaco sea definitivamente erradicado. El problema es que este organismo dicta una buena solución para acabar con los males que acarrea el consumo de tabaco, pero no hace propuestas para reemplazar la actividad. De esa manera se protege la salud de millones de fumadores (activos y pasivos), pero se afecta a miles y miles de productores, muchos de ellos gente de discretos recursos y un alto nivel de necesidades.

La naturaleza vencida

En 2001 hubo un serio conflicto en el sector tabacalero tucumano. En aquel entonces se descubrió que cientos de productores habían sido inducidos por representantes de algunas agroquímicas para producir tabaco transgénico. La propuesta, que incluía facilidades de financiación y garantización de demanda, era muy tentadora, por lo que muchos tabacaleros decidieron intentarlo. Sin embargo aparecieron denuncias que sostenían que los cultivos transgénicos de tabaco no están autorizados en nuestra provincia, lo que hizo que el gobierno actúe eliminando lo producido por los ruralistas. Si el proyecto de las agroquímicas hubiese sido exitoso, entonces se podría haber establecido un sistema de producción similar al misionero, pero a riesgo de generar un tabaco genéticamente modificado, y por ende nocivo para el organismo. En nuestra provincia hubo mucha confusión porque se pensó en primera instancia que las acopiadoras no sabían nada acerca del asunto, pero luego se instaló la idea de que esas grandes empresas habían estado vinculadas desde el comienzo, aunque no se sabe muy bien por qué se hizo marcha atrás con el proyecto o cuál era la intención original (y eso es algo que debería investigarse para develar una historia un tanto turbia de lobbies, corrupción y estrategias monopólicas).
De todos modos el tabaco cargaba con mala fama desde mucho antes del incidente de los transgénicos de 2001, pues los reportes sobre el daño físico son de décadas anteriores. En concreto no es el tabaco el que resquebraja la salud, sino más bien el tabaquismo, vale decir, el consumo excesivo de este producto rural. Y más precisamente no es el tabaco el que más lastima a los organismos que lo consumen, sino que el mayor daño es ocasionado por todos los aditivos químicos se le colocan cuando se lo produce en forma de cigarrillo.
No obstante el tabaco no es inocente. Siendo quizás la más adictiva de las drogas descubiertas por el hombre, sigue tentando a quienes lo abandonan –incluso varias décadas después de haberlo hecho– presto a devolverle al fumador una imperceptible sedación/estimulación ligada a una coreografía de gestos y pequeñas servidumbres (encendedor, cenicero, paquete, una mano inútil por ocupada) que llenan los instantes. Y para que cada fumador renuncie a su hábito, o mejor, para que cada adicto domine a su adicción, hace falta que ellos mismos encuentren los modos de resolver sus problemas, sin recurrir a la solución final propuesta por la OMS, que no contempla la libertad de elección de quienes deciden fumar y se desentiende del problema de los productores.
Entonces, mientras el consumo no haya desaparecido definitivamente, los productores tabacaleros no pueden ser culpados de contribuir a enfermar a las poblaciones. Si bien ellos son una parte fundamental de la cadena productiva, los verdaderos culpables de la plaga del tabaquismo son las empresas que industrializan el producto y que lo comercializan, y que llevan décadas haciéndolo, por lo que las respuestas ante el problema no pueden ser bruscas.

Vergonzosa policía

2010-06-07T22:42:00.000-07:00

Buen policía, mal policía

La policía de Tucumán existe desde 1565. En su larga historia ha procurado ser una institución orientada al mantenimiento de la ley y del orden en la comunidad. Sin embargo son incontables los casos en que, por el contrario, ha contribuido al quebramiento de la ley y a la desestabilización del orden en el territorio provincial.
En rigor no ha sido la policía como institución quien ha obrado indebidamente, sino sus miembros, y más precisamente, sus malos miembros.
En la fuerza policial hay toda clase de gente. Hay gente muy honesta y trabajadora, como también hay gente muy deshonesta y corrupta. Lo lamentable es cuando los de ese último grupo superan a los del primero. En ese caso se está verdaderamente en problemas. De todos modos esa no es la situación de Tucumán, aunque si es cierto que en nuestra provincia la mala policía causa un tremendo daño, tanto a su propia institución como al resto de la sociedad.
Los hurtos, robos y atracos a transeúntes en las calles de las principales ciudades tucumanas son algo tan habitual y cotidiano que muchos temen que exista connivencia entre los delincuentes y los policías que “liberan” las diferentes zonas donde se cometen los delitos. El transporte público no está a salvo, ya que en más de una ocasión tanto colectiveros como taxistas se quejaron públicamente de lo peligroso que se ha tornado su oficio. De igual manera los pequeños comercios y los hogares se han vuelto objetivos de la delincuencia más comunes de lo que eran hace unos veinte años.

La escuela del Malevo

Tal vez la falta de presencia policial en las zonas de alta criminalidad no se deba únicamente a la connivencia entre policías y ladrones, sino también a la incompetencia de la fuerza de seguridad para distribuir eficientemente a su personal con el fin de brindar protección a los ciudadanos. Es evidente que faltan implementar estrategias de amplio alcance y planes efectivos de lucha contra el delito, pero es obvio también que falta reordenar internamente a la estructura policial. En la policía provincial existen todo tipo de peleas internas, que muchas veces incluyen disputas territoriales, violentos aprietes y fricciones de todo tipo. Es decir no es extraño que cada tanto algunos policías se enfrentan entre si, y salden sus diferencias de modos poco saludables.
Pero lo más intolerable de todo son las bandas formadas por miembros de la propia policía, cuyas acciones son abiertamente criminales. Cuando quienes deben hacer cumplir la ley son quienes más ganas de ignorarla tienen, es algo escandaloso.
En Tucumán, en este sentido, tuvimos el caso emblemático de Oscar “El Malevo” Ferreyra, aquel comisario famoso por emitir y ejecutar varias sentencias de muerte contra diversos delincuentes (que integraban bandas delictivas con las que él tenía conexiones). El último “ajusticiamiento” de Ferreyra fue la ejecución de uno de los más peligrosos delincuentes que enfrentó en su carrera: él mismo.

El peor flagelo

Aunque las modalidades delictivas más usuales en la provincia no incluyan armas de fuego, circulan entre el hampa una gran cantidad de pistolas ajenas a todo registro en el RENAR. Y tan lamentable como las armas liberadas es la abundancia de droga que se puede apreciar en Tucumán, especialmente en las zonas económicamente más vulnerables, en donde niños y adolescentes viven en permanente situación de riesgo. Las drogas no sólo destruyen los cuerpos y las mentes de quienes las consumen, también acaban con las expectativas de esos individuos, allanándoles el camino para iniciar una carrera delictiva.
Hasta la década de 1980 las drogas ilegales no eran un producto muy consumido por las clases populares en Argentina, pero desde la década siguiente comenzaron a crecer en su cantidad, a variar en su calidad y a hacerse más accesibles para la gente de escasos ingresos. Desde entonces la criminalidad ha crecido en todo el país.
El negocio de las drogas mueve enormes cantidades de dinero por año. Nadie sabe exactamente quién está detrás de semejantes fortunas. Cada tanto caen punteros en barrios periféricos, pero casi nunca se afecta a aquellos que mueven drogas por otros sectores (como boliches para el sector ABC1, edificios públicos, espectáculos deportivos, prostíbulos, etc). Más de un político ha denunciado la existencia de un narcopoder, pero nunca se ha llegado hasta las últimas consecuencias en las investigaciones, conformándose –en el mejor de los casos– con la caída de alguna figura política menor dispuesta a asumir la responsabilidad gracias a vaya uno saber cuál acuerdo previo.

Respetar la autoridad

Sobra la gente que no se siente protegida por la policía de Tucumán. Peor aún, hay muchos que creen que es mejor estar distanciados lo más posible de esa fuerza de seguridad, pues no tienen ni confianza ni esperanza en su accionar. Esas personas ven en la policía a una peligrosa combinación de burócratas y armas, de sobornos y violencia, frente a la cual es mejor no vincularse. Y cuando se topan por algún motivo con ella muchas veces terminan por sufrir el abuso de autoridad y el maltrato gratuitio que se practica tan comunmente en este órgano estatal.

La inseguridad y la policía que hace poco para revertirlo es un problema muy serio que requiere de importantes decisiones políticas. En nuestra provincia quien más enfatiza el asunto es José Luís Bussi, que –pensando en construir imagen y posicionar su ignorada figura para las próximas elecciones– sale cada tanto en los medios de comunicación hablando como si fuese el líder de “Los Intocables”. Anuncia un plan de seguridad que contempla tanto los aspectos externos como los internos de la policía. Lo que dice suena convincente, pero omite algo clave para que funcione: la participación ciudadana.
En enero de este año hubo ese caso en Ciudad Alberdi en el que un centenar de vecinos se movilizó contra las fuerzas de seguridad locales, hartos de su ineptitud y su desidia. Entre los reclamos por la renovación de la estructura policial del municipio se colaron varios pedidos para que se implementen mecanismos ciudadanos para controlar la gestión, que fuesen abiertos y transparentes. Obviamente las autoridades desestimaron todo ello, pero es importante tener en cuenta que ese tipo de iniciativas no deberían silenciarse sólo porque a la corporación política y a la familia judicial no les guste reconocer que el pueblo es el que manda.

El Riachuelo de Tucumán

2010-06-03T21:42:00.000-07:00

Finalmente se hizo un allanamiento en la planta depuradora de efluentes que la SAT administra en la zona de San Felipe. Los vecinos del lugar habían hecho la denuncia el año pasado, y durante este año presionaron varias veces a Mario Racedo –el juez competente en el tema– para que actúe, pues esos mismos vecinos fueron varias veces amenazados por punteros políticos que responden al oficialismo.

Peritos de Gendarmería Nacional tomaron muestras que serán analizadas en la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Columbres (EEAOC) para conocer a ciencia cierta cuales son todas las sustancias que contaminan el Canal Sur. De cualquier modo basta con taparse la nariz (pues los olores que emanan desde allí son insoportables) y acercarse un poco hasta la orilla de dicho canal para observar la materia fecal, los pañales usados, las botellas rotas y toda clase de desechos que flotan en esas aguas negras, incluyendo los residuos que los camiones sanitarios llevan desde los hospitales, los sanatorios, las veterinarias y los laboratorios tanto de San Miguel de Tucumán, como de Alderetes y Banda de Río Salí. Todo ello llega hasta el río Salí -y se suma a los desechos arrojados por las citrícolas, los ingenios y otras fábricas-, contaminando violentamente toda la cuenca, convirtiendo al agua en nociva para el riego y el consumo animal.
Recordemos que la planta de San Felipe fue inaugurada en 1981, durante la gobernación del general Merlo, y que durante mediados de los noventa y principios del 2000 la Comisión Nacional de Energía Atómica intentó llevar a cabo un proyecto para convertir a San Felipe en una moderna planta de irradiación de barros cloacales, pero por diversos motivos dicho proyecto no prosperó.
Desde que la SAT administra el suministro de agua en la provincia, la planta de San Felipe jamás funcionó. En mayo del año pasado se hizo una licitación para determinar cuál empresa realizaría el reacondicionamiento de la planta, pues el Banco Interamericano de Desarrollo había concedido un importante crédito a la nación para hacer la obra. Resultó ganadora una empresa extranjera (Isolux Ingeniería) que es cuestionada en otras provincias de nuestro país.
La SAT, como ya lo hemos dicho, brinda un servicio realmente deficiente, pero las sanciones que recibe no son nada serias. El principal problema es que el máximo órgano controlador, la ERSACT, está intervenido por el gobierno provincial (como está intervenido el EPRET). De esa manera las voces de divergencia quedan excluidas, y el terrible Riachuelo tucumano va tornándose cada día más obscuro y peligroso para todos los seres vivos que sufren la desgracia de estar cerca de él.

Los invisibles, los invencibles

2010-06-02T22:25:00.000-07:00

Hay un texto de Borges en el que el escritor le atribuye a Edward Gibbon la observación de que en el Corán no aparecen camellos y esto confirmaría la arabidad del libro. Más allá de que en las páginas del Corán si aparecen una veintena de camellos, el punto de Borges es que el camello era algo tan común y visible entre los pueblos árabes que sus figuras se diluían en el paisaje, por lo que un libro árabe que los omitiese evitaría el cliché del pintorequismo.
En Tucumán hay un caso similar al de los camellos borgeanos invisibles del Corán. Se trata de los jubilados transferidos de la Nación que miércoles a miércoles exigen frente a Casa de Gobierno el reconocimiento del 82% móvil. Su lucha tiene ya siete años de antigüedad, e incontables manifestaciones en Plaza Independencia. Para un turista extranjero ver en un sector de la plaza central de la ciudad a un grupo de ancianos con pancartas y megáfonos es una triste postal que se lleva de la ciudad (como aquel turista australiano que en 2007, al ver la suciedad de Plaza Alberdi, decidió él mismo limpiar el espacio público tucumano), pero para un tucumano es algo que día a día se vuelve parte de la rutina.

En la marcha del miércoles 2 de junio de 2010, los jubilados llegaron con una bolsa cargada de piedras. Frente a las vallas y al cordón policial, arrojaron uno a uno los proyectiles sobre la fachada de Casa de Gobierno (aunque ninguno pasó las escalinatas). Entre sus proclamas se incluía la de organizar una pueblada de los jubilados en contra del gobierno que los ignora. La violencia que esta gente se ve obligada a intentar ejercer tiene su origen, en realidad, en la falta de visibilidad a la que se los somete. Como los jubilados son un sector pasivo, nadie los toma en cuenta, pues lo que hagan sólo los afecta a ellos, les roba su tiempo y sus recursos –sus medidas de fuerza no paralizan ningún órgano estatal o empresa, apenas interrumpen una calle generando molestia entre los conductores.
Alguien comentó que cualquier jubilado mayor de 70 años podría acercarse al gobernador mientras hace una de sus visitas a un barrio de alguna ciudad tucumana y apuñalarlo o dispararle. Semejante acto sería un magnicidio, pero, según las leyes vigentes, esa persona estaría condenada a ser recluida en su propio domicilio por el resto de sus días. Más de un jubilado, sufriendo la impotencia que sufren, ha pensado en hacerlo. Pero los jubilados transferidos no son homicidas que asesinan gobernadores ni mucho menos son vándalos que arrojan piedras sobre un edificio público; los jubilados transferidos son simples trabajadores que reclaman lo que les corresponde.
El legislador Esteban Jerez planteó que es factible destinar un porcentaje de los bonos Consadep para que el gobierno salde las deudas que mantiene con el sector. Sin embargo en esa escribanía oficial del Poder Ejecutivo que es el parlamento local difícilmente tomen en cuenta el proyecto.
Dicen que los camellos pueden resistir varios días sin comer ni beber, por lo que su invisibilidad en los relatos oficiales no les molestaría demasiado. No es el caso de los seres humanos.

Acciones y reacciones

2010-06-01T22:32:00.000-07:00

Recientemente hubo dos casos de interrelación entre la prensa y la policía de lo más interesantes en Tucumán: la publicación de videos en los que se filma la imagen in fraganti de diversos delincuentes. En uno –registrado en el barrio 2 de Abril de la zona de la Costanera– se ve a gente que llega hasta una vivienda para comprar y consumir paco, en el otro –grabado cerca de Villa Piolín– se ve a unos malvivientes parados en una esquina dispuestos a abrirles las puertas a los autos que pasan con la intención de robarles a sus conductores.
Ambos videos giraron por la web tucumana, saltando también a la televisión. La reacción del público fue de virulenta indignación. Por ese motivo la policía se vio obligada a actuar, pues de no hacerlo bien se los podría haber acusado de “incumplimiento de funciones”. Armaron operativos, mucha gente uniformada invadió las calles vinculadas, y cayó uno que otro responsable.
Lo curioso es que en ambas ocasiones la policía, tras haber concluido con sus acciones, lanzó la misma consigna: quienes registran esos videos (ciudadanos comunes y corrientes) deben llevarlos a las comisarías para radicar las denuncias antes que enviarlos a la prensa, pues de esa manera contribuyen de un modo más eficaz a desbaratar las redes de delincuentes que están detrás –y, de paso, no dejan mal parada a la fuerza policial. Es decir, para la policía no es conveniente que esas cosas se conozcan públicamente, pues ello entorpece las tareas de inteligencia que, según sostienen, realizan con el fin de no sólo combatir al delito, sino también de prevenirlo erradicándolo.
La idea de una policía que aparece antes de que el delito se cometa (y no después) genera en cualquier persona la sensación de que está protegido. Pero la policía, pese a tener como ideal el tornarse una fuerza preventiva, en la realidad es más bien una fuerza correctiva. Y lo es porque el delito parece ser algo inerradicable y porque no existen los medios para conocer las intenciones delictivas de las personas hasta el momento en que el delito acontece.
Lo que si se puede conocer son las organizaciones delictivas que operan en la provincia. De cualquier modo el problema aquí es que en dichas organizaciones no sólo es posible hallar a personas que son las autoras materiales de los hechos, sino que también hay gente a los que hay que atribuirles la autoría intelectual de los mismos. Es decir, detrás de los punguistas de Villa Piolín o detrás de los punteros de la Costanera hay otra gente igual de delincuente pero que delinque bajo otras modalidades (policías que liberan la zona, personas que hacen traer droga y la distribuyen entre los expendedores, etc). Los ciudadanos comunes y corrientes no pueden atrapar en video a los delincuentes de ese grupo, pues son sólo los otros delincuentes quienes pueden hacerlo.

Se pueden sacar muchas conclusiones sobre el asunto. Una cosa interesante para apuntar es el rol de las tareas de inteligencia en la sociedad contemporánea. Todo el tiempo se habla de la importancia de la inteligencia pero nadie que no esté involucrado en ese campo conoce verdaderamente cuál es el alcance, la efectividad y la verdadera dimensión de la actividad. Sin embargo eso es tema para un debate más profundo y extenso. Lo puntualmente más importante de estos casos es, quizás, la cuestión del poder. En situaciones como esta los poderes legítimos del Estado se ven opacados por el cuarto poder que ejerce la prensa. Pero, lo que hay que comprender, es que no es la prensa sino la ciudadanía quien tiene ese cuarto poder. Si La Gaceta o El Diario 24 –y el resto de la prensa local– se hubiesen negado por diferentes motivos a darle espacio a esos testimonios tan gráficos, ¿la policía hubiese actuado, aunque sea de modo cosmético como lo hizo? La respuesta debería ser afirmativa.
Información, poder, inteligencia: tres elementos que moldean y definen los contornos de la sociedad, y sobre los que la sociedad toda no tiene mucho dominio (aunque si lo tienen unas pequeñas partes).

Por la "desvaritización" de la medicina

2010-05-30T23:59:00.000-07:00

Los trabajadores de la salud autoconvocados del municipio de San Miguel de Tucumán, especialmente quienes trabajan en la Asistencia Pública, son parte de la batalla por las mejoras salariales que la gente de su sector mantiene contra el gobierno local desde el año pasado. Sin embargo su situación es diferente a la de sus colegas que dependen de la provincia, pues están jerarquizados de otra manera. Por este motivo su lucha es mucho más cruda, y en este sentido se asemeja a la que llevan a cabo los docentes dependientes del municipio, quienes a los reclamos por cuestiones relativas a los salarios le suman los reclamos para exigir la implementación de un marco laboral acorde a la preparación que tienen y a las tareas que realizan.

En concreto los autoconvocados municipales de la salud exigen la equiparación de sus haberes con los que percibe el personal del Sistema Provincial de Salud (SIPROSA), el pase a planta permanente del personal contratado, la normalización de la situación de quienes ostentan cargos interinos, la reorganización de los Centros de Atención Comunitaria (CAC), el llamado a concurso público de antecedentes para cubrir cargos vacantes y el cobro del 82% móvil para los jubilados.
En el marco de esta lucha, el intendente Amaya hace todo lo posible para negarse a consensuar con los trabajadores de la salud una salida definitiva. Si hay diálogo, es sólo para plantear una solución pasajera.
Al igual de lo que sucede con los maestros, desde la oficina de Amaya se resisten a invertir en el sector sanitario para no tener que cederles cifras de dinero más grandes que las que reciben anualmente, desarmando de ese modo los chanchullos presupuestarios del intendente. Y desde el Ministerio de Salud de la provincia no hay ningún interés por interceder a favor de los trabajadores municipales, por lo que en este conflicto se está lejos de vislumbrar una solución convincente.

Luz, agua y acción

2010-05-25T08:42:00.000-07:00

El obscurantismo de EDET

Hace unas semanas atrás publicamos un artículo en el que señalábamos que EDET abusa de los ciudadanos tucumanos desde hace varios años, pues los convoca para consensuar cambios en sus tarifas pero termina decidiendo arbitrariamente lo que más le conviene. En este aspecto la situación está cada día más cercana al colapso. Según Raúl Giménez Lascano, titular de la ONG Defensa Usuarios de Abastecimientos y Servicios (DUDAS), “los tucumanos estamos sometidos y prisioneros de un LEONINO nuevo contrato de distribución eléctrica –denominado ‘A.R.I.’ (Acta de Renegociación Integral)– que nos hará sufrir durante los próximos 80 años, porque es ventajoso solo para EDET.”

Basta con revisar un poco la información sobre el tema para constatar que el gobierno provincial es muy poco exigente con la empresa que administra el sistema de distribución de energía eléctrica en Tucumán. Año tras año EDET cierra sus cuentas con un balance positivo, siempre a salvo de sufrir algún tipo de reducción en sus ganancias. Periódicamente los contribuyentes nos vemos obligados a tener que afrontar tarifazos que además de no tomar nunca en cuenta la capacidad de pago real de la gente, nos fuerzan a aportar más de lo que utilizamos (pues no sólo se paga el servicio eléctrico en si mismo, sino que además cada factura llega cargada de numerosas cargas fiscales municipales y provinciales que los bolsillos particulares terminan asumiendo como propias). Para calcular los aumentos, EDET maneja una matriz de costos que está muy lejos de ser efectiva y rigurosamente fiscalizada por personas e instituciones creíbles provenientes de la sociedad civil: “la matriz de costos es falsa, discrecional y artificial” –dice Giménez Lascano–, “pues no refleja los verdaderos costos de EDET, a los que hace crecer virtualmente por medio de 77 indexaciones, sin que sea necesario exhibir ningún costo real de la empresa.”
Cualquier tucumano puede evaluar si el servicio que presta EDET es bueno o no. Sin embargo, lo peor de todo no son los molestos cortes súbitos del suministro de energía o las peligrosas deficiencias en el alumbrado público, sino que en un índice de injusticias a ello lo supera la tarifa social que rige en la provincia. Dicha tarifa está diseñada con una lógica regresiva, por lo que se fija un techo de consumo y quien lo exceda –sin importar si es una familia necesitada– tiene que pagar la tarifa común. De esa manera la energía eléctrica, que es un bien cada vez más fundamental para llevar una vida digna, se va tornando lentamente en Tucumán un privilegio de algunos y no un derecho de todos.

Tucumán hace agua

Algo que se repite en los barrios del norte, del este, del oeste y, especialmente, del sur de San Miguel de Tucumán es la presencia de numerosos charcos en las calles producidos por agua que brota desde abajo y no desde arriba. En efecto, no es la lluvia que cae sino las cañerías rotas las que agregan innecesaria agua sobre el paisaje urbano. A veces los charcos son sólo agua potable desperdiciada, pero en muchos casos se trata de líquidos cloacales que vician el aire y se convierten en verdaderos focos infecciosos que ponen en riesgo a la salud de los vecinos de la zona.
Pero el fenómeno no es exclusivo de la capital provincial: en Tafí Viejo, Yerba Buena, Banda de Río Salí, Alderetes, Concepción, Aguilares, Monteros y otras localidades (aunque en distintas escalas) las aguas derramadas parecen ser también algo nada extraordinario.
El máximo responsable por esta situación es la empresa Sociedad Aguas del Tucumán (SAT). En este país en que los servicios públicos están privatizados, existen varias empresas que –con la excusa de eficientizar las prestaciones– lucran a partir del manejo y la administración de estos servicios implementados por el Estado con el fin de garantizar los derechos de los ciudadanos y mejorar su calidad de vida. La tarea de la SAT, evidentemente, no es tan eficiente como debería serlo, y por tanto el Estado no está cumpliendo correctamente con sus funciones.
Desde la empresa inventan todo tipo de excusas para justificar la situación: dicen que las instalaciones están obsoletas (a pesar del hecho de que muchos de los colapsos ocurren en barrios donde las cañerías están recientemente colocadas), que las redes de agua se encuentran sobredemandadas (aunque eso es algo que la propia SAT debería prever al ofrecer el servicio) y, por supuesto, que los usuarios –porque no pueden dejar de culpar a los usuarios por sus problemas– no utilizan el sistema responsablemente; todas ellas serían las causas por las que las ciudades tucumanas intentan imitar a Venecia.
La lentitud con la que opera la SAT para resolver los problemas denunciados es palpable: en algunas partes de la Capital, especialmente las más postergadas, los arroyos de agua cristalina o los lagos de agua sucia suelen “adornar” el paisaje hasta por varios años.
Muchas veces el exceso de agua en la vía pública se complementa con la escasez de agua en los hogares. Hay familias que tienen que esperar durante todo el día para poder abrir exitosamente las canillas durante la noche. Y en muchos barrios resulta más ventajoso tener pozos sépticos en el fondo de las viviendas que estar conectados a la red cloacal, pues si algo le sucede al pozo es mucho más sencillo repararlo que esperar a que la gente de la SAT se acerque a realizar las refacciones correspondientes.
El problema de fondo es la falta de coordinación que existe entre la SAT por un lado y los gobiernos (los municipales y el provincial) por el otro. La fiebre constructora que afecta a la provincia hace que las edificaciones verticales se multipliquen. Apilan casas unas sobre otras y las dotan con servicios sanitarios. Ello hace que las cañerías y las cloacas tengan que funcionar para satisfacer las necesidades de muchos más hogares para las que en principio fueron pensadas. Desde Desarrollo Urbano autorizan la erección de edificios sin tomar en cuenta que, antes de hacerlo, deberían promover la modificación de la infraestructura sanitaria. Otra muestra de descordinamiento es el hecho de que se pavimenten numerosas calles con la urgencia de mostrar que las oficinas de gobierno son eficaces, pero con el problema posterior de que dichas calles pavimentadas tendrán que ser desarmadas para colocar el alcantarillado y los desagües.
El concejal ucerista José Luís Avignone pidió públicamente que la municipalidad capitalina rescinda el convenio con la SAT o, en su defecto, que lo renegocie para obligar a la empresa a utilizar más personal y mayores recursos en la corrección de su servicio, pues la SAT –según la ley provincial 6529– invierte muy poco y gana más de la cuenta.

¿Y ahora quien podrá defendernos?

La Constitución Nacional, en su artículo 42, procura amparar a consumidores y usuarios “contra toda forma de distorsión de los mercados”. Por ello la Constitución garantiza que los consumidores y usuarios puedan participar en el diseño de los marcos regulatorios y en el control de los servicios públicos. Así, el organismo que debería fiscalizar la tarea de la SAT para evitar abusos y omisiones de la empresa es el ERCSAT, mientras que el que debería hacer lo mismo con EDET es el EPRET. De todos modos ambas instituciones están tan seriamente cuestionadas que su existencia se volvió indiferente.

Ni el EPRET ni el ERCSAT resultan confiables para los respectivos usuarios de energía eléctrica y agua potable, pues los usuarios no están debidamente representados en el interior de esos organismos. De esa manera las resoluciones que ambos entes efectúan jamás perjudican a las empresas correspondientes (llegan, incluso, a consentir ilegalidades para que no se pierda ni un centavo que habría de ser recaudado para las arcas privadas), pero si ignoran el beneficio de los ciudadanos.
El panorama económico previsto para los próximos meses no es nada bueno, ni para las empresas ni para los consumidores. La situación puede ponerse más tensa, pues a las renegociaciones salariales y al aumento de precios en todos los bienes de consumo habrá que agregarles tarifazos de los servicios públicos. Ahora es el momento preciso para que la prensa tradicional deje de trivializar el asunto e informe clara y detalladamente –aprovechando la amplia llegada al público que tiene– sobre las irregularidades que rodean a la SAT y a EDET; ahora es el momento para que los ciudadanos recuperen la voz acallada y la conciencia cívica adormecida e impongan la Constitución allí donde rige el egoísmo y el capitalismo más feroz.

Ganó Cerisola, empató La Alumbrera, perdió Tucumán

2010-05-18T10:58:00.000-07:00

Ente Caribdis y Escila

Las últimas elecciones para elegir al nuevo Rector de la Universidad Nacional de Tucumán consagró ganador a la fórmula que encabezaba el contador Juan Cerisola.
La campaña estuvo llena de momentos turbios. El sistema de elección a través de asamblea obliga a realizar varias elecciones previas para que cada estamento que compone la UNT determine quienes son sus representantes. Así docentes, graduados, no docentes, estudiantes y decanos de las diversas facultades son electos para integrarse a la asamblea. Se pretende, de ese modo, que todos los sectores estén debidamente representados (sin embargo los docentes y no docentes que pertenecen a la estructura de la UNT y que trabajan para las escuelas de enseñanza media dependientes de la institución son omitidos completamente del proceso electoral).
Como todo sistema indirecto de elección, la asamblea se vuelve vulnerable ante los sobornos. Desde que las elecciones en las facultades terminaron, se desató una catarata de denuncias sobre posibles veleteos -la actitud polémica de Leticia Beltrán es un claro ejemplo. La oposición (el ucerismo representado por Luisa Rossi de Hernández y Pablo Holgado) sostenía que el oficialismo (el alperovichismo representado por Juan Cerisola y Alicia Bardón) estaba comprando a sus integrantes de la asamblea para que votasen en contra de su ideología. Todo era una guerra de acusaciones, hasta que aparecieron los videos en los que se ve a un alto funcionaro de la UNT de Cerisola arreglando con estudiantes para que les den sus votos. Allí se desató el escándalo entre la opinión pública, la vicerectora y principal opositora renunció a su cargo, muchos denunciaron amenazas y las protestas se multiplicaron.

Todas las irregularidades son una muestra clásica de cuan peligrosa es la democracia representativa. De todos modos la prensa se hizo eco especialmente de las posturas de la oposición pues, mientras ardía Troya, el oficialismo se mantuvo en el mayor silencio que pudo. Pero, en este caso específico de la UNT, ni oficialismo ni oposición se diferencian en lo esencial. En efecto, ambas fuerzas en competencia contaban con el visto bueno de la empresa multinacional que dirige Minera Alumbrera, Xstrata Copper. Esta empresa ya ha sido pública e incansablemente denunciada por ser culpable de contaminación ambiental. La destrucción del paisaje catamarqueño afecta a la tierra, al aire y a las aguas no sólo de la vecina provincia, sino también de la nuestra.
Elegir entre Rossi de Hernández o Cerisola era igual a elegir entre Caribdis o Escila, entre un abismo de falsedades y un torbellino de corrupción, entre la pasividad ante el saqueo de los recursos nacionales del país y el consentimiento de la ejecución de un daño ambiental irreversible.

¿Otra UNT es posible?

El salvajismo de oficialistas y opositores afectó gravemente la imagen de la UNT ante la opinión pública provincial. Detrás de uno y otro grupo hay operadores políticos bastante bravos, gente que si se dedicase a impartir seminarios sobre la actividad tendrían al propio Maquiavelo como alumno.
Muchos tucumanos recordaron al fundador de la universidad, el Dr. Juan B. Terán, y lamentaron que sus herederos manchen su nombre y el de varios otros prohombres vinculados a la administración de la casa de altos estudios.
La UNT funciona desde 1914, y a lo largo de los años ha formado muchísimas generaciones de profesionales destacados, que han sabido trabajar para el bienestar tanto de nuestra provincia como de las provincias hermanas de la región. Por ello la UNT es muy apreciada por el pueblo tucumano.
Sin embargo es también una realidad que la UNT está muy lejos de ser la mejor universidad del país, y cada vez se aleja más de ser una entre las mejores de las provincias. La calidad académica de la UNT no justifica el afecto que el imaginario provincial le devota. Sin dudas hay muchas facultades, muchas carreras, muchos investigadores y muchos docentes que trabajan con toda la seriedad y el esfuerzo que se espera de alguien así, pero la mayor parte del resto está o apenas sobre o directamente por debajo del mínimo exigido. Entonces, como suele suceder, un grupo de talentos justifica el accionar de muchos que se cuelgan de los logros de los demás. De esa manera en la UNT sólo un pequeño grupo de gente es intachable, mientras que la mayoría o aceptan la desgracia o directamente la realizan.
¿Cómo se sale de esta situación? Reformar los estatutos para que las elecciones para elegir rectores se realicen de manera directa sería un buen comienzo. Pero también hay que pensar que otra Universidad Nacional de Tucumán es posible, es decir, hay que empezar a no desestimar los proyectos que proponen la creación de una nueva universidad nacional en ciudades como Aguilares o Concepción. Ya no basta con descentralizar a la UNT, porque aún así la UNT sigue conservando el monopolio educativo en la provincia (las otras tres universidades de la provincia no son tomadas seriamente, porque dos de ellas son privadas y concebidas como “fábricas de gerentes”, y la otra es considerada una enorme escuela técnica más orientada a la capacitación de trabajadores en áreas en las que se requiere conocimientos específicos que a la educación integral de profesionales).
Una nueva universidad en la provincia que compartiese el mismo estatus (aunque no necesariamente el mismo tamaño que la UNT) sería la solución más radical y auténtica a la problemática actual. Democratizar y pluralizar el conocimiento serviría para generar un espacio de competencia virtual entre el gigante corrompido de la UNT y la nueva universidad, mientras que detrás de ello habría cooperación entre ambas casas de altos estudios.

Los salvajes unitarios

2010-05-16T21:20:00.000-07:00

Argentina es una república que si bien se quiere federal (tal y como lo estipula el primer artículo de nuestra Constitución Nacional) en la práctica siempre se ha manejado en otra dirección. Recorrer la historia de Tucumán desde fines del siglo XIX hasta principios del siglo XXI es toparse con una gran cantidad de muestras de avances y retrocesos de la efectiva federalización. A principios del siglo XX la industria azucarera constituía un verdadero polo de federalismo contra el deseo centralizador de Buenos Aires, pero hacia mediados del mismo siglo dicho polo ya había sido domesticado y sometido a los planes económicos diseñados desde la capital del país. En ese marco el éxito del azúcar quedó cada vez más y más relacionado al éxito de los ingenios.
En la última década la industria del azúcar cobró un nuevo impulso. La famosa alconafta, ahora convertida en “bioetanol”, ganó su larga puja por imponerse como un complemento de los combustibles de origen fósil. Por este motivo hoy en día los industriales diseñan nuevos escenarios para el crecimiento de su sector.
Sin embargo, como ya hemos destacado, estos famosos biocombustibles han generado desequilibrio en el sistema de producción del azúcar, y la pérdida de la soberanía alimentaria se materializa en el horizonte cada vez más nítidamente.

La semana pasada la agencia Noticias Argentinas redactó un artículo que fue recogido por varios medios, tanto gráficos, como digitales, radiales y televisivos. En ese texto se informaba sobre la escasez de azúcar en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, y se destacaba el escandaloso hecho de que un alimento perteneciente a la canasta básica hubiese alcanzado precios de hasta $ 7.
Según las fuentes consultadas por NA, el motivo de tal fenómeno, para los productores, es la especulación de los comerciantes: si un comerciante guarda en su depósito un alimento de primera necesidad como el azúcar durante un tiempo –ya que puede hacerlo, pues el azúcar es un alimento no perecedero–, al aumentar la inflación al cabo de unos días puede después ponerlo a la venta y ganar más de lo que en principio esperaba, y todo por el mismo gasto de inversión. Para los comerciantes, en cambio, la escasez es culpa de los productores que están entregando cantidades menores a las solicitadas.
Jorge Rocchia Ferro, el antiguo chatarrero devenido Barón del Alcohol, sostuvo que su sector no es culpable de la escasez y aseguró que todo se trata de una campaña de la prensa porteña en contra del desarrollo y el progreso de Tucumán (Julio Colombres no se plegó a la cruzada federal de Rocchia Ferro y, más cauto tal vez, acusó a los paraguayos de llevarse el azúcar a través del contrabando). El máximo responsable de la compañía Los Balcanes sostuvo también que en la industria azucarera los beneficios se derraman y alcanzan así a los niveles socioeconómicos más bajos de la población, por lo que dio a entender que todo se trataría de una suerte de conspiración no sólo en contra de su sector, sino en contra también del pueblo tucumano. El empresario afirmó que varios ingenios adelantaron las zafras con la intención de dejar de ser calumniados por los comerciantes y la prensa unitaria (pero no aclaró que, para hacer tal cosa, los industriales emplean agroquímicos que funcionan como maduradores de caña, y que estos pueden llegar a ser peligrosos, sobre todo para la gente que trabaja en contacto directo con los cañaverales, tal y como lo demuestran en Nicaragua). Además de ello, Rocchia Ferro defendió a capa y espada el precio actual del azúcar en la provincia –precio que ronda los $ 3. Sostuvo que ese es el dinero requerido para que su negocio sea rentable, pero no aclaró que con ese precio ya de por sí violentamente elevado están pagando buena parte del turbio acuerdo que firmaron con FOTIA y están financiando las polémicas refinerías desde la que se fabrican los biocombustibles en Tucumán.
A las asociaciones de defensa de los consumidores no les agradó nada lo que Rocchia Ferro dijo, por lo que planean pedir que se aplique la ley de abastecimiento para obligar a los comercios y a los productores a que no especulen, y para intentar disminuir el precio del producto. No obstante, ya lo hemos dicho, el asunto no se limita a la avaricia y al oportunismo de productores y comerciantes locales, sino que sus raíces son más internacionales, profundas y peligrosas.

El discreto encanto de la burocracia

2010-05-14T21:19:00.000-07:00

Tucumán es una provincia en la cual el Estado centraliza el grueso de la actividad económica. En consecuencia el sector público es el principal empleador provincial.
Trabajar para el Estado garantiza el goce de una fuerte estabilidad laboral que es más complicada de conseguir en el sector privado. Bajo el patronazgo del Estado se concentran actividades como la salud, la educación, la seguridad y otras, entre las que se encuentra la administración.
Para funcionar, los estados modernos requieren de un número importante de gente que trabaje en administración pública (considerados también “ejércitos burocráticos”).
Como el número de personal requerido es grande, también es grande el deseo de ser una unidad más en esa cifra, y por ese motivo tanto el ingreso, como la permanencia y la consolidación del burócrata en su tarea suelen ser situaciones muy irregulares. Con los años los diversos gobiernos han intentado establecer mecanismos para proveer de transparencia a la asignación de nuevos empleados administrativos, pero aquellos, viciados por el amiguismo y la falta de ética, no han asegurado nada.
Otra cosa que también es muy común en el Estado tucumano es que, pese a todas las críticas realizadas, aún se siga tomando a un gran número de empleados con contratos temporales que no les conceden los beneficios laborales que gozarían por ley en caso de trabajar bajo condiciones más dignas. Estos empleados sufren por su poca suerte, pues es normal que toleren discriminaciones a la hora de recibir bonificaciones y viáticos, que se los someta a climas de trabajo estresantes, y que se los amenace con que ante cualquier error perderán la posibilidad de continuar en su situación precaria y, por supuesto, jamás lograrán el pase a planta permanente.
Pero lo más lamentable en el mundo de la burocracia estatal es el abandono que atraviesan los cuadros gerenciales, profesionales, técnicos y de administración en lo relativo a su capacitación y perfeccionamiento. Mientras que las empresas privadas -con el fin de conseguir a la gente más idónea para los diversos puestos- impulsan feroces estrategias para captar y retener talentos, el Estado no mueve un dedo en este aspecto. En ese sentido el empleado del Estado que demuestra capacidad y eficacia termina o marchitándose en su puesto o huyendo hacia el sector privado, pues la mayor parte de las veces tiene que soportar estar debajo de una pirámide de burócratas sin preparación -pero con contactos tan buenos que le permitieron conseguir su puesto.
En Francia, para combatir al nepotismo, a la ineptitud, a la desidia, a la incompetencia y a la corrupción en la administración pública, funciona –desde 1945– la Escuela Nacional de Administración (ENA), la cual genera a un número importante de “enarcas” por año, que son los cuadros especializados que se insertan en las estructuras administrativas del Estado. El proceso de admisión a dicha institución es complicado, y la permanencia en la misma es bastante exigente. Pero, al cabo de un par de años, cuando los aplicantes egresan, se garantiza que las personas con mayor mérito e idoneidad para su puesto puedan asumir en los cargos que les corresponden.
Tucumán (y en general Argentina) está aún muy lejos de eso. Pero lo está no porque armar una Escuela de Administración sea problemático, sino porque no hay ni interés ni voluntad política para hacerlo. Y tampoco se hace nada para aprovechar lo que ya existe. Es curioso, por ejemplo, que en una sociedad como la nuestra, en la cual la UNT tiene un rol importante dentro del imaginario popular, el Estado no establezca ningún mecanismo para nutrirse directamente de los cuadros que forman en esa casa de estudios. La UNT cuenta con trece facultades, las cuales anualmente consagran un cuadro de honor con los tres alumnos más destacados de su promoción. Si a esos 39 jóvenes se les suma la gente más capaz proveniente desde la UTN y otra gente con talento de las universidades privadas, es posible reunir anualmente 50 jóvenes que son un testimonio vivo de lo que es la disciplina, el esfuerzo y la capacidad de aprendizaje, virtudes muy valiosas si se desarrollan en favor de la esfera cívica. Si se estimula a que al menos la mitad de ellos se incorpore al aparato administrativo del Estado, y si se les brinda capacitación acorde, al cabo de diez años la provincia contaría con 250 empleados de gran talento, cuya idoneidad no podría ser cuestionada. Ese cuerpo de profesionales contribuirían, incluso, a reducir y eficientizar las estructuras burocráticas ya existentes (y sin la necesidad de caer en la violencia psicológica y el mobbing ejercido por funcionarios como Pablo Clavarino). Pero todo ello, actualmente, queda en el terreno de la utopía, y el nepotismo gana siempre la partida.
La burocracia es un monstruo moderno, de esos que se comen al mundo en un bostezo. Sin embargo en nuestra provincia, además de voraz, el monstruo de la burocracia es lento, fofo, estúpido y desagradable.

Teatro antidisturbios

2010-05-09T21:18:00.000-07:00

En septiembre de 2004, esto se leía en La Gaceta a propósito de una de las famosas audiencias publicas de EDET:

El asesor que envió la Defensoría del Pueblo en su representación, reiteró las críticas que vienen realizado la Federación Económica de Tucumán (FET), que no asistió, y otras entidades de defensa del usuario, en el sentido de que -a su criterio- las audiencias públicas no dan garantía de un debate con transparencia y dejó entrever que existe una connivencia entre EDET y el Epret.

En el Nº 8 de Contactos -la revista de la Asociación de Instaladores Electricistas de Tucumán-, se puede leer (p. 7 en la publicación, 9 en el pdf) acerca de lo acontecido en agosto de 2005:

EPRET, cuya negligencia permanente presupone abierta complicidad con la empresa distribuidora de energía. Tal presunción no es gratuita, basta apreciar que en cada una de las faltas u observaciones señaladas aquí, se desprende un beneficio económico directo para EDET.

En noviembre de 2007, de nuevo La Gaceta publicaba:

Calor, insultos, empujones, pancartas, expresiones xenófobas, un payaso y un Chapulín Colorado. La audiencia pública tuvo todo, menos orden y coherencia. Pero logró finalizar. Y ese, justamente, era el objetivo del Gobierno y de EDET. Es que la asamblea era un trámite obligatorio -no decisorio- para que la suba tarifaria del 7% y el nuevo contrato de concesión queden firmes.

En noviembre del siguiente año, en el sitio de LV12 se leía lo siguiente:

El EPRET deberá brindar un informe sobre la recomendación que hace con respecto al pedido de EDET y seguramente habrá consultas de los presentes sobre el programa de inversiones previstos para los próximos meses para garantizar un buen servicio de energía.
Cabe recordar que el dictamen de la Audiencia Pública no es vinculante, y la autoridad concedente del servicio, en este caso el Estado Provincial, tiene la última palabra. Quizás por este factor, fue escasa la repercusión de este encuentro a la hora de las inscripciones.

En septiembre del año pasado en este blog tucumano escribimos esto:

Las audiencias públicas (como la que convocó EDET) no son más que una farsa. Al no ser vinculantes, importa bastante poco lo que digan las organizaciones que defienden a los consumidores y a los contribuyentes. Las empresas de capitales extranjeros y organismos cómplices como EPRET sólo realizan ese tipo de eventos con el fin de medir el grado de conflicto que sus medidas generan, identificar a los más férreos opositores y comprar voluntades para acallarlas. Como la corporación política tiene miedo de que la gente cogobierne por medio de la consulta popular –arruinando de esa manera sus posibilidades de realizar negociados desde su posición–, la democracia directa jamás es considerada una opción. Entonces, mientras la participación ciudadana siga siendo el espejismo que es ahora, nos seguirán castigando con tarifazos y ocultando los subsidios para hacer clientelismo y perpetuarse en el poder.

Hoy se repite la historia. Las audiencias públicas de EDET y EPRET no son más que teatro antidisturbio. Una verdadera afrenta al pueblo de Tucumán. Hasta ahora, el personaje más serio en toda esta tragicomedia es el Payaso Estafón.

Asociaciones recuperadas, sociedades hermanadas

2010-05-08T21:18:00.001-07:00

Tafì Viejo

La AJC jaqueada

La Asociación de Jóvenes Católicos (AJC) es una institución que a través de las seis últimas décadas consiguió constituirse como un importante espacio de convivencia y socialización para las familias de Tafí Viejo. Sin embargo parece que todo va llegando a su fin.

Lo que sucede es que el sacerdote titular de la parroquia de la Inmaculada Concepción –la parroquia de la cual depende la AJC– atropelló los estatutos internos y decidió hacerse cargo personalmente de la institución juvenil, desplazando así de sus funciones a la comisión directiva formada por laicos, después de un periodo en que ésta tuvo dificultades para constituirse correctamente. Cuando los socios de la AJC se reorganizaron e intentaron recuperar la administración de la asociación sin fines de lucro, se encontraron con que el párroco le había cambiado el nombre por el de Club de Jóvenes Cristianos de la Parroquia Inmaculada Concepción de María, jaqueando de ese modo la personería jurídica que la AJC gozaba desde 1984 (tramitada con el fin de permitir que los miembros de la AJC pudiesen participar de eventos deportivos oficiales representando a su institución).
Lo grave del asunto es que los rumores de la venta de los terrenos de la AJC se hacen cada día más fuertes. El Arzobispado de Tucumán está del lado del párroco y ya anunció que lo apoyará en cualquier decisión que tome, mientras que la mayoría de la gente allegada a la AJC se opone y propone volver al régimen anterior: establecer una comisión de laicos ocupada de administrar a la asociación, con el cura párroco limitándose a oficiar como asesor en temas espirituales de la misma.
Los vecinos taficeños intentan que la AJC no siga la suerte que siguieron el Mercado Municipal y el club Los Álamos, en donde lo público se privatizó y se perdieron espacios de uso común para beneficiar sólo a unos pocos.

Lucky Luque

Lucky Luke era un vaquero de historietas que tenía la virtud de ser más rápido que su sombra a la hora de disparar. Emilio Luque no es vaquero ni personaje de historietas pero la rapidez y las sombras son elementos importantes de su universo de negocios. Lo evocamos aquí pues cuando se intenta identificar al posible comprador de los terrenos de la AJC todos los caminos conducen a esa empresa tucumana.
El predio que la AJC posee en Tafí Viejo es muy valioso desde el punto de vista inmobiliario, tanto por su tamaño como por su ubicación. Por ello sería el sitio ideal para levantar un supermercado. La obra generaría también una gran inversión en el sector de la construcción, por lo que varios empresarios taficeños del rubro están más que interesados en que la empresa de Luque abra una nueva sucursal en su ciudad.
Los supermercados Emilio Luque aparecieron en Tucumán durante el primer lustro de la década de 1990. En 2001 se vieron seriamente afectados por los vaivenes económicos que azotaban al país, y la crisis de diciembre los puso –junto a otros comercios provinciales del mismo rubro– al borde de la extinción. Sin embargo a través de una serie de hábiles acuerdos judiciales con los acreedores la empresa logró evitar el tener que declararse en quiebra. A partir de ese momento su camino comenzó a desarrollarse en ascenso.
El crecimiento de Emilio Luque a través de la pasada década fue casi meteórico. A lo largo y ancho de la geografía provincial empezaron a aparecer nuevas sucursales de la firma, y sin esperar demasiado se lanzaron a la conquista de algunas provincias vecinas. Pablo Boquete, un directivo de la empresa, dijo en 2009 que el éxito de los supermercados Emilio Luque se debe, principalmente, a su apuesta por ofrecer productos de las primeras marcas a precios razonables (o también de las segundas y terceras marcas pero que se destaquen por su calidad), lo que los lleva a establecer una buena relación con los proveedores y les ahorra la molestia de tener que introducir sus propias marcas en competencia contra productos ya consolidados. Curiosamente Boquete parece ignorar la adquisición –en circunstancias irregulares– de un importante paquete accionario de la empresa Industrias del Trigo, la cual constituye la base de la fábrica de alimentos que poseen en el departamento Cruz Alta, desde donde despliegan un plan para generar una marca propia con el fin de abastecer a sus supermercados y exportar a países vecinos. Boquete tampoco dice nada acerca de la altísima inversión que la empresa Emilio Luque hace en ingenios jujeños para financiar sus zafras.
Lo que asombra de este grupo tucumano es que ellos mismos se jactan de no recurrir a financiamiento externo, es decir ellos se jactan de que todo el dinero que emplean para hacer obras de importante envergadura proviene únicamente de sus bolsillos. Bolsillos que, como se sabe, son oportunistas, ya que Emilio Luque fue una de las empresas tucumanas que estaban en la lista de Redrado de los que compraron dólares en una maniobra especuladora completamente turbia (también figuraban en la lista la UNSTA, la compañía Azucarera Concepción S.A. y Citrusvil entre otros).
Otra cosa peculiar de la empresa Emilio Luque es la serie de robos de recaudaciones crónicos que sufre. En efecto, si se visita la hemeroteca, es posible hallar muchos diarios que informan sobre importantes robos contra la empresa (tanto en Tucumán, como en Catamarca y Santiago del Estero). El más famoso de estos asaltos es aquel de 2006 en donde cayó una megabanda que supuestamente habría reincidido en su delito contra los pujantes empresarios locales. Cualquier estudiante de criminología (o cualquier aficionado de esta ciencia) sabe que en este tipo de robos es improbable que no exista un informante que desde adentro de la empresa Emilio Luque transmite datos de vital importancia sobre horarios y ubicaciones de los transportadores de caudales a quienes ejecutan la acción violenta. Nunca se supo públicamente (ni tampoco corrió rumor alguno) sobre quién estaba “traicionando” a los directivos de la firma, o si aquel que lo hizo fue la misma persona en las diversas oportunidades –considerando el hecho de que los robos de importantes sumas de recaudación le suceden muy seguido a Emilio Luque.

La resistencia y la solidaridad

El caso de la AJC en Tafí Viejo es similar al caso de la Casa Christie en Yerba Buena: en ambas ocasiones se habló de Emilio Luque intentando levantar una nueva sucursal y en ambas ocasiones hubo resistencia por parte de los vecinos que optaron por la defensa de la tradición y el patrimonio histórico en lugar de consentir pasivamente con la concentración empresarial.
La lucha de la gente de la AJC por recuperar el control de la institución no solamente es un acto para garantizarle a la juventud taficeña un espacio en el cual afianzar sus valores familiares y crear lazos profundos de amistad, es también un esfuerzo para detener la avanzada del peligro que encarna el comercio monopólico. Generalmente los supermercados (y en el caso de los Emilio Luque no caben dudas) tienden a imponer y homogenizar nuestros hábitos de consumo, a complicar la permanencia del comercio local de pequeña y mediana escala, y a someter a sus empleados a asumir ritmos de trabajo intensos, trabajar con horarios flexibles que les dificultan la conciliación de la vida laboral con la familiar, y realizar tareas repetitivas en las que hay poca autonomía de decisión, lo que los empuja a sufrir cuadros serios de estrés y todas las enfermedades que están asociadas a aquellos. Tafí Viejo, sugieren sus vecinos, merece algo mejor.

Algo huele mal en Tucumán

2010-05-05T21:17:00.000-07:00

La zafra de este año recién comienza y ya se desató una catarata de quejas por parte de los pobladores cuyas viviendas son vecinas de los ingenios.
Es particularmente muy curiosa la situación de ciertos ingenios a los que se los acusa de estar emitiendo olores nauseabundos e insoportables. Estos ingenios, según trascendió a través de la prensa local, son La Corona, La Trinidad y La Florida. La situación es exactamente igual en el ingenio Santa Rosa y en el ingenio Santa Bárbara.
Ahora bien, ¿qué tienen en común estos cinco ingenios? Pues que todos ellos están abocados a la fabricación de alcohol para mezclar con naftas, es decir, todos ellos tienen programas de producción de biocombustibles.
Los culpables de los malos olores son tanto los piletones a cielo abierto donde arrojan la pestilente vinaza como las destilerías que expiden vapores cargados de residuos químicos durante el procesamiento de la caña. Con esto queda en evidencia que los industriales han hecho más esfuerzo por poner en jaque a los pequeños y medianos cañeros que por sacar del jaque a los tucumanos que tienen la desgracia de habitar en la cercanía de sus fábricas contaminantes.

Dinero contra Salud

2010-05-02T21:15:00.000-07:00

El fallo sobre Botnia

En I Reyes 3:16-28 se encuentra la famosa leyenda en la que el rey Salomón debe arbitrar sobre la disputa de maternidad de un niño entre dos mujeres. Para dirimir el pleito, el sabio monarca ordena que el infante sea cortado en dos mitades para que ambas partes obtengan la misma ganancia y la misma pérdida. La mujer que finge la maternidad del niño acepta el fallo, mientras que la auténtica madre decide dejarle su hijo a la otra para que el pequeño pueda continuar con vida.
Lo que la historia nos enseña es que hay situaciones en las que no se puede aceptar que un fallo beneficie a los dos por igual, pues a veces es necesario que uno sacrifique bienestar propio para no restarle bienestar al otro. Esto es particularmente verdadero en los casos en que el bienestar de uno afecta al bienestar de muchos.

El más reciente fallo de la Corte de La Haya tiene un aire salomónico mas no así la actitud de la empresa multinacional que controla la polémica papelera. Botnia –pese a ser hija de un atropello de los tratados bilaterales– seguirá operando como actualmente lo hace, aunque los vecinos de Gualeguaychú se opongan y demuestren que la actividad contaminante de la pastera afecta la vida de su ciudad.
Pese a que hay muchos uruguayos que exigen la clausura de la pastera, el gobierno de Uruguay hace oídos sordos a su reclamo. Es que en una situación como esta entran en conflicto la posibilidad de generar importantes ingresos a través de la industria y el derecho de los ciudadanos a vivir en un ambiente sano. Es decir, en Uruguay se chocan el dinero y la salud, y el amor es reemplazado por el enfrentamiento entre hermanos.

Las empresas multinacionales dedicadas a la fabricación del papel –aún contando con tecnología de punta– contaminan violentamente al ambiente, por lo que en los países del Primer Mundo, para funcionar igual a como lo hacen en esta parte del planeta, sufren toda clase de trabas y restricciones orientadas a proteger a sus poblaciones. En Uruguay no sólo no deben enfrentar nada de eso, sino que además gozan de exenciones impositivas y cuentan con abundante mano de obra a la que pueden manipular sin demasiado esfuerzo.
Todo este asunto es la consecuencia de un mundo ordenado para que el rico se haga más rico y el pobre permanezca pobre. Como en los países centrales quieren conservar sus hábitos de consumo pero no pagar el precio por ello, desplazan hacia los países periféricos sus industrias para que ellas causen graves daños ambientales en esas latitudes –con la excusa de contribuir al “desarrollo” de la región– y conseguir así mantener sus estilos de vida basados en el derroche. Ellos se elevaron y luego patearon la escalera con la que pretenden ahora que nosotros los alcancemos.

Las “Botnias” tucumanas

La aparición de decenas de peces muertos en el dique El Cadillal molestó a los pescadores que concurren al espejo de agua y generó preocupación en la ciudadanía tucumana. Las autoridades, por su parte, mostraron poco interés y ensayaron una respuesta poco convincente: los peces murieron a causa de algas que liberaron toxinas, por lo que todo se trataría de un proceso de regulación natural en el que convendría no intervenir. Se teme que detrás de la versión oficial se esté encubriendo a las empresas citrícolas que arrojaron desechos a arroyos cercanos, y que culpa de ellos terminaron envenenando las aguas que mataron a los peces.
El problema de la contaminación en Tucumán es muy agudo, y genera situaciones similares a la de Botnia y Uruguay: por un lado está el aumento de ingresos en las arcas del Estado y la creación de fuentes de trabajo para la gente, y por el otro lado aparece la destrucción del medio ambiente. Se trata de un enfrentamiento entre el derecho al trabajo digno y el derecho a vivir en un ambiente saludable, un verdadero conflicto.
La manera de equilibrar la situación es la más simple pero también la más complicada. Lo que se debe hacer es exigirles a las industrias que sacrifiquen ganancias para implementar mecanismos que sirvan para disminuir al mínimo el impacto ambiental (pues no es cuestión tampoco de renunciar a la tecnología y dejar al pueblo estancado en la pobreza que genera el desempleo). Sin embargo lo complicado aquí es lograr que aquello se cumpla, pues para los industriales antes que ponerse a invertir en reacondicionar sus estructuras productivas es más fácil y barato repartir dinero entre las autoridades del Estado, y hacer de esa forma que miren para otro lado mientras ellos siguen generando dinero y lastimando al ambiente.
Actualmente en Tucumán hay 15 ingenios, y todos ellos contaminan el aire con sus chimeneas y la tierra con sus agrotóxicos. Muchos también contaminan el agua. Ahora, con la implementación de sus programas para aumentar la producción de biocombustibles, se estima que van a arrojar grandes cantidades de vinaza, que irá a parar directamente al embalse de Las Termas de Río Hondo en la hermana provincia de Santiago del Estero, afectando seriamente la calidad del agua en esa provincia a menos que los ingenios tomen todas las medidas necesarias para evitarlo. No obstante es dudoso que pase esto último, ya que si bien los industriales del campo azucarero de Tucumán se mostraron ansiosos por empezar a fabricar biocombustible y por andar tejiendo alianzas para ir liquidando poco a poco a los cañeros independientes, no presentaron hasta ahora un plan de protección ambiental de pública fiscalización (y tampoco lo harán).
A su vez Tucumán también es un Uruguay para nuestra hermana provincia de Catamarca. Puntualmente son las autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán quienes, al consentir con el saqueo minero y la destrucción del espacio vital catamarqueño, generan situaciones en las que hacen colisionar al dinero contra la salud. Al ser cómplices de la destrucción a cambio de una dádiva (pues el dinero que queda en el país es muchísimo menos del que generan las gigantes mineras) sentaron un precedente para que los atropellos sigan ocurriendo. Los uruguayos no pueden poner otra Botnia porque ello implicaría darle motivos a Argentina para detener el emprendimiento, pero los catamarqueños –que no gozaron ni siquiera con un fallo salomónico de la Corte de La Haya– corren peligro de que se desarrolle otro proceso de saqueo y destrucción como el de La Alumbrera. De hecho éste ya está en marcha y se llama “Agua Rica”, un repudiable proyecto que hasta pretende barrer con la población entera de Andalgalá.
Ante la pasividad y, peor aún, la complicidad de las autoridades sólo resta la resistencia popular, la solidaridad ciudadana y la unidad.

El saqueo del azúcar en Tucumán

2010-05-01T21:14:00.000-07:00

Hambre, oportunismo y vergüenza

Hace unos días ocurrió un horrendo accidente automovilístico sobre la ruta 38, en las proximidades de Famaillá. Los protagonistas del suceso fueron un médico –que lamentablemente falleció en el siniestro, tras quedar destruido el Mégane en el que se desplazaba– y un camionero –que salió ileso, pero dejó volcado sobre la ruta a un imponente Scania. El evento no hubiese pasado de ser un triste capítulo más en el historial de tragedias viales que todas las semanas se cobran sus víctimas en el país (y ante el que, lastimosamente, permanecemos indiferentes), si no hubiese sido por el hecho de que, unos cuantos minutos después del accidente, se ejecutó un saqueo en contra del camión descarrilado.
Es algo muy común que al volcar un camión en las rutas los lugareños o la gente que se encuentra en la zona intente tomar para si algo de la carga del vehículo dañado, pero ese tipo de personajes oportunistas constituyen generalmente un número reducido: la mayoría enfrenta a los accidentes viales con indiferencia, aunque suele haber un número importante de personas que se solidarizan con las víctimas. Evidentemente la solidaridad debería ser la norma, la indiferencia la excepción, y el oportunismo algo insólito pero, penosamente, no es así.

La rapiña, es decir el hurto agravado por la situación caótica y la falta de deferencia hacia el occiso, puede llegar a ser mitigada ante los ojos de algunos con la excusa de que quienes la protagonizaron eran gente “pobre” y “de campo” –esa condescendencia, al menos, es la que expresaron los foristas que optaron por no condenar las acciones de la turba en La Gaceta. Sin embargo un gran número de los presentes en aquel evento no eran necesariamente gente pobre ni con necesidades básicas insatisfechas, sino un montón de oportunistas (incluidos los policías que también cargaron con buena parte del azúcar) que se llevaron el azúcar que correspondía a alguna(s) empresa(s).
De cualquier modo este texto no busca la prédica moral ni reclama el arresto de los partícipes, sino que más bien intenta llamar la atención sobre un escenario preocupante: la escasa solidaridad de la gente y la dificultad de criticar a alguien que utiliza al hambre como excusa de su acción.

Especulación (y más allá de la especulación)

En este blog hemos escrito un par de artículos (1, 2) en los últimos dos meses hablando sobre la escasez de azúcar. El azúcar es un elemento más de la Canasta Básica de Alimentos. En Argentina se la consume a diario, directamente (generalmente para endulzar bebidas) o indirectamente (hay toda clase de productos como golosinas, gaseosas, etc. que no pueden renunciar al azúcar sin alterarse drásticamente). Esto quiere decir que la demanda del producto es constante en el mercado nacional.
Actualmente la economía del país se encuentra sumergida en un proceso de naufragio inflacionario, lo que habitualmente suele generar que la especulación de los comerciantes y proveedores con los precios crezca en todos los ámbitos. Este es un motivo por el que falta azúcar para los consumidores –y por el que los precios de la misma se inflaron exageradamente–, pero también intervienen otros factores que explican la situación. Entre ellos está el aumento de las cantidades de exportación, lo que supone la reducción de la accesibilidad al producto para el consumo fronteras adentro.
Ahora bien, ¿por qué creció la exportación? La respuesta es simple: porque hay más demanda, y como está bien remunerada, al productor local le conviene vender el azúcar al exterior y ganar más dinero del que ganaría comercializando su producción dentro del país.
Pero, ¿por qué en el extranjero se compra más azúcar que antes, a precios mayores que los pagados hasta ahora? Responder esta pregunta es un poco más complicado. En primer lugar hay que tener en cuenta que los tres mayores productores de azúcar del mundo (Brasil, Australia y Tailandia) siembran cada vez más caña de azúcar pero producen cada vez menos azúcar. Esto se debe a que una parte importante de su caña la emplean en la fabricación de bioetanol, un biocombustible que se mezcla con los combustibles de origen fósil para –supuestamente– disminuir en un determinado porcentaje a las emanaciones de CO2 que contribuyen al calentamiento global. Es sabido que, normalmente, con la misma cantidad de caña se consigue más cantidad de azúcar que de alcohol, por lo que la fabricación de los famosos biocombustibles obliga a las industrias a reorganizar sus recursos. Esto hace que las potencias azucareras no cubran la demanda mundial como lo hacían antes, y los países centrales –que son los que más azúcar consumen– compren a otros países. Por ello el fenómeno de la escasez no es sólo argentino, sino que acontece en prácticamente todos los países en los que el cultivo de caña de azúcar es una actividad significativa (en Bolivia, para asegurar la satisfacción de la demanda interna, el presidente Morales decretó la prohibición de exportar azúcar, lo que estimuló el contrabando y la aparición de un mercado negro de azúcar).

¿Agronegocios o agronecios?

El tema de la escasez de azúcar es sólo un ejemplo del progresivo crecimiento del mundo de los agronegocios en las últimas décadas. A finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX un párroco británico llamado Thomas Malthus popularizó una teoría que generó, y genera hasta el día de hoy, mucho eco. Básicamente el pastor decía que la cantidad de alimentos crece a ritmo aritmético (1, 2, 3, 4, etc.) mientras que la población lo hace a ritmo geométrico (1, 2, 4, 8, etc.), lo que ocasiona que en algún momento el número de personas supere al de alimentos, facilitando las cosas para que las guerras y las enfermedades liquiden a una buena parte del excedente humano con el fin de recuperar el equilibrio entre población y alimentos.
El malthusianismo tiene adeptos en todos el mundo, y es particularmente seductor para los capitalistas más inescrupulosos de los países del Primer Mundo. Precisamente éstos son los que juzgaron posible apropiarse de un tema tan delicado como el desbalance entre oferta y demanda de alimentos y convertirlo en un negocio multimillonario, éticamente cuestionadísimo y políticamente deplorable. Por ello la agricultura hoy en día es una actividad que tiende cada vez más hacia la consolidación de los monopolios. Si bien puede ser que el régimen de propiedad de la tierra esté, en muchos países, un tanto alejado de los modelos monopólicos, estos están al acecho ya que existe toda una industria de los agroquímicos que no sólo generan pesticidas y fertilizantes más poderosos (y, en muchos casos, más peligrosos para todos los seres vivos), sino también semillas transgénicas.
La agroindustria creció tan desmesuradamente gracias a sus prácticas monopólicas que hoy en día ya no sólo se cultivan alimentos en los campos, sino que ahora también se hace lo mismo con los combustibles. De esa manera las agroquímicas se unen a las petroleras y a las automotrices –industrias ya de por si gigantescas– y modelan el paisaje rural a su antojo.
Los biocombustibles, fachada verde para justificar la alianza de corporaciones voraces, se dividen en dos grupos: el biodiesel (fabricado a base de aceites) y el bioetanol (fabricado a base de alcoholes). En Argentina es la industria del bioetanol la que presionó en los últimos años para que el parlamento nacional sancione una ley que haga obligatorio el uso de un determinado porcentaje de alcohol por cada litro de nafta, lo que logra que la demanda de bioetanol esté garantizada y no dependa de los caprichos del mercado. Lo problemático aquí es que esa obligatoriedad no es sólo una disposición nacional, sino que es un asunto global. Así, los países que integran la Unión Europea, por ejemplo, están obligados a importar biocombustibles en los próximos años para cumplir con la reglamentación tendiente a reducir las emisiones de CO2 (cosa que, dicho sea de paso, no es del todo seguro que lo haga). Y deben importarlos porque ellos no pueden producirlos dadas las condiciones de sus campos de cultivo y la cantidad de vehículos a los que deben abastecer.
Lo cierto es que la Unión Europea aún no estableció si los biocombustibles que van a importar masivamente serán biodiesels o bioetanoles. Y este es el motivo por el que los gigantes azucareros (y países como el nuestro) están acelerando su producción de bioetanol y condicionando los campos para demostrarles a los europeos que lo que les ofrecen es lo que ellos buscan. En esta nueva década, paulatinamente, el Primer Mundo va a llevarse los biocombustibles y también el azúcar que si pueden pagar, dejándonos a los países periféricos dispuestos al desenfreno por el alimento (para consumir o vender) como el que tristemente se vivió en Famaillá, obligándonos a erosionar los lazos solidarios que son la base para construir una sociedad en la que la justicia no sea sólo una ilusión.

El amplio arco de las excusas

La escasez de azúcar afecta a todo el país. En Misiones, tierra que alberga a un importante ingenio, acusan a los cañeros independientes tucumanos y al sistema de maquila de ser la raíz del problema. Del otro lado del país, en San Juan, un poco más acertados culpan a los industriales por exportar más de lo que deben. Hacia el sur, en Capital Federal, se responsabiliza a los especuladores del sector comercial, mientras que en Salta –sede del gigantesco ingenio El Tabacal– se hace una combinación de todas las explicaciones que circulan pero se anuncia también que gracias al adelantamiento de la zafra se resolverá la situación (sin aclarar que para que se adelante la zafra es necesario emplear “maduradores” como el Haloxifop- R metil, que está prohibido por su toxicidad en Europa, y del que se sospecha que ocasiona insuficiencia renal crónica en quienes entran en contacto con el mismo, o sea en los obreros del ingenio y sus familias).
Las diversas voces apuntan en diversas direcciones, pero ninguna lo hace hacia los verdaderos culpables: las pandillas económicas multinacionales.

Una obra pública al borde del colapso

2010-04-20T21:13:00.001-07:00

Monteros

En enero de 2008 el Estado tucumano firmó un contrato con la constructora Ingeco SA para reconstruir la ruta provincial 325, en el tramo que une Monteros con Simoca. El presupuesto asignado para la obra rondaba los once millones y medio de pesos, y el lapso pautado para la conclusión de la misma era de 12 meses. Ya ha pasado más de un año desde que venció el plazo para completar la obra, y sin embargo el asunto está aún inconcluso.

Quienes transitamos la ruta nos enfrentamos al peligro que significa transitar por un camino que carece parcialmente de demarcación horizontal, de cartelería adecuada y de banquinas en buen estado. Empero el peor problema de todos es el puente del Paso de las Lecheras. Su situación es tan precaria que cada vez que uno lo atraviesa con su vehículo teme que en cualquier momento colapse. La zona, como es sabido, es paso obligado de camiones y rastras cañeras, por lo que todos los vecinos de los alrededores rezamos para no ser realistas y augurar lo peor.
El mes pasado el gobernador interino Regino Amado autorizó al Estado provincial a firmar un nuevo contrato con Ingeco SA por una cifra cercana a los tres millones de pesos, para que se haga cargo de la urgente refracción del puente. La actuación de esta empresa –que fuese encabezada por varios años por el Ingeniero Isidoro Katz– ha sido objeto de reiteradas críticas (como durante el pasado mes de enero cuando le frenaron una licitación por no demostrar en su oferta la capacidad financiera requerida, o como hace dos años cuando se demostró su vinculación en un caso de violación contra el patrimonio natural de la provincia cuando se ejecutaba la obra de construcción del Hospital del Este). Por este motivo la preocupación de monterizos y simoqueños es igual de profunda.

Políticas del abandono

2010-04-18T21:12:00.000-07:00

Cualquiera que visite la Plaza Independencia de la ciudad de San Miguel de Tucumán los días miércoles por las mañanas constatará una realidad tristísima: la existencia de un importante grupo de jubilados que son completamente ignorados por el gobierno provincial, pese a que en sus marchas siempre incluyan elementos para hacerse oír. Ellos reclaman que las autoridades pertinentes regularicen su situación, algo que hasta ahora no han hecho (y, al parecer, tampoco piensan hacer).
Este explícito desinterés por el bienestar de muchísimos trabajadores tucumanos retirados es sólo un pequeño ejemplo de cual es el espacio que el gobierno les da a los ancianos dentro de la planificación de sus políticas. La desesperación por construir un geriátrico, lamentablemente, no está vinculada a la idea de brindarles un servicio a nuestros abuelos, sino que el motivo por el cual el gobierno muestra tanto entusiasmo es por la obra misma: el geriátrico implica un gasto importante para la provincia, en donde la empresa que ejecute la construcción logrará un buen negocio y se deslizarán las coimas correspondientes en el interior de varios bolsillos alperovichistas.
Pero si de verdad alguien busca acciones y actitudes para confirmar que es real nuestra acusación de abandono y exclusión de los ancianos tucumanos de la agenda de gobierno, en el caso del PAMI encontrará el mejor ejemplo. Lo que se sabe es que el Programa de Atención Médica Integral se negó a renovar el contrato que tenía con el Colegio Médico de la provincia, y en su lugar arregló para que un grupo de sanatorios y clínicas privadas ocupen su sitio. El acto es escandaloso, sobre todo porque desafía al sentido común: si el PAMI cuenta con cerca de ochenta mil afiliados en la provincia pasibles de derivación, y solamente hay doce clínicas habilitadas para atenderlos, es evidente que la desproporción entre oferta y demanda genera una inmediata saturación.
Esta situación no puede producir más que un descenso en la calidad de la atención de los médicos. De ese modo los beneficiarios del PAMI se verán cautivos de la labor de unos profesionales sobrepasados en sus tareas, lo que posibilitará una significativa caída en los indicadores de salud de los adultos mayores tucumanos.
Ahora bien, ¿por qué el gobierno provincial es culpable de la situación, si el PAMI es una institución autónoma? La respuesta es simple: como el gobierno no quiere torcer el brazo frente a los reclamos salariales de los trabajadores de la salud, le conviene que les quiten a estos responsabilidad sobre la gente; de esa manera los médicos tienen un elemento menos con el cual presionar. La única manera de frenar esta violencia del gobierno en contra de nuestros ancianos es mediante la solidaridad y la unidad con los médicos autoconvocados, y exigiéndole al gobierno que intervenga ante el PAMI para garantizar la atención médica de calidad en un sector de la población que lo demanda con insistencia.

El lado obscuro del bienestar obrero

2010-04-13T21:11:00.000-07:00

El triunfo de la FOTIA

La cosecha de caña de azúcar es el principal motor de la agronomía tucumana. En la pirámide productiva de la caña se ubican los industriales (los dueños de los 15 ingenios provinciales) en la pequeña punta, mientras que los obreros (los trabajadores que son contratados en épocas de zafra y que luego quedan desocupados en lo que resta del año) constituyen la amplia base. En el medio, al lado de los empleados que hacen tareas administrativas y de los que hacen reparaciones en los ingenios, están los cañeros independientes, que son los pequeños y medianos productores que producen cerca del 80% de la caña provincial. Estos últimos son los que logran introducir equilibrio y equidad en el mundo laboral agrícola. La ausencia de pymes rurales transformaría al campo tucumano en una masa de obreros explotados directamente por un reducido grupo de industriales; sin los numerosos cañeros independientes que poseen unas cuantas hectáreas de tierra productiva en Tucumán, los ingenios serían los dueños absolutos del negocio, y sus acciones serían mucho más arbitrarias y abusivas de lo que actualmente son.
Recientemente el CART (la cámara empresarial que representanta a los industriales) selló un acuerdo con FOTIA (el gremio que reúne a los obreros rurales). El convenio es una muy buena oferta para los obreros, que desde hace años vienen trabajando por sueldos que no son lo suficientemente óptimos para el tipo de labor que realizan. Puntualmente, a partir del 1º de mayo del corriente año, se les otorga a los peones rurales en la categoría más baja un aumento salarial de casi un 40% y se les reduce el porcentaje de su sueldo pagado en negro.

Obreros de ingenios y obreros de surcos

El convenio que consiguió FOTIA con las patronales rige para la contratación de todos los obreros rurales de la provincia. El problema es que no todos los obreros rurales son iguales. Desde hace tiempo que en Tucumán se los categoriza dentro de dos grupos: los obreros de ingenio y los obreros de surcos. Básicamente la diferencia es que los primeros son contratados para trabajar en los latifundios de los ingenios, mientras que los segundos son los que colaboran en la cosecha de los minifundios de los cañeros.
Dentro de la estructura organizativa de FOTIA, los obreros de ingenio suelen ocupar los puestos estratégicos del sindicato, lo que les da mayor poder de decisión. El motivo de esta hegemonía se debe a que las elecciones para renovar autoridades se suelen realizar en épocas de verano (momento en que la mayoría de los obreros del surco migran para trabajar temporariamente en otras provincias), y a que, por lo general, los obreros de surco tratan cara a cara con sus patrones, por lo que sus arreglos no exigen siempre de decisiones sindicales colectivas, provocándoles así un menor interés por la actividad gremial.
Últimamente han habido conflictos entre ambos grupos de trabajadores dentro de FOTIA. El motivo es que algunos sindicatos de obreros de surco (como el de Monte Redondo) arreglan salarios diferentes a los que el liderazgo de FOTIA negocia con la patronal: aceptan así trabajar por una cifra un tanto menor a la que cobran los obreros de ingenio. Esto no es traición sino necesidad, ya que los cañeros independientes no manejan los mismos presupuestos que manejan los industriales, y por tanto pagar los mismos sueldos es muchísimo más costoso. Por ello, pese a las críticas, los obreros de surco aceptan hacer una concesión para no detener la producción y mantener activa sus fuentes de trabajo.

Las consecuencias del alcohol

El año pasado dijimos en este blog que los cañeros independientes de Tucumán estaban en lucha para conseguir establecer una maquila para el bioetanol. Finalmente lo lograron, y ello explica este acuerdo entre CART y FOTIA –entre la patronal y los obreros– en el que los últimos consiguieron mucho más de lo que esperaban. ¿Generosidad súbita de los industriales? Difícilmente. Oficialmente se dice que la mejora de los precios internacionales del azúcar le da un sólido argumento a FOTIA para que CART no pueda resistir el aumento salarial, pero hay otro motivo más importante detrás: poner en jaque a los pequeños y medianos cañeros.
Sergio Fara, la máxima autoridad actual de la Unión de Cañeros Independientes (UCIT), lo dijo: todo se trata de “un acuerdo caprichoso de dos industriales”. Estos dos industriales no son otros más que Julio Colombres y Jorge Rocchia Ferro, quienes –respectivamente– son los que manejan los destinos de los ingenios Santa Bárbara y La Florida. A estos ingenios, y por tanto a estos industriales, están asociadas las empresas Compañía de Bioenergía de La Florida SA y Energías Ecológicas de Tucumán SA, que se caracterizan por ser dos de las pocas fabricantes locales de biocombustibles.
Tomando en cuenta esta información, ya no es difícil poner todas las fichas en su lugar. El verdadero motivo por el que Colombres y Rocchia Ferro arreglaron con FOTIA es la guerra que libran contra los cañeros independientes (otros industriales provinciales –principalmente los que aún no tienen estructuras para producir bioetanol– se opusieron al convenio, y las patronales de los ingenios salteños y jujeños repudiaron el asunto, pues allá semejante movida les parece extraña ya que, prácticamente, no existen los pequeños y medianos empresarios rurales). Al comprar a FOTIA, los industriales complican la situación de los pequeños y medianos cañeros. Buscan –como ya hemos dicho en repetidas oportunidades– debilitar su sector, quitarle rentabilidad a su actividad, y avanzar sobre sus terrenos para apropiárselos con el fin de tecnificarlos al extremo para que produzcan mayores cantidades de caña y, por ende, mayores cantidades de bioetanol.

De la mano invisible al alimento invisible

2010-04-10T21:11:00.000-07:00

Tucumán sin azúcar

La escasez de azúcar en la provincia no es algo que se pueda ocultar. Cualquiera que quiera comprar un paquete de este alimento tendrá que sufrir un poco para conseguirlo. Sin embargo Julio Colombres, titular de la cámara empresarial conocida como Centro Azucarero Regional de Tucumán (CART), lo niega. Según sus declaraciones los ingenios no tienen ninguna responsabilidad por la situación, y si –desde su perspectiva– hay algún culpable, estos son los cañeros independientes que habrían dejado sin retirar, al menos, “180 mil bolsas” de azúcar ya refinada y lista para la comercialización.
Colombres también apunta en contra del gobierno que regula el precio de los paquetes de 1 kilo, sosteniendo que toda intromisión estatal en un mercado libre sólo puede generar problemas.
No es extraño que un empresario neoliberal y defensor a ultranzas del libre mercado –recordemos que Luz García Hamilton, cuando hubo elecciones en la FET, lo defendió a capa y espada (y todos sabemos lo que Luz García Hamilton representa en la provincia)– culpe a la intervención estatal y a las pymes de lo que es su responsabilidad. Concretamente no son los ingenios tucumanos los que provocaron la escasez de azúcar, son las políticas neoliberales a nivel global las que la ocasionan. El CART, por supuesto, está muy lejos de rechazar este tipo de movida global, y desde su posición contribuye en todo lo que puede para expandirla e introducirla al territorio provincial.
La verdadera causa por la que falta el azúcar en nuestros comercios –como también falta en los de Cuyo– la explicamos en este blog tucumano hace un mes: Argentina es un país que produce azúcar pero, para satisfacer la demanda interna que excede a lo producido aquí, tiene que importarla desde otro lugar, Brasil principalmente; actualmente Brasil, que en su momento siguió al pie de las letras las indicaciones del infame líder neoliberal George W. Bush, emplea muchas miles de toneladas de caña más que en épocas anteriores para producir bioetanol (en lugar de azúcar), y por ello países como Argentina se quedan sin la posibilidad de obtener alimentos pero con la posibilidad de obtener biocombustibles. Lamentablemente los biocombustibles no se ingieren.

Biocombustibles: dulces mitos y amargas realidades

Los biocombustibles son llamados por sus defensores “energías alternativas, renovables y limpias”, y son la apuesta febril del momento. Pero, en rigor, los biocombustibles no son una “alternativa” al petróleo, ya que el consumo de este combustible fósil en la producción y distribución de los biocombustibles sólo aumenta la dependencia al mismo que ya existe en el mundo. Tampoco son “renovables”: si se considera el ritmo con el que actualmente se los consume y la cantidad de tierra disponible para cultivos queda en evidencia que se va camino a agotar la fertilidad del suelo. Y no se puede asegurar que sean “limpias”, puesto que emiten ciertas cantidades de óxido de carbono y de óxido nitroso cuando combustionan.

Los biocombustibles generan una gran codicia por la tierra cultivable. En Tucumán tenemos el ejemplo de los cañeros independientes a los que se demoniza por utilizar la quema de caña como técnica de cosecha. Es de ilusos pensar que los grandes operativos destinados a detectar esos incendios son impulsados por el gobierno porque les interesa la salud de la población (si de verdad les interesara empezarían por arreglar el conflicto con los trabajadores de la salud autoconvocados). Toda la persecución contra los pequeños y medianos productores rurales que queman caña para cosecharla de un modo barato tiene por propósito arrebatarles los minifundios que éstos poseen y entregárselos a los ingenios, para que mecanicen y transegenicen el campo, y produzcan así mayores cantidades de caña destinada a ser transformadas en bioetanol. Pues para lograr un litro de ese alcohol hace falta emplear mucha más caña que para conseguir un kilo de azúcar, y los volúmenes de producción final de los cañeros independientes siempre son y han sido menores que los de los ingenios.
Por otra parte sobran los estudios realizados por investigadores independientes que, al recontar toda la energía que se emplea en fabricación de fertilizantes, en sistemas de riego automático, en producción de semillas genéticamente alteradas, en construcción y funcionamiento de maquinaria, y en todos los demás factores que intervienen en la producción de biocombustibles, terminan arrojando un balance negativo: el pretendido ahorro de combustibles fósiles es una mentira. Y aún aunque se consiga mejorar esa situación queda en pie otra más grave: la caña de azúcar que se hace bioetanol y se quema en el motor de un vehículo con motor sustituye a la caña de azúcar que se hace azúcar y termina en el estómago de una persona.
Mientras más intensivo se vuelva en Tucumán el cultivo de caña de azúcar, más se desertificará esta frágil tierra subtropical, y el dióxido de carbono (absorbido por las plantas y transformado por ellas en oxígeno que nosotros consumimos) se acumulará en la atmósfera, pues la cantidad de verde que lo sintetiza y lo torna oxígeno no será la misma que ahora.

El disfraz verde de los poderosos

Los biocombustibles hechos a base de caña de azúcar tienen dos propósitos: frenar el aumento del precio del petróleo crudo –evitando así la caída del consumo, al mismo tiempo que genera escasez del azúcar o el aumento de precios ante una demanda que supera a la oferta–, y crear un disfraz verde que sirve para que la ciudadanía crea que, al utilizar biocombustibles, está ayudando al medio ambiente.
Hay muchos que salen beneficiados de la instalación del concepto de “biocombustible” en el imaginario social. Las industrias que fabrican vehículos motorizados pueden mantener sus ventas sin invertir ni un centavo en investigación y desarrollo de nuevos motores que no recurran a la combustión. Las petroleras pueden conservar sus redes de distribución y seguir controlando todo el asunto desde atrás de la mirada de la opinión pública. Las corporaciones financieras pueden generar una nueva burbuja desde la cual especular. Pero son las grandes agroquímicas y las grandes biotecnológicas las que más ganan, pues para alterar la caña y otros productos agrícolas con el fin de hacer biocombustibles más eficientes (que a su vez hagan menos eficiente, o incluso inservibles, a esos productos para alimentarse) se requiere de grandes inversiones, que son retribuidas con grandes sumas de dinero.
El sufijo “bio” de los biocombustibles no es más que un artilugio mercadotécnico, ya que aquellos no provienen de la agricultura ecológica (familiar y de mediana escala) sino que lo hacen desde la agricultura corporativa, más contaminante e intensiva que cualquier otro tipo de agricultura.

El genocidio del capitalismo salvaje

Recientemente dos catástrofes naturales destruyeron Haití y Chile. En algunos países se organizaron campañas para ayudar a las víctimas del desastre. Sin embargo tanto Haití como Chile vivían ya la devastación: el país caribeño porque está sumergido desde hace décadas en la pobreza y la precariedad, y el país suramericano porque demostró que el crecimiento de estos últimos años ignoró la decisión de mejorar estructuralmente la situación entre los más necesitados de la sociedad. Lo que queda en evidencia es que las campañas de ayuda no sirven más que para reconstruir un mercado que colapsó por razones externas, pero que no se interesan por los que son marginados sistemáticamente en épocas de estabilidad.
La enseñanza que se puede extraer de las desgracias de Haití y Chile es que debemos actuar cuanto antes en contra de la exclusión y la marginación, pues esa es la mejor manera de estar preparados por si alguna vez el planeta decide jugarnos en contra. Un modo de hacerlo es evitar la implementación y el desarrollo de política genocidas.
El concepto de “genocidio” es una creación jurídica relativamente nueva y por ello muchas veces se la aplica de modo incorrecto, tildando de genocidas a quienes han cometido otro tipo de crímenes, y dejando afuera de la categoría a muchos que si han obrado como impulsores o cómplices de genocidios. La pérdida de la soberanía alimentaria es un fenómeno que, en el largo plazo, va a demostrar ser un factor genocida, que cosechará más víctimas que el hitlerismo y el stalinismo juntos, pero a través de un proceso más lento y silencioso.
Los biocombustibles, o sea el reemplazo de la actividad agrícola destinada a producir alimentos por una destinada a producir energía, son parte de una estrategia genocida que los países centrales llevan a cabo contra nosotros los periféricos. Nos dicen que siguiendo el camino que ellos han marcado nosotros también llegaremos al desarrollo en el que ellos viven, pero la verdad es que ellos viven así porque nos tienen a nosotros para ser sus sirvientes, sus basureros y sus ratones de laboratorio, pues a la escalera con la que ellos llegaron a la cima hace mucho que ya la patearon para que nadie más los siga.

Recuperar la dignidad

2010-04-09T12:02:00.000-07:00

Los Ralos

Deshilando la historia

El 21 de agosto de 1966, el entonces ministro de economía de la nación, Jorge Néstor Salimei, anunció la intervención, desmantelamiento y clausura inmediata de siete ingenios (ley 19.926) como punto de arranque de una serie de medidas estructurales que se decían que estaban destinadas a reparar la economía tucumana, pero que en realidad se dirigían a enriquecer a los sectores más ricos y empobrecer a los más pobres, presionando para lograr que los grupos de capitales transnacionales fuesen los únicos dueños de la economía, y convirtiendo a todos los demás en sus sirvientes o sus esclavos. Posteriormente otros tres ingenios cesarían de producir en ese año, lo que, sumados a un ingenio que acababa de quebrar y al que el Estado no le interesaba ayudar, llevó a once el número de ingenios cerrados. Tal acción fue, a todas luces, genocida.
En el año siguiente, el gobierno nacional trató de implementar medidas para paliar el cataclismo social que había ocasionado en la provincia. En la localidad de Los Ralos, en el este tucumano, más de dos mil trabajadores sufrían el desempleo tras la muerte del ingenio local. Se decidió entonces abrir allí una fábrica de textiles, la famosa Textil Escalada. Gracias a un arreglo con las autoridades, la familia Lamuraglia se puso al frente de la administración y dirigió la empresa durante unos cuantos años. Cuando su Familiar de tela empezó a deshacerse de obreros a troche y moche, despidiéndolos arbitrariamente y negándoles las indemnizaciones, los demás trabajadores iniciaron una huelga para conseguir que sus derechos sean respetados.
En 1970 los funcionarios del gobierno decidieron cortar los subsidios para dejar de alimentar a los obreros rebelados contra la patronal, y los Lamuraglia anunciaron la clausura de la fábrica. Los trabajadores –con apoyo incondicional del pueblo– resistieron, y recién en 1972, gracias a su lucha, se reabrió la Textil Escalada, esta vez directamente bajo gestión estatal. En 1978 los usurpadores del gobierno cerraron definitivamente la fábrica de Los Ralos, con la excusa de que las pérdidas que ésta daba eran intolerables.
Afortunadamente, en esa oportunidad, los militares no dinamitaron las instalaciones –como si lo hicieron con la famosa chimenea rebelde del Ingenio Santa Ana– por lo que las máquinas de coser y demás elementos productivos durmieron en el enorme predio por 30 años.

Zurciendo el presente

En 2008 el gobernador José Alperovich y la ministra de desarrollo social Alicia Kirchner encabezaron el acto de reapertura de la Textil Escalada, como parte de sus políticas de reivindicación histórica (en principio se había planteado levantar un museo de la memoria, pero al constatar que la maquinaria se encontraba operativa se estipuló “recuperar” la fábrica). Esta vez se apostó a darle el control de la empresa a los miembros de una cooperativa, que antes habían sido capacitados para realizar las labores productivas. Sin embargo, quienes en verdad administran a la revivida Textil Escalada son los abogados y contadores que el Ministerio de Bienestar Social de la provincia puso como asesores.
Los trabajadores de la cooperativa –en su gran mayoría mujeres– operan como si fuesen un conjunto de microemprendimientos, y no como si integrasen una empresa mediana. Es decir, la Textil Escalada tiene una capacidad de producción potencial que quintuplica a la producción actual, lo que permite industrializar el trabajo que hoy en día está artesanalizado. En este sentido el gobierno se conforma con darles a los habitantes de Los Ralos un paliativo para combatir la pobreza, y no les facilita el acceso a una vida digna, realizando el típico y penoso clientelismo oficialista pero de un modo más sofisticado que el tradicional.

Desgabarronando el porvenir

Es inocultable que en cada día que pasa se vuelve mayor el abandono de la gente de Los Ralos por parte de las autoridades. A medida que el fantasma de la crisis socioeconómica se vuelve más acechante, más se estancan los lugares más postergados del país. Hoy en día la amenaza de quiebra y desmantelamiento de la cooperativa late con mucha fuerza. Y ese no es el único problema que tienen que enfrentar.
Una amenaza interna contra la que la cooperativa de la Textil Escalada tiene que luchar es la infiltración de políticos izquierdistas, más precisamente, de miembros de sectas trotskistas. El investigador marxista Rolando Astarita ha estudiado el tema de la presencia de fuerzas políticas en las fábricas recuperadas y su relación frente al Estado, en el marco de lo que se conoce como una situación de “poder dual”. Concretamente el “poder dual” es el fenómeno en que los trabajadores de una empresa imponen su control sobre la misma, desplazando a la patronal de sus funciones, pues el capitalista sin obreros no llega a ninguna parte, mientras que el obrero sin capitalistas puede arreglárselas para autogestionarse.
Cuando entre 2000 y 2002 eclosionó el movimiento de las fábricas recuperadas, muchos obreros pudieron hacerse cargo de las empresas abandonadas por sus dueños, con la esperanza de poder así preservar sus puestos de trabajo. Esta práctica es muy común en el mundo industrializado, y en su momento fue festejada por la sociedad argentina, que veía con buenos ojos que los desempleados bregasen por mantener viva la cultura del trabajo y no se refugiasen en el amparo de los planes sociales. Estas cooperativas tuvieron que adaptarse a las leyes del mercado y a la lógica de la competencia capitalista, y sufrieron cambios en sus estructuras y funcionamientos –al principio abiertos y democráticos.
Los grupos izquierdistas, siempre con sus discursos tan desconectados de la realidad, vieron en este fenómeno de las fábricas recuperadas la posibilidad para destruir el sistema capitalista y avanzar así hacia la construcción de un Estado socialista. Fantaseaban con que unas cuantas fábricas recuperadas se tornasen en casos ejemplares para que los trabajadores se decidiesen a expropiar las industrias, los comercios y los bancos, estuviesen o no abandonados por sus dueños. De esta manera, los izquierdistas que se ofrecieron como asesores de las cooperativas trabajaron siempre para expulsar a cualquiera que se acercase a intervenir en la situación y que comprometiese el completo control obrero. En publicaciones partidarias como Prensa Obrera (PO) y La Verdad Obrera (PTS) se planteaba que los trabajadores de las empresas recuperadas tenían que convertirse en la vanguardia expropiadora del capitalismo. Sin embargo, al mismo tiempo que se vislumbraba este futuro favorable para los obreros, los izquierdistas infiltrados en las cooperativas reclamaban que el Estado les entregase generosos subsidios no reintegrables, que las empresas recuperadas aseguren su demanda tornándose en proveedoras privilegiadas de productos para el Estado, y cosas por el estilo. Dicho de otro modo, mientras pretendían crear “escuelas de socialismo revolucionario”, los trotskistas esperaban que el Estado las mantuviese y les otorgase becas para crear una generación de trabajadores que pondría en jaque a todo el sistema capitalista, como si un hijo que se declara parricida le exigiese a su padre que lo críe. Una situación un tanto incoherente.
Lo que Astarita no señala es que el interés por sostener ese discurso ilusorio por parte de las sectas izquierdistas no tiene otro propósito más que el beneficio propio. Es decir, los trotskistas que critican al gobierno hacen todo lo posible para que el gobierno los beneficie, pues de esa manera es posible desviar fondos a sus arcas. Al demandar lo imposible se puede perpetuar un discurso de inconformismo perenne y recibir beneficios económicos a través de la adjudicación y administración de las victorias parciales y reformas que se consiguen con mucho esfuerzo del pueblo en lucha. Ese es el juego que vienen jugando estas organizaciones desde, prácticamente, su creación.
El sectarismo trotskista, que fabrica un discurso de tres capas (en la primera se plega al reclamo popular –se los ve entre ecologistas, desocupados, trabajadores autoconvocados, estudiantes, etc.–, en la segunda fantasea con destruir al complejo sistema capitalista por medio de estrategias simplistas, y en la tercera demuestra que sólo buscan beneficio personal para la cúpula dirigencial de los diversos partidos), está presente entre los miembros de la cooperativa de la Textil Escalada. Es su “quinta columna”, y la excusa que tiene el gobierno para desinteresarse por el destino de los trabajadores de Los Ralos.

Tejiendo una nueva mentalidad

La complicada situación que vive el país desde 2008 hace que las expectativas de quienes integran la cooperativa de la Textil Escalada hayan decaído. Hoy por hoy resulta más ventajoso comprar productos textiles importados (de países como China o Brasil) que adquirir los que se hacen aquí.
Sin embargo hay que tomar en cuenta que esta fábrica situada en Los Ralos no es una fábrica más. La fábrica, como apuntamos más arriba, es producto del genocidio que se ejecutó contra el pueblo tucumano en la década de 1960. Dicho genocidio nunca fue resarcido por el Estado nacional. Los tucumanos debemos obligar al Estado nacional para que cree un fondo de reparación histórica, destinado a beneficiar a los pueblos destruidos por su política genocida.
La cooperativa de Campo de Herrera, situada en una localidad cercana a Famaillá, es un producto similar a la textil de Los Ralos, con la diferencia que ésta tuvo la suerte de resistir las adversidades que arrasó con la otra, y hoy es una institución pujante y exitosa.
Si se apoya el desarrollo de la cooperativa –eliminando a los infiltrados izquierdistas que estorban desde adentro, y mejorando las condiciones para competir contra los productos importados– emergerá una mentalidad diferente entre los habitantes del este tucumano, donde los vínculos solidarios se estrechen, la fraternidad se efectivice, la apertura democrática se afiance, la proactividad se detone y la responsabilidad se profundice.

Otros seis motivos para reelegir a Alperovich

2010-03-29T12:02:00.000-07:00

Alperovich sugiere que en 2011 quiere ser nuevamente gobernador de la provincia. Muchos se preguntan: ¿para qué?

Aquí unas seis respuestas para esa pregunta:

* Invertir grandes sumas en salud pública:

Al actual gobierno le interesa perfeccionar la práctica de la ciencia médica en la provincia. Tal es así que, pese a que la mayoría de los médicos se autoconvoquen para reclamar una mejora de su deplorable situación laboral, el dinero se sigue destinando a organizar jornadas de capacitación de las que nadie participa, como lo demostró recientemente el ministro Pablo Yedlin (aquel por el que Alperovich pondría “sus manos en el fuego”). En los próximos cuatro años, en el caso de ser reelegido, el gobernador podrá seguir precarizando la labor de los médicos al mismo tiempo que la provincia se llena de medicamentos que el Estado paga pero que nadie expide y de cursos de perfeccionamiento a los que no se sabe quienes asistieron.

* Garantizar la inserción laboral de la juventud:

Desde que Alperovich gobierna, los tucumanos descubrimos que muchos miembros de su familia resultaron ser expertos en diversas áreas, al punto tal de haber sido designados para ocupar varios cargos públicos. La estandarte en este aspecto es Silvia Rojkés de Temkin –ministra de Educación y cuñada del gobernador– pero detrás de ella hay cerca de otros veinte funcionarios con algún tipo de vínculo familiar con José Alperovich. En los siguientes 4 años, si Alperovich se mantiene en el poder, podrían incorporarse todos esos parientes suyos que durante este último tiempo no tenían edad legal aún para hacerlo, y garantizar así la inserción laboral de, al menos, una parte (pequeñísima) de la juventud.

* Demostrar que en Tucumán hay acceso a la tecnología de punta:

Cuando se anunció la reactivación de los trenes en Tafí Viejo, Tucumán demostró que puede acceder a la tecnología de punta. No nos referimos al tren en si mismo (que hasta el día de hoy sigue sin funcionar), sino a la videoconferencia que realizó Alperovich con la presidenta. Con la aparición de pantallas gigantes que transmitían en directo las promesas más huecas, el gobernador confirmó que la provincia puede valerse de las más complejas herramientas tecnológicas para fingir progreso y bienestar, pero no necesariamente para concretarlo. En cuatro nuevos años se puede seguir invirtiendo en tecnología para generar simulacros cada más complejos que afirmen realidades que sólo existen como proyectos.

* Mantener la tradición de los gobiernos anteriores:

Desde hace muchos años que se viene prometiendo la construcción del Dique Potrero del Clavillo y del Dique Potrero de las Tablas, dos grandes obras de hidroingeniería que podrían mejorar el suministro de agua en la provincia y contribuir a controlar las inundaciones tan frecuentes en esta parte del país. Alperovich no ha querido ser menos en este aspecto, y él también se sumó a la promesa de la construcción de los diques, manteniendo intacta la tradición de los anteriores gobiernos consistente en prometer que se realizaran obras de vital importancia pero sin sentir la obligación de hacerlas. Un nuevo mandato, probablemente, equivaldría a cuatro nuevos años de vigencia de una vergonzosa herencia de la política tucumana.

* Estimular el uso cívico de la Internet:

Si hay algo que ha hecho el gobierno de Alperovich en los últimos años es invertir para conseguir que los principales diarios, las radios más escuchadas y los canales de televisión con mayor alcance se abstengan de denunciar por iniciativa propia todas las irregularidades que acontecen en la provincia. Hacer esto último significaría afectar una imagen por la que se ha gastado mucho dinero para construirla. Como el resto de la prensa que decide no ser servil al gobierno termina pagando con aprietes o despidos su postura, los medios tradicionales de comunicación se tornan cada vez más sospechosos (o, en algunos casos, directamente cómplices). Por este motivo cada día más los tucumanos utilizan Internet con fines cívicos: en determinados espacios se leen denuncias y reclamos que los demás medios se niegan a dar a conocer. Un mandato más de Alperovich, probablemente, convierta a la Internet en el único foro de participación auténticamente cívico (pero, como buen kirchnerista, nuestro gobernador no objetaría el implementar algún aparato de censura sobre la red).

* Promover la creación de archivos:

Es innegable que el gobierno de Alperovich intenta pasar a la historia, por eso se ocupa de dejar muchas cosas para ser desempolvadas en el futuro por los estudiosos del pasado. Un ejemplo de ello es la investigación de la causa por la muerte de Paulina. Esta estudiante fue inexplicablemente asesinada en 2006, generando gran indignación en casi toda la población tucumana, y las máximas autoridades del gobierno de Alperovich no han hecho más que archivar el asunto con el fin de que la gente lo olvide, para que luego –tantos años después como para que nadie sea condenado por el crimen– alguien descubra en los archivos quien fue el culpable de semejante horror.

Ver también: Seis motivos para reelegir a Alperovich

Las piedras en los caminos

2010-03-23T12:01:00.000-07:00

Yerba Buena

Muchas de las calles de Yerba Buena parecen importadas desde Gaza, pues los pozos que tienen son muy similares a los que cada tanto causan las bombas israelíes en esa parte del mundo. Sin embargo Yerba Buena no es zona de guerra, es solamente víctima de las malas políticas de desarrollo de infraestructuras que las autoridades municipales promueven.
Ciertamente es innegable que, en estos últimos años, el intendente Daniel Toledo ha organizado su gestión en torno a la realización de obras públicas como consigna central. Pero su principal interés no ha sido el de ampliar la red cloacal según una planificación rigurosa como se le exigía, sino que se ha preocupado más bien por emplear recursos públicos para pavimentar las numerosas calles de tierra del municipio.

Para llevar a cabo esta tarea, la gestión de Toledo apostó por financiar al sistema de pavimentación articulada, sistema que se caracteriza por el empleo de adoquines de hormigón. En principio, el uso de adoquines parece ventajoso, ya que su precio de adquisición no es muy elevado y su colocación –así se haga de manera manual o de manera mecanizada– no es dificultosa, lo que ahorra una cantidad considerable de tiempo para finalizar la obra. Una vez habilitada, la calle con adoquines obliga a los conductores a controlar la velocidad para no someter a sus vehículos al desgaste ni al daño que ocasiona transitar por ese tipo de superficies. Por último, los vendedores de adoquines nunca dejan de destacar la principal virtud: en arterias que carecen de infraestructuras básicas, los adoquines pueden ser removidos fácilmente para permitir la realización de las obras necesarias, y luego recuperados sin generar más gasto que el de la recolocación.
Pero, más allá de todas las ventajas, la pavimentación articulada también carga con su costado problemático. Originados en el medioevo para que las mulas y otros animales de carga tuviesen una superficie cómoda y segura para posar sus herraduras, en la actualidad los adoquines deben tolerar el tránsito constante de un elevado número de vehículos. Esto hace que las calles de pavimento articulado estén al borde del colapso (o, en algunos casos, que directamente colapsen), teniendo en cuenta que además la lluvia contribuye a erosionar la arena compactada que rellena las juntas entre los adoquines, aflojándolos y generando con ello esos terrible pozos que inutilizan las vías de circulación. La solución para este problema consiste en emplear algún tipo de compuesto que englobe las ventajas del recabado de arena (es decir, que sea drenante y de rápida aplicación) y las ventajas del rejuntado con mortero de cemento (es decir, que aporte dureza y solidez para que tarde muchos meses en colapsar). Tales productos –como era de esperarse– no son nada baratos, y en caso de ser aplicados, la municipalidad de Yerba Buena terminará gastando para el adoquinado de las calles una cifra superior a la que hubiese gastado si en primera instancia hubiese optado por otros tipos de pavimentaciones. “Lo barato sale caro”, dice el dicho.
Una última cosa a tener en cuenta con respecto a este asunto: hay un par de countries ubicados bajo la jurisdicción del municipio de Yerba Buena que, ¿curiosamente?, tienen calles adoquinadas iguales a las que el intendente Toledo ha multiplicado a lo ancho del territorio que administra, con la diferencia de que las calles de los countries no están “adornadas” con los pozos y baches que si tienen su primas de los espacios públicos. ¿Será que lo caro puede llegar a salir barato?

La Gaceta: ¿espejo o espejismo de Tucumán?

2010-03-20T11:59:00.000-07:00

En estos días Tucumán atraviesa un escándalo producido por inspectores de tránsito. Es una innegable realidad el hecho de que existen muchísimos varitas que confunden “salir a trabajar” con “salir a coimear” –como también existen muchísimos conductores que no respetan los códigos de conducta vial–, pero ahora todo ello ha tomado una dimensión insospechadamente amplia, al punto tal de alcanzar a generar interés por parte de los medios de comunicación nacionales.
Sin embargo toda la furia desatada por la ciudadanía enardecida se basa en un trabajo periodístico que no es completamente sólido, y que manipula la opinión más de lo que la libera.

Los hechos

Aparentemente todo se inicia la tarde del martes 16 de marzo en la página de Facebook del programa televisivo A las 7, cuando un usuario postea un video que registra hechos irregulares protagonizados por inspectores de tránsito municipal. Un productor del programa sube el video a su página que administran en Internet, y durante la emisión del miércoles 17 dicho video es transmitido por televisión de aire, sin generar gran repercusión en el público ni inspirar comentarios demasiado amonestadores por parte de los periodistas que conducen A las 7.
Sin embargo el escándalo empieza el jueves 18, cuando la versión on-line de La Gaceta publica una nota titulada “Dos varitas fueron filmados cuando ‘inventaban’ una infracción”. Los foristas de la página se lanzan a comentar indignados el contenido de la filmación, al mismo tiempo que publican relatos de experiencias irregulares con agentes de tránsito. En pocas horas el artículo se convierte en el más leído del día.

La repercusión

Desde hace un tiempo que el equipo on-line de La Gaceta inició una cruzada para publicar videos –producidos por ciudadanos o por ellos mismos– que captan situaciones en las que los inspectores de tránsito municipal actúan de modo cuestionable. Empero no fue hasta el 18 de marzo que dicha campaña consiguió algo más que sospechas por ser una posible cortina de humo o una estrategia de paupérrimo periodismo montada para no cubrir problemas más serios: al aparecer el video en los medios nacionales se anotaron una significativa victoria en el tradicional diario tucumano.
Tras la impensada repercusión que consiguió la nota, el “equipo multimedia” de La Gaceta salió a buscar los testimonios de los involucrados. Se toparon con una serie de declaraciones cruzadas e incoherencias, lo que hace temer que tanto los inspectores de tránsito como una vecina de la ciudad no hayan obrado según las leyes y las ordenanzas. Al parecer lo que sucedió esa tarde en que se filmó el video fue lo siguiente: un auto estaba estacionado delante de la entrada de un garage en calle Catamarca al 100, por lo que la dueña de dicho garage pidió a los varitas que actúen; no se sabe muy bien cual fue el arreglo, pero es muy probable que los municipales hayan empujado el auto mal estacionado para que la mujer pueda sacar o guardar su vehículo, y luego los mismos municipales reubicaron el auto infraccionante en donde estaba para ponerle así el cepo. En el video quedaría plasmada solamente esa última parte, haciendo parecer que, en efecto, los varitas fabrican la infracción.
Los lectores de La Gaceta no sólo se enfurecieron por la supuesta falta ética y por el comportamiento delictivo de los inspectores, sino que además reclamaron que las autoridades tomen cartas en el asunto. El titular de la Dirección de Tránsito del municipio no supo dar explicaciones, y la ira de la turba que comentaba se desplazó hacia el intendente Domingo Amaya, máximo responsable político de la ciudad.
Ya durante el viernes 19, el periodista Federico Thürpe escribió una editorial titulada “Amaya no mira YouTube”. En la misma se lo acusa al intendente de defender lo indefendible, pues Amaya sostiene que el número de inspectores de tránsito corruptos o corrompidos no supera el 5% del total de los que integran el plantel, mientras que Thürpe arguye -a través de una serie de supuestos y conjeturas- que el número debe ser muy superior.
Por otra parte, en el sitio A las 7 modificaron la nota que habían publicado el 17, sólo para remarcar que la primicia era suya, pero no para agregar comentarios contra Amaya o los funcionarios municipales. En otros sitios como La Noticia Ya! (sitios que reciben, como ya hemos apuntado, una generosa pauta publicitaria por parte de la intendencia de Amaya) no se mencionó una sola palabra sobre el hecho, mientras que en Gen Informativo –de características similares a La Noticia Ya!– sólo se lo hizo para señalar que la primicia era de A las 7 (pues quienes administran esa página web están involucrados laboralmente con dicho programa televisivo).

La banalización del periodismo ciudadano

En su influyente blog, el periodista Tony Arnedo interpreta positivamente todos los sucesos, sosteniendo que “los varitas ya no son ‘los dueños de la calle’, como se creían hasta no hace mucho tiempo. Los verdaderos dueños del espacio público son los pacíficos ciudadanos a los cuales la tecnología de hoy ha dotado de un arma valiosa: las cámaras fotográficas y sobre todo de video, que permiten registrar estas infamias diarias.” Sin embargo Arnedo no nota la contradicción: esto no es un triunfo de los pacíficos ciudadanos, es un triunfo de los medios masivos (y privados) de comunicación. Según se afirma en todos lados, el video está disponible en la Internet desde hace varios meses, pero recién es en estos días en los que recibe atención. Eso es algo a tener en cuenta.
Y también está el hecho de que el video está editado de tal manera que un acontecimiento más o menos explicable –e informalmente justificable– se torna algo intolerable, rayano a lo delictivo.
La persecución de varitas que promueve desde hace meses La Gaceta más que un acto de periodismo cívico parece una típica operación contra ciertas autoridades gubernamentales, además de ser burdos intentos por inyectar credibilidad en una publicación constantemente criticada por sus propios lectores. Mientras los sitios auspiciados por la municipalidad capitalina callan o no dicen mucho sobre el asunto, en La Gaceta le dedican una nota editorial al intendente acusándolo de no “mirar YouTube”, lo que significa que el intendente vive en el pasado y que no aprovecha los canales de comunicación directa para acercarse a quienes lo solicitan, que “es obsoleto” y que “es sordo”.
¿Pero La Gaceta verdaderamente apunta contra un intendente? ¿No parece más una demostración de fuerza y un intento por salvar -ante quienes lo consumen- a un barco que se hunde en el pantano del conformismo y la obsecuencia?

La tierra ácida

2010-03-16T11:59:00.000-07:00

Actualmente cuatro citrícolas operan en Tafí Viejo, pronto serán sólo tres. En efecto, Citromax –la citrícola más grande del municipio– ya anunció que el año que viene se radicará en el departamento de Monteros, más precisamente en la zona de Acheral, donde existen otras fábricas como la citrícola Acheral Citrus.

La mudanza se debe a que la empresa –instalada en Tafí Viejo desde hace 45 años– no desea seguir lidiando contra las presiones de los vecinos que la acusan de contaminar el medio ambiente (particularmente el aire y las aguas, debido a su pésimo programa de control de efluentes). Es decir, en lugar de sacrificar ganancias con el propósito de invertirlas en el reacondicionamiento de su planta procesadora, los dueños de Citromax prefieren levantar todo y desplazarse unos kilómetros al sur, hasta un lugar en donde no sean cuestionados por sus actividades.
La empresa procesa alrededor de 150.000 toneladas de limones por año, lo que equivale a algo así como el 12% de la producción nacional, convirtiéndola de ese modo en una de las firmas más grandes de la industria.
El impacto que Citromax causará en Tafí Viejo será considerable, pues dejará sin empleo temporal a todo el “ejército proletario permanente” que anualmente explota en la cosecha del limón, y que, como dijo el sindicalista Jesús Pellasio, reciben pagas dignas del Tercer Mundo mientras que el producto se exporta a precios del Primero. Junto a todos los problemas vinculados a la pérdida de fuentes de trabajo y a la migración por causas laborales, también se verán seriamente afectadas todas las empresas que prestan servicios o comercian bienes con Citromax en Tafí Viejo, pues perderán una cantidad importante de ingresos provenientes de la fábrica.
Las otras citrícolas de la región (especialmente COTA Ltda.) intentaron asociarse a Citromax para conseguir una solución satisfactoria al problema de la contaminación ambiental que su productividad ocasiona, pero de esa sinergía no ha salido nada convincente hasta ahora. Citromax, que tiene dinero suficiente para comprar pulseras telemáticas para controlar a los cosecheros y que le sobran recursos para establecer un programa propio de prevención de robos de fruta fresca, parece no poseer fondos a la hora de evitar atentar contra la calidad de vida de los tucumanos.
Ahora será el municipio de Monteros el que tenga que sufrir las consecuencias del deterioro ambiental provocado por Citromax, empresa controlada por capitales extranjeros. El aire se tornará pestilente, los insectos proliferarán como plaga y los ríos enturbiarán sus cauces. Y los gobernantes, como siempre, nos darán la espalda.

Prohibido comerciar

2010-03-15T11:57:00.000-07:00

Concepción

Si hay algo que caracteriza a la gestión de Morelli es su ofensiva contra el pequeño y mediano comercio en Concepción, expresada a través de la promoción de una serie de medidas que de tan caprichosas se tornan sospechosas.

El mejor ejemplo de ello es la decisión de prohibir el estacionamiento durante las 24 hs. del día, de lunes a domingo, alrededor de plaza Mitre, el corazón de la ciudad. Esta medida perjudica de manera notoria a los comercios asentados en las inmediaciones de dicha plaza. Todos esos comerciantes, que ya deben tolerar rentas cada vez más extorsivas y controles cada vez más exagerados por parte de los inspectores municipales, ahora se ven obligados a afrontar la reducción de su clientela.
Ante esta situación, los propios comerciantes piden la revisión de la ordenanza Nº 1536. Demandan que en lugar de la total prohibición del estacionamiento, se fijen horarios convenientes. Así proponen que de lunes a viernes se pueda estacionar alrededor de la plaza entre las 13 y las 6 hs., y que los días feriados y fines de semana se pueda hacerlo durante todo el día.
Morelli hace oídos sordos ante este reclamo, y el Concejo Deliberante no se muestra muy entusiasmado a la hora de deliberar sobre algo que ya fue convenientemente sancionado en su momento. Se teme que pronto proliferen más cocheras en el radio céntrico y que se multipliquen los comercios (especialmente los gastronómicos) en otras zonas de la ciudad, rubros que se ven generosamente beneficiados ante una ordenanza como la Nº 1536, que pareciera ser hecha a su medida y según su voluntad.

Seis motivos para reelegir a Alperovich

2010-03-11T10:56:00.000-08:00

No es ningún secreto que el actual gobernador de nuestra provincia busca su reelección. Temiendo no tener un lugar nacional en las próximas elecciones (ni aún especulando con el posible ascenso de San Martín y Atlético como campaña publicitaria para expresar la pujanza de los tucumanos), Alperovich busca seguir afianzándose en lo que supone que es su feudo.
En rigor, lo del gobernador sería una re-re-elección pues, si se permite esta burla al principio democrático de la renovación de autoridades, Alperovich podría completar un mandato de 12 años seguidos como máximo líder político de Tucumán.
Muchos se preguntan: ¿para qué quiere Alperovich un nuevo periodo al frente del Ejecutivo Provincial?

He aquí unas seis respuestas a esta pregunta:

* Acabar con los problemas de los jubilados:

Es innegable que año tras año disminuye el número de aquellos jubilados enfurecidos por la marginación que de ellos hace el gobierno provincial al no ocuparse de su situación. Ello se debe no a la búsqueda de soluciones que impulsan los funcionarios tucumanos, sino al hecho de que la biología cumple su ciclo. Así se nos van uno a uno los jubilados transferidos, consumidos por su ancianidad y su desesperanza ante un gobierno que los ignora. En los próximos cuatro años –con algo de (mala) suerte– no quedará ningún jubilado más, y Alperovich podrá anotarse el patético triunfo de haber “acabado” no sólo con los problemas monetarios de los jubilados transferidos, sino también con los jubilados mismos... literalmente.

* Enseñarles a los tucumanos a apreciar el valor del dinero:

Desde que Alperovich gobierna (como desde que lo hacen los Kirchner) la ciudadanía atraviesa por una insólita situación –provocada, entre otras cosas, por la proliferación de la industria de los juegos de azar–: enfrentarse a la escasez de monedas. Esas diminutas piezas metálicas se vuelven una cosa inhallable con cada día que pasa. Parecen estar en vías de extinción, por lo que los tucumanos ya empezamos a recordarlas con nostalgia. Si se le da cuatro años más a Alperovich, tal vez las monedas desaparezcan para siempre, pese a que hoy en día los ciudadanos hemos aprendido a valorar cada vez más lo que, en teoría, tiene menos valor que todo.

* Facilitar la radicación de empresas para dar trabajo:

Cuando Alperovich ordenó la cancelación de las subvenciones estatales a la compañía Andes Líneas Aéreas (empresa de transporte aéreo de pasajeros que apareció para generar competencia en el mercado dominado por Aerolíneas Argentinas), los tucumanos llevábamos casi un año otorgándole dinero a una sociedad comercial que prestaba un servicio pésimo, que difícilmente superaría un control de la calidad serio. Quien sabe cuántas nuevas Andes puede llegar a estimular el gobernador Alperovich en cuatro años. Dinero público para malgastar siempre sobra, según parece.

* Producir ganancias a partir del tratamiento de residuos sólidos:

La apertura de un nuevo basural en la zona de Oberá Pozo –resistida por asambleas ambientales tanto de Tucumán como de Santiago del Estero– significa una nueva oportunidad para que el gobierno “proteja la ecología provincial” mientras una empresa privada produce dinero haciéndose cargo del control de la supuesta planta modelo de tratamiento de residuos sólidos urbanos. Para ello, ciertamente, el Estado necesita poner en marcha una serie de costosos programas de infraestructura e inversión tecnológica, que seguramente serán tan efectivos como los de Pacará Pintado. Otros cuatro años le darían la oportunidad a Alperovich de seguir amontonando basura, al mismo tiempo que las concesionarias que manejan los basurales reciban generosas subvenciones mientras son desbordadas por su poca capacidad para evitar el impacto ecológico negativo que generan los residuos no debidamente tratados en Tucumán.

* Contribuir con el crecimiento de los agronegocios:

Siendo José Alperovich un destacado empresario sojero, las industrias rurales han crecido considerablemente durante su gestión. Obviamente no fueron los pequeños y medianos productores quienes se beneficiaron de las políticas impulsadas por el gobierno, porque a Alperovich le gusta pensar en grande. Por ello los grandes mercaderes agrarios, ingenios y citrícolas principalmente, producen cada año más, sin tener que perder tiempo para solucionar los problemas relativos a la contaminación del agua, del aire y de la tierra que ocasionan. Para Alperovich si hay que perseguir a alguien que sea mejor a los cañeros independientes; no vaya a ser cosa que durante cuatro años su pequeña producción y su utilización de la quema como técnica de cosecha (para hacer más rentable su producto y no regalarle así dinero a los ingenios) obstruya al negocio de los poco revolucionarios biocombustibles.

* Inculcar el valor de la paciencia a la población:

Hay quienes dicen que lo mejor que se puede hacer en tiempo de tempestad es permanecer sereno. Alperovich no sólo adhiere a esa filosofía, sino que además la amplía: también es necesaria la pasividad. Desde 2003 el número de beneficiarios de planes sociales ha engordado a ritmo sostenido, al mismo tiempo que la cultura del trabajo ha empezado a colapsar. Es que en el Tucumán actual resulta más fácil recibir asistencia del Estado que conseguir un trabajo digno en una selva laboral dirigida por la precariedad. Por ello buena parte de los sectores populares de la provincia han aprendido a ser pacientes, mientras esperan durante horas –expuestos al calor o al frío en largas colas– para cobrar el subsidio o recibir los bolsones que el gobierno le cambia por votos. Otro gobierno de Alperovich serviría para que los tucumanos más humildes devengan plantas que sólo salen de su vegetatividad para meter una boleta en la urna.

Por la "desvaritización" de la docencia

2010-03-08T10:55:00.000-08:00

La negativa de comenzar el dictado de clases por parte de los docentes autoconvocados de la municipalidad de San Miguel pone en evidencia lo caótico del sistema educativo provincial. El paro implica que cerca de 400 docentes, furiosos por las condiciones laborales a las que se ven sometidos, dejen ociosos a más de 2000 alumnos. Las cifras son lo suficientemente significativas como para evitar que el problema se esconda bajo la alfombra, por lo que se requiere de decisiones políticas sólidas. El intendente Domingo Amaya, sin embargo, no parece encaminarse en esa dirección.

El reclamo es simple: los autoconvocados quieren dejar de ser considerados legalmente agentes técnicos administrativos para pasar a ser reconocidos como docentes, permitiéndoles así el poder gozar de todos los beneficios que el Estado de este país otorga a quienes se desempeñan en la docencia. Por no ser oficialmente tratados como docentes, los educadores municipales no acceden ni al incentivo, ni al básico salarial, ni al régimen jubilatorio, ni al sistema de escalafones, ni a las licencias que si gozan sus pares provinciales.
El arquitecto Francisco Martínez, máximo responsable de la educación municipal, coincide con el intendente Amaya en lo fundamental: negarse a consensuar con los docentes una salida definitiva. Si hay diálogo, es sólo para plantear una solución pasajera.
Un convenio con el Ministerio de Educación provincial permitiría que todo adquiera un mejor orden, pero ni las autoridades municipales ni las provinciales quieren que esto suceda. Por el lado provincial, el problema de fondo es que el Ministerio de Educación de la provincia tiene ya en funcionamiento una estructura saturada, desorganizada y frágil, que no toleraría a los nuevos docentes sin generar un descalabro interno. Por el lado municipal, en cambio, el tema es más bien una cuestión presupuestaria: firmar el convenio con el Ministerio de Educación obligaría a la oficina de Amaya a invertir en el sector educativo y cederles cifras de dinero más grandes que las que reciben anualmente.
En diálogo radial, el justicialista Martínez sostuvo en febrero que “no es justo” que los trabajadores ejerzan su derecho a huelga en el momento de iniciar el ciclo lectivo, y les pidió que en lugar de la radicalidad opten por la mesura, pidan audiencias con funcionarios municipales, y trabajen pasivamente mientras esperan que la burocracia se mueva con sus pies de plomo. Mientras tanto los docentes municipales prefieren ocuparse en darles una valiosa lección a sus alumnos: pelear por sus derechos.

¿Quién se ha llevado mi azúcar?

2010-03-07T10:54:00.000-08:00

El desabastecimiento

Cualquier tucumano puede constatar, el día de hoy, la escasez de azúcar. Es una ironía que en una provincia como la nuestra, cuyo estandarte agrícola ha sido y es el azúcar, este producto no esté al alcance del consumidor.
En los almacenes de barrio la venden a cifras escandalosas, mientras que en lo supermercados la racionalizan. Esta triste realidad es síntoma de la entrada de Tucumán a un escenario complicado: la pérdida de la soberanía alimentaria.
En los últimos años el precio del azúcar viene incrementándose, porque el uso de la caña de azúcar se ha transformado. En Brasil, Australia y Tailandia –los principales exportadores de azúcar del mundo– desde hace unos años que se han comenzado a implementar programas para la fabricación de biocombustibles, esos famosos combustibles que contaminan menos que los de origen fósil pero que son energéticamente deficientes. De ese modo, se prefiere refinar el azúcar para obtener bioetanol en lugar de para obtener azúcar.
Los demás países que dependen de la importación de azúcar para satisfacer la demanda interna (países como Argentina) cuentan ahora con menores cantidades del dulce alimento a la venta. Por ello hay escasez, no sólo en Tucumán, sino en buena parte de Latinoamérica como Bolivia, Guatemala y México, países que también producen cantidades importantes de caña.

El nuevo petróleo

Los aclamados biocombustibles no son más que una excusa que tienen las pandillas económicas multinacionales para producir más ganancias. El asunto no es complicado de entender: puesto que pareciera que en cualquier momento ocurrirá una catástrofe ecológica, producida por la “inconciente” humanidad que a lo largo de su historia ha procurado desplegarse alrededor del mundo sin temor a destruir el medio ambiente, ahora es urgente que en todo el mundo se tomen medidas drásticas (o al menos que aparenten ser drásticas) con el fin de evitar el cataclismo. Tanto las derechas como las izquierdas hacen uso de los argumentos ecologistas, porque el apocalipsis no respeta clases sociales.
Toda esa retórica alarmista tiene efectos positivos (como la mayor concientización en temas ecológicos por parte de la población) pero también negativos (como el oportunismo de los capitalismos más salvajes para encontrar negocios jugosísimos con sólo apropiarse del discurso verde).
El azúcar se va convirtiendo en un nuevo petróleo, como le ha sucedido al maíz en EEUU. Ahora la caña no alimenta hombres sino máquinas. Y algunos tucumanos parecen alegrarse.

Un intento de vivisección del periodismo actual

2010-02-24T08:07:00.000-08:00

Información, periodismo y esfera pública

La popularización de la Internet agiliza el acceso a la información pública. Con un poco de tipeo y unos cuantos clics es posible averiguar por cuenta propia, entre otras cosas, el estado de nuestro trámites ante organismos del Estado, la razón social de una empresa o los requisitos para incorporarse a una institución. Sin embargo hay mucha otra información cuya accesibilidad es aún hoy inalcanzable. Nos referimos no a la información protegida por el secreto, sino a la ocultada o retenida por quienes se pueden ver afectados ante su publicación. Es decir, existen personas –anónimas o reconocidas– y organizaciones –públicas o privadas– cuyas prácticas (incorrectas) afectan o pueden llegar a afectar a terceros, atentando de ese modo contra el bien común, por lo que sus actividades son de interés público, y aún así estas personas y organizaciones se resisten a brindar información vital (con el objetivo de no ser descubiertas ante las infracciones contra las leyes y las violaciones de derechos que comenten).

Es el periodismo el que, históricamente, se ha ocupado de detectar esta información a la que hacemos referencia, con el fin posterior de exponerla públicamente. Esto le ha conferido una influencia mayúscula entre la sociedad. Los Estados modernos se consolidaron gracias a las actividades de la prensa. La prensa, quien ha recibido –no por casualidad– el apodo de “cuarto poder”, ha contribuido a formar, sostener y equilibrar a la esfera pública desde la época de la Independencia Norteamericana. Recabando información (de fácil o difícil acceso) y transmitiéndosela a toda la comunidad, el periodismo ha sido muchas veces un factor determinante tanto del éxito como del fracaso de todo tipo de actividades y emprendimientos.
Ahora bien, sucede –como una realidad penosa pero innegable– que el “cuarto poder” es tan corruptible como los otros tres. Es por eso que su valor cívico, su noble esfuerzo por exponer la información que se oculta o se retiene para ayudar con ello a proteger el bien común, se diluye frente al brillo del oro. En la actualidad, la prensa que contribuyó a formar la esfera pública (promocionando la idea de inclusión y participación ciudadana en los asuntos públicos) es hoy un impedimento contra ella.

Decadencia del periodismo tradicional

El periodismo no nació con la noble tarea de registrar para la posteridad lo que acontece durante el día, como si fuese una suerte de memoria de la humanidad. Por el contrario, el periodismo nació como instrumento para construir poder (acopiando y administrando información) y para defender los intereses de grupos determinados. Con el tiempo emergió la idea de que la labor de los periodistas podía tener un alcance más amplio, y poco a poco su actividad fue organizándose de manera autónoma. De todos modos éstos nunca dejaron de ser instrumentos fabricados para beneficiar a unos y perjudicar a otros, pese a haberse refugiado en la idea de que su labor era “objetiva”, esto es, realizada desde un punto de vista universal y neutro (cosa que se desmantela desde el mismo momento en que se constata que el comunicador subjetiviza a la información a la hora de elegirla y jerarquizarla para su publicación).
En las últimas décadas se asistió a la hipercomercialización de la prensa. Las crecientes presiones para transformar a todas las noticias en objetos de consumo terminó propiciando un giro hacia la espectaculización del periodismo: no sólo la frivolidad desplazó a la profundidad en el debate público (la farándula produce más noticias que los políticos), sino que a su vez contribuyó a la frivolización de lo profundo. La lógica publicitaria, donde todo se hace con fines de lucro, se apoderó desde hace años de los medios masivos de comunicación en general, y de la prensa en particular. De este modo la información devino entretenimiento.
El principal motivo por el que el periodismo está en decadencia, su credibilidad cuestionada y su honestidad puesta bajo sospecha, es la errónea apreciación que hace de la actividad una profesión. Hablando en un sentido estricto, el periodismo no es una profesión sino un mero oficio. Y no lo es porque su sistema de certificación o su código de ética profesional son prácticamente invisibles, lo que permite que un periodista se desplace desde su función originaria hacia nuevas áreas sin nadie que lo cuestione.
En realidad cualquiera puede convertirse en periodista de la noche a la mañana. El conocimiento específico que maneja un periodista, en general, lo posee cualquier ciudadano alfabetizado. Todo lo que se necesita para ser periodista –además de haber sido educado en una cultura letrada como la actual– es aprender unas pocas pautas y convenciones que cualquier lector atento de diarios o cualquier escucha concienzudo de radio conoce a la perfección. El hecho de que exista una carrera universitaria que forma periodistas con el título de “Licenciado” o “Doctor” no significa demasiado: la diferencia esencial entre un periodista formado en una universidad y uno sin esa formación radica en que el primero tiene acceso a una red de contactos que le permiten una veloz inserción laboral, mientras que el segundo –quien sólo depende de su talento y su capacidad de trabajo– tiene que abrirse paso de un modo mucho más dificultoso. El éxito en el campo depende de la cantidad de público que un periodista puede llegar a interesar y de la influencia que ese mismo periodista puede llegar a ejercer sobre aquél.

Periodismo comercial contra periodismo cívico

Frente al consumidor está el ciudadano. Las personas cumplen los dos roles, pero en diversos espacios y en distintas situaciones. En ocasiones una persona pude desenvolverse como ciudadano y consumidor al mismo tiempo, o sólo como ciudadano únicamente, pero jamás debería alguien reducirse o ser reducido a la sola categoría de consumidor. La cultura capitalista, sin embargo, ignora por completo esto último, y para peor lo convierte en su estandarte. Para un capitalista una persona no interesa como miembro irremplazable de una comunidad heterogénea, el cual goza de derechos y carga con obligaciones, sino que lo hace como un mero representante de un nivel socioeconómico que posee necesidades y dinero para satisfacerlas.
La prensa actual, por su forma y su contenido, está más próxima a estructurarse dentro de la lógica capitalista antes que dentro de la ciudadana. La contracara de este fenómeno se halla en el periodismo cívico. Básicamente el periodismo cívico consistiría en un conjunto de periodistas desarrollando su práctica desde un cercano envolvimiento con la comunidad de la que emergen, promoviendo el debate público y reestableciendo sólidos estándares éticos a su oficio.
Los periodistas pagos, generalmente, tienden a sentirse atacados tanto por el poder a quien pueden llegar a balancear como por los ciudadanos a los que supuestamente sirven; si no es por uno es por los otros, o generalmente por ambos al mismo tiempo. En ese sentido es muy normal que un periodista se crea una especie de mandarín que habla un idioma diferente al del resto de la población, alguien que se presenta ante el público a quien da de comer y no desde el público que le da de comer. La actual pelea entre la corporación mediática y la corporación política responde a ese ideal: los gobiernos pasan, los periodistas quedan.
Más de un periodista suele regocijarse por manejar todo tipo de información y por no tener una responsabilidad sobre dicha información. De esa manera un periodista puede colocarse al lado del poder oficial, y mantener al mismo tiempo una distancia crucial que le permitirá seguir ocupando su puesto cuando el gobierno se renueve. Durante las raras veces en las que un periodista no está comprado para hablar a favor o en contra de alguien, generalmente se contenta con oficiar de estenógrafo, y presentar las discusiones como un enfrentamiento entre un futuro ganador y un futuro perdedor.
Frente al hegemónico periodismo comercial es posible otro periodismo. Sólo hace falta un cambio de mentalidad. Si el periodista comienza a considerarse parte del público, y comienza a tomar su trabajo no como un producto para la gente sino como una propuesta desde la comunidad, entonces se puede ir mucho más allá de los debates presentados como un enfrentamiento entre perdedores y ganadores, y avanzar con ello sobre la idea de que un debate público es una actividad seria, en la que se construirá consenso solamente si todos aceptan ceder en algún punto de sus posiciones.

La mecánica de la frivolidad

El periodista pago suele convencerse de que su oficio está en declive no por su propia labor sino porque el público se ha vuelto más ignorante. Razona de la siguiente manera: como vive de su labor, entonces tiene que lograr que ésta sea rentable; la gente compra sexo, violencia y escándalos; ergo para que la labor periodística sea rentable es necesario ofrecer sexo, violencia y escándalos. Encontrar sexo y violencia no es algo demasiado complicado, pero no sucede lo mismo con los escándalos. Para hallar escándalos hace falta investigar, y eso es algo a lo que los periodistas no están acostumbrados.
En efecto, cuando un diario o un programa de televisión presentan información que sacude a la opinión pública, ésta fue conseguida –en casi todos los casos– porque alguien que sale beneficiado del escándalo se las ofreció, y con lujo de detalles en la mayoría de las veces.
Ahora bien, todo mercader de la noticia sabe que los escándalos venden, sin embargo la mayor parte de estos provienen de los organismos públicos. Pero, como el principal sustento de la prensa proviene del tesoro público entregado en condición de “pauta publicitaria oficial”, para conservar dicha fuente de ingreso los periodistas omiten exponer lo escandaloso que proviene de la esfera pública, y por ello apelan a la vida privada de los personajes de la farándula o del deporte para desviar la atención y conseguir una fuente renovable de escándalos vendibles.
Contra esa mecánica de la frivolidad que impulsa la prensa tradicional surge la posibilidad de trabajar en periodismo con conciencia cívica. En este sentido la voluntad sobra pero los medios materiales escasean. De cualquier modo el recurso de la Internet es ya bastante útil para aglutinar a esas voluntades y proveerles un canal de comunicación con considerable efectividad.

Algunos ejemplos de periodismo no-comercial

La Internet, además de facilitarnos el acceso a información ya circulante, nos permite poner a circular información que nosotros mismos producimos. Utilizando medios como Facebook o Twitter, o simplemente a través del correo electrónico, todos los internautas pueden informarle a –literalmente– todo el mundo sobre sus actividades cotidianas.
Esta posibilidad de que cualquiera pueda comunicar lo que sabe de un modo inmediato y para una cantidad importante de receptores ha adquirido –en muchas ocasiones– un valor ciudadano. La prensa comercial ha intentado canalizar toda esta energía con el propósito de domesticarla, para trivializar su potencial. De esa manera hoy es posible registrar un video o una foto cuando uno es testigo de un hecho anoticiable y conseguir que ese material se difunda velozmente a través de medios masivos. Así los canales de televisión o los diarios pueden demostrar que ellos están “junto al pueblo”. Sin embargo esta es una forma banal de interpretar un fenómeno complejo como el periodismo ciudadano, pues aquí toda su fuerza queda convertida en una faceta adicional y ornamental de los temas importantes. El periodismo ciudadano no tiene que aliarse con el periodismo comercial –de quien terminará siendo un esclavo– sino con el periodismo cívico. (Aunque, en rigor, ni siquiera con ellos debería aliarse, porque el “periodista cívico” no puede desprenderse tan fácilmente de su piel de “periodista”, lo que automáticamente lo convierte en un sujeto sospechoso.)
Para comparar experiencias efectivas de periodismo cívico y de periodismo ciudadano hay que recurrir a ejemplos internacionales. En EEUU, más precisamente en el área de la bahía de San Francisco, opera el sitio spot.us. Éste funciona como modelo de “periodismo cívico”: se propone una serie de temas para ser abordados, por votación abierta de todos los usuarios del sitio se define cuales son los más urgentes, y luego los mismos usuarios financian con sus donativos a los periodistas para que éstos puedan investigar durante un tiempo los temas seleccionados y exponer así los resultados. Se lo llama “periodismo bajo demanda”, y es el modo en que los periodistas garantizan una mayor independencia editorial que la de un medio de comunicación comercial, pues de esta manera ellos responden directamente a los intereses de su público y no al de los grupos que aportan dinero para que se hable mucho de ellos o no se hable nada de ellos o se fabriquen cortinas de humo para desviar la atención. De cualquier modo la participación ciudadana nunca asegura la neutralidad (siempre existe la posibilidad de que algún grupo interesado aporte dinero bajo la fachada de usuario común y corriente con el único fin de favorecer otras investigaciones que no lo involucren).
Por otra parte una seria experiencia de “periodismo ciudadano” puede ser ubicada en Corea del Sur. Allí funciona, muy exitosamente, el sitio Ohmy News. Con el aporte de más de treinta mil reporteros-ciudadanos, el sitio Ohmy News aglutina a una pluralidad de opiniones dispuestas a informar, sin ánimos de lucro, sobre lo que saben que afecta a la comunidad (sólo los autores más leídos logran recompensas simbólicas por sus esfuerzos). Así, reportes de conflictos laborales en pymes y pedidos para reparar la vía pública se mezclan con denuncias por corrupción a funcionarios públicos y quejas contra multinacionales por no cumplir con las normas que restringen y regulan sus actividades. Mientras que el sitio spot.us publica un promedio de 40 reportajes informativos por año, el sitio Ohmy News publica ese mismo número de notas cada 8 horas: es el tradicional combate entre la calidad y la cantidad. En el sitio coreano, al igual que en su par norteamericano, trabaja un equipo de profesionales que limita, ordena, corrige y chequea la información transmitida, con el fin de no darle lugar a los calumniadores.
Lo cierto es que sitios como Ohmy News y spot.us son exitosos porque se adaptan a las exigencias de sus usuarios. Ambos espacios, generados a partir de la interacción entre lectores y productores gracias al vínculo de la Internet que media entre ellos, van más allá de los (en su mayoría burdos) proyectos de “contra-información”, pues no apuntan meramente a reconfigurar la tarea periodística sino que su principal preocupación es la de construir una nueva idea de ciudadanía, más y mejormente integrada a la sociedad del conocimiento. El uso de la información que esos sitios plantean no es esa fantochada capitalista de los “prosumidores” (mezcla de consumidores y productores), sino que promueven la idea de que dicha información puede ser transformada en un saber que sea útil y funcional a la vida cotidiana. Por ello este tipo de sitios no debería ni competir ni reemplazar a los de periodismo comercial: que unos se ocupen de describir asesinatos y violaciones, de llenar horas con comentarios sobre los penales errados por Ñuñorco, o de avisar del último aborto de Male Mirra, mientras que los otros deberían acaparar los otros asuntos de interés público.

La información y la política

Hasta ahora el grueso de las experiencias de periodismo cívico, y especialmente las de periodismo ciudadano independiente, han respondido a diversos intereses políticos. Es decir, la intención (si no el financiamiento) de sitios de este tipo responden a una estrategia política más amplia.
Así, por ejemplo, hace no mucho apareció y desapareció el sitio Grito Argentino. Este sitio fue uno de los tantos proyectos sostenidos con aportes de fundaciones y organismos ligados al oficialismo nacional. Javier Noguera y todos los cerebros de la blogósfera kirchnerista auspiciaron el proyecto, con la intención de descentralizar las fuentes y desbaratar el monopolio comunicacional de las grandes empresas periodísticas. Sin embargo Grito Argentino se silenció muy rápido (como su par Argentina para todos). La razón es más que simple: puesto que el periodismo ciudadano es comunicación política, entonces no conviene que el propio oficialismo promocione algo que puede perjudicarlo (es fácil denunciar irregularidades en la esfera privada, pero cuando llega el momento de hacerlo en la pública, entonces el poder de turno tiene razones para temblar; pero si ello no ocurre, vale decir si todo lo presentado en torno a la esfera pública es mostrado como algo maravilloso, cuyo funcionamiento es impoluto, entonces se pasa del periodismo ciudadano a la propaganda o, en este caso, a la parodia).
Por otro lado en Tucumán se intentó gestar un proyecto similar pero más orientado hacia el costado profesional, es decir se buscó crear un foro de periodismo cívico abierto a la participación ciudadana. Nos referimos a Espejo de Tucumán, una web de marcada opinión crítica hacia el gobierno (provincial y nacional) que nunca consiguió arrancar con paso firme, y hoy naufraga en los márgenes de la opinión pública de la provincia. Quizás el fracaso del sitio se debió a que detrás del mismo no hubo un consolidado equipo de periodistas dispuestos a salirse de la órbita comercial para entrar en la cívica, que hubiesen aportado su experiencia y sus contactos para conseguir mayor difusión. Sin embargo el mayor problema fue, como es de esperarse, la falta de financiación. Sin recursos resulta complejo construir una experiencia exitosa de periodismo cívico.
De cualquier modo el problema de la comunicación política es que se confunda con propaganda partidaria. Dicho de otro modo, no es malo que los comunicadores asuman un compromiso político, pero es terrible cuando se confunde a la Política con su praxis corrupta, a la responsabilidad política con la politiquería, a la apertura al debate público con la militancia rentada.

Las voces del pueblo

Técnicamente cuando alguien se aferra a una única causa y hace todo lo posible para difundirla ya no está dentro de los límites del periodismo. Sin embargo en una época como la nuestra, esos esfuerzos por comunicar abiertamente las problemáticas que nos afectan no deben ser subestimados, sino todo lo contrario. Las asociaciones voluntarias, celebradas ya en el siglo XIX como un fenómeno auténticamente democrático por un autor como Tocqueville, deben asegurar su capacidad para ejercer influencia –a través de argumentos– sobre el proceso de formación de la opinión y la voluntad pública.
En Tucumán hay ejemplos recientes de esto: cuando estalló el conflicto salarial del personal de la salud alguien abrió un blog para reportar las novedades acerca del asunto. Si bien la mayor parte de la información presentada en ese sitio fue recogida de la prensa tradicional, también hubo otros textos (circulares, proclamas, testimonios, etc) que llegaron a todos los lectores interesados en el tema. Se buscaba presentar los problemas por los que el sector atraviesa, y explicar por qué sus reclamos no deben ser ignorados ni por los funcionarios ni por la comunidad.
Los vecinos de Alberdi o Lomas de Tafí podrían seguir este ejemplo y, así como se organizan para elevar reclamos ante las autoridades, podrían también comunicar públicamente el estado de su situación frente a sus respectivas problemáticas valiéndose de las amplias posibilidades comunicacionales de la Internet; de ese modo ya no dependerían exclusivamente de la voluntad de una prensa (gráfica, radial, televisiva o digital) que siempre está dispuesta a perder su interés ante la oferta de una cifra adecuada por alguien interesado o ante el surgimiento de informaciones de mayor popularidad y, por tanto, de mayor rentabilidad.
La Internet proporciona hoy por hoy la facultad de generar un espacio de comunicación ciudadana que no responda a otros intereses más que a los de los propios ciudadanos. Desde allí es posible que todos los sectores participen –o al menos tenga acceso a la participación– de los procesos de formación de la opinión pública. Por tanto organismos estatales (como la SIDETEC) deberían pautar sus acciones de inclusión digital en direcciones como estas, y dejar de gastar el dinero de todos en paparruchadas.

La comunicación intraprovincial

La consultora Brand Connection emitió recientemente un informe en el que trata de registrar la cantidad de informativos digitales producidos en el país. Sus resultados arrojan la cifra de 350 sitios que se ajustan a esa categoría, de los cuales el 50% son versiones on-line de diarios que circulan en papel y el otro 50% son experiencias de periodismo puramente en Internet. Nosotros creemos que el número parece pequeño, puesto que en Tucumán tres de los cuatros diarios tienen su versión on-line, mientras que al menos hemos identificado unos diez sitios que pertenecen al segundo grupo.
El informe de Brand Connection también aclara que alrededor del 90% de ese grupo de experiencias de periodismo puramente en Internet se concentra en las provincias. Ello se explica porque en las provincias las corporaciones periodísticas son más pequeñas y por tanto menos abiertas a la autocrítica.
Como el costo de llevar adelante una publicación en papel es muy alto si no se cuenta con un fuerte respaldo económico, en las provincias casi nadie se suele arriesgar a la hora de invertir en esta actividad. Un sitio en Internet, sin embargo, posibilita ofrecer lo mismo que un diario en papel y con un costo de mantenimiento mucho más bajo. Entonces sucede que mucha gente invierte cifras pequeñas para abrir y mantener un sitio web, y –gracias a sus contactos– se las arreglan para que oficinas públicas les paguen mensualmente una determinada cantidad del dinero de todos en calidad de “publicidad oficial”. En algunos casos es evidente que el sitio se creó sólo para conseguir la pauta publicitaria, convirtiendo a la comunicación informativa en una actividad secundaria y lateral.
Esto, por supuesto, atenta contra la actividad periodística, y trivializa el poder de los medios de comunicación digitales. La dinámica de estos sitios es vergonzosa porque consiste en un mero copypaste. Empresas como Google –a través de servicios como Google News– operan del mismo modo, empleando un robot que indexa contenido y lo presenta en la web. De ese modo los periodistas copypasters no son muy distintos de los robots de Google. Los lectores de informativos digitales suelen empalagarse de redundancia, pues tras leer la información generada en los diarios (y publicada en las versiones on-line), tras haber visto la televisión o escuchado la radio que repite y agrega algunas cosas a la información que circula en los diarios, se topa con estos sitios que no tienen nada nuevo para decir.
En esta instancia hay que distinguir las diversas formas mediante las que la información es presentada en los diarios y en otros medios de comunicación. En este aspecto existe la información novedosa urgente y la diferida: la diferencia entre ambas radica en que la primera debe ser comunicada antes de caducar, mientras que la segunda no enfrenta la obsolescencia de modo inmediato. Hoy por hoy son los diarios los que producen este tipo de información (en rigor no son los diarios en si, sino sus fuentes –gobiernos y grupos de interés privados mayormente– que las entregan a diarios y agencias de noticias, como también, aunque en menor medida, a otros medios masivos de comunicación). Estos fijan la agenda de discusión pública. Los informativos digitales van siempre detrás de ellos; para constatarlo basta comparar el horario en que una noticia es publicada en un diario –en su versión de papel u on-line– y el horario en que lo hace en uno de estos informativos digitales sin correlatos en otro soporte.
Los blogueros cumplen la tarea de los columnistas en los diarios tradicionales, es decir son gente que recoge, analiza e interpreta desde un determinado punto de vista la información que circula en el momento con la etiqueta de novedosa (urgente y diferida). Los informativos digitales ni siquiera hacen eso.
En Corrientes unos periodistas organizaron un sitio llamado “Corrientes Opina”, en el cual un grupo de voceros de diversos sectores sociales publican sus opiniones. El sitio cuenta con publicidad oficial. En Tucumán, donde ni la inteligencia ni la opinión escasea, a ninguno de nuestros periodistas se les ocurrió hacer algo similar. Ello sería demasiado trabajo. Más fácil es cortar y pegar noticias de diarios, publicar alguna gacetilla de una municipalidad, y pasar a cobrar dinero público todos los meses por haber conseguido los auspicios de organismos del Estado. Y si se somete a esos sitios a estudios de calidad periodística (para medir la relevancia de la información comunicada) o si se calcula el nivel de optimismo que estos cultivan se verá que la Internet en Tucumán no contribuye en nada para mejorar la formación de opinión pública, consolidar ciudadanía ni desarrollar actores aptos para la sociedad del conocimiento.