viernes 6 de agosto de 2010

Sin PRI, sin prisa y sin prisión




Una vez más, lamentablemente, cientos de peces aparecieron flotando muertos en  la desembocadura del río Salí, en la vecina provincia de Santiago del Estero. Esta tragedia se produce prácticamente mes a mes desde hace varios años. En 2005 muchos vecinos de la ciudad de Termas de Río Hondo se reunieron a orillas del dique El Frontal y, sentándose ordenadamente, formaron un SOS gigantesco que se pudo apreciar desde el cielo. Hartos de la destrucción ambiental, esos ciudadanos argentinos decidieron unirse para reclamar que se garantice el derecho de las generaciones futuras a gozar de un ambiente sano.
¿Qué se ha hecho desde entonces frente a ese pedido? Pues, prácticamente, muy poco.


Crónica de la irresponsabilidad ambiental

Todos saben que, además de La Alumbrera desde Catamarca, son las industrias que operan en Tucumán las que maltratan a la cuenca Salí-Dulce. Tanto los ingenios como las citrícolas (aunque también los frigoríficos, las papeleras y las textiles) vierten deshechos industriales sobre ríos cercanos que los arrastran hasta Santiago del Estero, y a veces llegan hasta Córdoba. La situación no es nueva, la contaminación de los cauces fluviales por parte de las industrias tucumanas ocurre desde hace décadas. En el año 2002 la provincia impulsó el Plan de Producción Limpia, que invitaba a todas las industrias existentes en el suelo tucumano a tomar medidas para minimizar el daño ambiental que causan. Dicho plan, por supuesto, no fue más que una inútil pantomima.
En el año 2006 una abogada ambientalista llamada Romina Picolotti asumió el cargo de Secretaria de Medio Ambiente de la Nación. Aquel año fue bastante agitado en asuntos ambientales para Argentina, pues el conflicto por la instalación de la papelera Botnia estuvo en su ápice. Consiguientemente el gobierno kirchnerista se vio obligado a improvisar un perfil ecologista para que sus planteamientos en el extranjero tuvieran algún tipo de peso. Fue así como en octubre de aquel año Picolotti, enviada por el entonces presidente Néstor Kirchner, sentó en una misma mesa a José Alperovich (gobernador de Tucumán) y a Gerardo Zamora (gobernador de Santiago del Estero) y les pidió a ambos comprometerse para desarrollar una acción conjunta, ya que el impresentable gobernador santiagueño, con su particular estilo, utilizaba el enfrentamiento contra Tucumán como una bandera proselitista, mientras que nuestro no menos impresentable gobernador miraba hacia otro lado. Se estableció de ese modo el Acuerdo Marco para la Reconversión Industrial que le demandaba a Santiago del Estero construir una faraónica planta de tratamiento de efluentes cloacales, y le solicitaba a Tucumán que el Plan de Producción Limpia fuese auditado para ajustarse a normas internacionales (ya que los estándares de dicho plan los maquinaba el SIPROSA, institución que flexibilizaba las exigencias cada vez que se lo pedían). Picolotti estimaba que, una vez cumplidas con ambas exigencias, en unos seis meses se podía sanear la cuenca Salí-Dulce.
Al constatar la poca seriedad en materia de protección ambiental que impera en Tucumán, en diciembre de 2006 Romina Picolotti visitó la provincia. Dijo, en aquella oportunidad, que había que empezar a tomar medidas reales, e hizo un juego de palabras con el nombre “Salí”, diciendo que quienes debían salir de la provincia eran “los que están agrediendo, polucionando, modificando la composición del agua y la existencia de los ribereños.” Se estableció la necesidad de adoptar el Programa de Reconversión Industrial (PRI). Picolotti pretendía algo que parece poco probable según los usos y costumbres actuales: que las empresas sacrifiquen ganancias para pensar en el bienestar de miles de personas, que la lógica de la Salud se imponga frente a la del Dinero.
Sin embargo, durante 2007, Picolotti comenzó a ser acusada de malversación de fondos, igual que la ministra de Economía Felisa Miceli, con quien planeaba lanzar en su momento “una línea de créditos a tasas subsidiadas a las empresas que hayan adoptado Producción Limpia.”

Farsas peligrosas

Una vez que Romina Picolotti fue jaqueada, los industriales tucumanos respiraron aliviados, pues sabían que sus días estaban contados. Durante el periodo de endurecimiento de las políticas ambientales vivido en el primer semestre de 2007, la única víctima fue el Ingenio San Juan, que fue clausurado por un breve tiempo como parte de un escarmiento que el gobernador Alperovich ejecutó contra los dueños de la empresa (que en ese entonces eran cercanos a Fernando Juri y que, desde el diario El Siglo que poseen, habían sido muy críticos contra el principal mandatario de la provincia).
En octubre de 2007, a días de las presidenciales de ese año, se anunció que se haría una multimillonaria inversión para desarrollar el PRI. Se fijó un plazo de 24 meses para la erradicación del arrojo de vinaza y cachaza en la maltratada cuenca Salí-Dulce, que actualmente tiene el triste y vergonzoso record de ser la segunda cuenca más contaminada en el país, detrás de la caótica cuenca La Matanza-Riachuelo.
Ya han pasado más de 24 meses, y aún la práctica del arrojo de vinaza sigue tan vigente como siempre. Mejor dicho, este año las cantidades de vinaza se han incrementado, gracias a que se puso en marcha la fabricación de ese dulce mito y de esa amarga realidad que son los biocombustibles.
El diario El Siglo embistió contra el Ingenio La Florida, al que lo acusó de estar pervirtiendo las aguas de los canales cercanos, atentando especialmente contra el bienestar de los habitantes de la localidad de Las Cejas. Además, en el diario señalan que la empresa que encabeza Jorge Rocchia Ferro montó tanques para el acopio del bioetanol que fabrica que estarían ubicados en un área que puede llegar a ser un peligro mortal para la gente de la zona.
Como se ve, el PRI es una farsa –muy similar al extinto Plan de Producción Limpia– que sólo construye catedrales de palabras al mismo tiempo que arrasa con el futuro de muchos. La destrucción del ambiente en Tucumán se realiza impunemente, sin reconversión industrial y sin prisión para los responsables.

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