Inseguridad en Tucumán
La inseguridad en nuestra provincia es un fenómeno muy real. Día a día muchos tucumanos son víctimas de los delincuentes que utilizan diversas metodologías (algunas con mayor violencia que otras) para apropiarse de lo ajeno. Según una encuesta realizada a 950 lectores deLa Gaceta Online , el robo con violencia en la vía pública es el delito más común en territorio provincial, seguido del hurto de objetos personales y el robo en viviendas. Quienes poseen vehículos, además, deben andar doblemente atentos, pues en Tucumán es bastante alto el número de sustracciones de objetos ubicados en el interior de los vehículos y el vandalismo sobre los mismos. Por una cuestión de cantidades, también se puede afirmar que son más comunes los robos de motos, ciclomotores y bicicletas que los robos de autos, camionetas y camiones.
De todos modos lo que vuelve a la situación más preocupante es la cantidad de víctimas de estafas y de actos de corrupción. Con respecto a los delitos contra transeúntes, vehículos o viviendas siempre se puede sospechar de que las autoridades hayan “liberado zonas” para permitirles a los delincuentes actuar impunemente, pero cuando hay estafas o casos de corrupción uno constata que el Estado está haciendo poco para garantizar la seguridad de sus ciudadanos o que directamente lo está haciendo mal.
Hay todo tipo de estafas. Nuestro Código Penal, por ejemplo, tipifica y sanciona el delito de “usura”, y sin embargo por todo Tucumán pululan las famosas “financieras” que ejecutan prácticas usurarias de manera impune. Muchas de ellas cuentan con “protección” de la policía. Ello representa un inobjetable acto de corrupción policial, un mal que está muy arraigado entre las fuerzas de seguridad de la provincia.
Los hijos del “Malevo”
En Tucumán la policía puede ser corrupta pues la manera de ejercer su autoridad les otorga bastante impunidad, ya que el control ciudadano de la fuerza es inexistente. En efecto, si algo caracteriza a la policía de este país, y más a la de esta provincia, son sus –llamémoslos– “modales fuertes”. Muchos policías, a partir de la asimilación de dichos modales, desarrollan con el tiempo hábitos de conductas autoritarios que aplican cotidianamente mientras se desempeñan en sus puestos de trabajo. De allí que el abuso de autoridad sea una constante en muchos miembros de la fuerza del orden, especialmente cuando se dirigen hacia los jóvenes. Y al instalarse en ellos esa práctica en la que la policía no tiene techo en sus acciones, entonces la idea de que pueden obrar impunemente se va volviendo más real, allanándosele el camino para el ejercicio de la corrupción (aunque, en honor a la verdad, también hay que señalar que un buen número de policías corruptos no necesariamente abusan de su autoridad, pero si la mayoría de los que efectivamente lo hacen son bastante propensos a corromperse).
Un ejemplo muy nítido de este tipo de policía es el infame Mario Oscar “El Malevo” Ferreyra. Ferreyra, por su mano dura, ganó la simpatía de muchos tucumanos, pero fue principalmente de quienes no fueron víctimas suyas. Ferreyra no sólo fue violento contra delincuentes, también lo fue contra mucha gente que jamás cometió crimen alguno. Y lo era porque se creía impune, conocía perfectamente cuál es el límite entre lo legal y lo ilegal y procuró siempre delinquir de manera tal que sus actos quedasen ocultos o encubiertos o silenciados.
Cada tanto nos enteramos de puebladas en contra de la policía de Tucumán, especialmente en el sur de la provinicia, donde la cantidad mensual de delitos es preocupante. En enero, por ejemplo, muchos vecinos de Ciudad Alberdi se organizaron para repudiar la ineptitud con la que la policía de esa ciudad suele obrar, y para exigir que la fuerza responda primero a las necesidades de la ciudadanía y no a las propias. En junio, la gente de Ranchillos enfrentó a un comisario digno discípulo del Malevo. Y en Monteros pasó algo similar que consiguió ser, de algún modo, atemperado por el intendente Olea.
Estos eventos son expresiones de descontento que dejan en claro que, para los tucumanos, la policía tiene que estar para hacer de los espacios públicos un lugar seguro y habitable, y no para colaborar con el delito –ya sea a través de la omisión o a través de la connivencia en su accionar.
Del lado de (afuera de) la ley
Durante buena parte de 2007 muchos vecinos de la localidad de El Manantial vivieron con terror a ser asaltados por una banda de delincuentes que azotaba la zona. Conocidos como “la banda de los encapuchados”, estos malvivientes acostumbraban a moverse en traffics, ingresar por la fuerza y sorpresivamente en las casas, tomar de rehenes a los moradores, y llevarse todo aquello de valor que estuviese a su alcance. Nunca se atrapó a ningún miembro de esa banda. En su momento se sospechó que había miembros de la policía provincial involucrados en las maniobras del grupo, pero todas las investigaciones en esa línea quedaron truncas.
Si se consulta la sección de “policiales” de los diarios del país salta a la luz un hecho llamativo: muchos delincuentes que son atrapados tras cometer algún delito resultan estar domiciliados en otras provincias. Los ladrones tucumanos aparecen en gran número en Santiago del Estero y Salta, pero también en Santa Fe, Córdoba o Buenos Aires. Es poco probable que esa gente obre por cuenta propia. Si delinquen es porque son contratados para ello. Y entre quienes contratan es posible hallar no sólo a otros delincuentes de carrera, sino también a otro tipo de gente, como policías, gente de seguridad privada e, incluso, agentes de inteligencia del Estado.
También hay casos en los que los propios policías se incorporan a este programa informal de intercambio de delincuentes y operan en otras provincias, donde –dada su estadía efímera– son más difícil de rastrear por los investigadores.
Un problema grave es que una vez que los criminales son capturados, su carrera delictiva continúa desde los penales, ya que muchos guardiacárceles les dan “pases” temporales a los reos para realizar robos y luego retornar al abrigo de la prisión.
Y detrás del asunto de la droga –algo que se ha vuelto un verdadero flagelo en Tucumán– no faltan policías corruptos que, involucrados en cadenas más amplias que incluyen a miembros de la familia judicial, de la corporación política, y a prohombres de la sociedad civil, desarrollan ese negocio que sólo sirve para pauperizar la calidad de vida de quienes se vuelven víctimas.
La inseguridad en nuestra provincia es un fenómeno muy real. Día a día muchos tucumanos son víctimas de los delincuentes que utilizan diversas metodologías (algunas con mayor violencia que otras) para apropiarse de lo ajeno. Según una encuesta realizada a 950 lectores de
De todos modos lo que vuelve a la situación más preocupante es la cantidad de víctimas de estafas y de actos de corrupción. Con respecto a los delitos contra transeúntes, vehículos o viviendas siempre se puede sospechar de que las autoridades hayan “liberado zonas” para permitirles a los delincuentes actuar impunemente, pero cuando hay estafas o casos de corrupción uno constata que el Estado está haciendo poco para garantizar la seguridad de sus ciudadanos o que directamente lo está haciendo mal.
Hay todo tipo de estafas. Nuestro Código Penal, por ejemplo, tipifica y sanciona el delito de “usura”, y sin embargo por todo Tucumán pululan las famosas “financieras” que ejecutan prácticas usurarias de manera impune. Muchas de ellas cuentan con “protección” de la policía. Ello representa un inobjetable acto de corrupción policial, un mal que está muy arraigado entre las fuerzas de seguridad de la provincia.
Los hijos del “Malevo”
En Tucumán la policía puede ser corrupta pues la manera de ejercer su autoridad les otorga bastante impunidad, ya que el control ciudadano de la fuerza es inexistente. En efecto, si algo caracteriza a la policía de este país, y más a la de esta provincia, son sus –llamémoslos– “modales fuertes”. Muchos policías, a partir de la asimilación de dichos modales, desarrollan con el tiempo hábitos de conductas autoritarios que aplican cotidianamente mientras se desempeñan en sus puestos de trabajo. De allí que el abuso de autoridad sea una constante en muchos miembros de la fuerza del orden, especialmente cuando se dirigen hacia los jóvenes. Y al instalarse en ellos esa práctica en la que la policía no tiene techo en sus acciones, entonces la idea de que pueden obrar impunemente se va volviendo más real, allanándosele el camino para el ejercicio de la corrupción (aunque, en honor a la verdad, también hay que señalar que un buen número de policías corruptos no necesariamente abusan de su autoridad, pero si la mayoría de los que efectivamente lo hacen son bastante propensos a corromperse).
Cada tanto nos enteramos de puebladas en contra de la policía de Tucumán, especialmente en el sur de la provinicia, donde la cantidad mensual de delitos es preocupante. En enero, por ejemplo, muchos vecinos de Ciudad Alberdi se organizaron para repudiar la ineptitud con la que la policía de esa ciudad suele obrar, y para exigir que la fuerza responda primero a las necesidades de la ciudadanía y no a las propias. En junio, la gente de Ranchillos enfrentó a un comisario digno discípulo del Malevo. Y en Monteros pasó algo similar que consiguió ser, de algún modo, atemperado por el intendente Olea.
Estos eventos son expresiones de descontento que dejan en claro que, para los tucumanos, la policía tiene que estar para hacer de los espacios públicos un lugar seguro y habitable, y no para colaborar con el delito –ya sea a través de la omisión o a través de la connivencia en su accionar.
Del lado de (afuera de) la ley
Durante buena parte de 2007 muchos vecinos de la localidad de El Manantial vivieron con terror a ser asaltados por una banda de delincuentes que azotaba la zona. Conocidos como “la banda de los encapuchados”, estos malvivientes acostumbraban a moverse en traffics, ingresar por la fuerza y sorpresivamente en las casas, tomar de rehenes a los moradores, y llevarse todo aquello de valor que estuviese a su alcance. Nunca se atrapó a ningún miembro de esa banda. En su momento se sospechó que había miembros de la policía provincial involucrados en las maniobras del grupo, pero todas las investigaciones en esa línea quedaron truncas.
Si se consulta la sección de “policiales” de los diarios del país salta a la luz un hecho llamativo: muchos delincuentes que son atrapados tras cometer algún delito resultan estar domiciliados en otras provincias. Los ladrones tucumanos aparecen en gran número en Santiago del Estero y Salta, pero también en Santa Fe, Córdoba o Buenos Aires. Es poco probable que esa gente obre por cuenta propia. Si delinquen es porque son contratados para ello. Y entre quienes contratan es posible hallar no sólo a otros delincuentes de carrera, sino también a otro tipo de gente, como policías, gente de seguridad privada e, incluso, agentes de inteligencia del Estado.
También hay casos en los que los propios policías se incorporan a este programa informal de intercambio de delincuentes y operan en otras provincias, donde –dada su estadía efímera– son más difícil de rastrear por los investigadores.
Un problema grave es que una vez que los criminales son capturados, su carrera delictiva continúa desde los penales, ya que muchos guardiacárceles les dan “pases” temporales a los reos para realizar robos y luego retornar al abrigo de la prisión.
Y detrás del asunto de la droga –algo que se ha vuelto un verdadero flagelo en Tucumán– no faltan policías corruptos que, involucrados en cadenas más amplias que incluyen a miembros de la familia judicial, de la corporación política, y a prohombres de la sociedad civil, desarrollan ese negocio que sólo sirve para pauperizar la calidad de vida de quienes se vuelven víctimas.
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